Se inició la audiencia preliminar y el Ministerio Público ratificó su acusación y pedido de juicio oral y público contra el expresidente de Conajzar José Antonio Ortiz acusado por lesión de confianza por la adjudicación irregular de explotación de juegos de azar y legalización de tragamonedas. La diligencia judicial se llevó a cabo ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
El fiscal Alcides Corbalán fue quien se ratificó en la acusación del Ministerio Público contra Ortiz. Por su parte la defensa del expresidente de la Conajzar solicitó el sobreseimiento provisional.
La audiencia prosigue este jueves, cuando el juez Humberto Otazú decida si José Antonio Ortiz estará sentado o no en el banquillo de los acusados por los mencionados hechos punibles que acusó la Fiscalía.
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Desde el Ministerio Público mencionaron que cuentan con elementos probatorios para sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza. Del mismo modo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El presente caso ya se suspendió en varias oportunidades por recusaciones que se presentaron contra el magistrado Otazú, quien fue confirmado en su momento por el Tribunal de Apelación.
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Fiscalía abre investigación penal contra extitular del IPS
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
- Jaime Caballero
- Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
- Gustavo Alberto González Maffiodo
- Carlos Alberto Pereira Olmedo
- José Emilio Argaña Contreras
- Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
- y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
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Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Conajzar avanza en la lucha contra el juego ilegal
Para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conjazar), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la persecución de las bancas y plataformas de juego ilegal se posiciona como una prioridad de gestión de alta sensibilidad.
En ese marco, la Conajzar impulsó una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Amambay como parte de la estrategia estatal de combate a las apuestas clandestinas. Los operativos civiles y policiales fueron ejecutados por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tras recepcionar denuncias formales sobre la explotación irregular de plataformas de apuestas deportivas y otras modalidades de azar.
El argumento de fondo de las instituciones señala que estas actividades clandestinas no sólo erosionan la recaudación fiscal y generan una competencia desleal contra las empresas concesionarias que operan bajo la economía formal, sino que también actúan como canales para la configuración de delitos conexos, tales como el lavado de activos y el financiamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.
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Comercios no regulados
De acuerdo con las verificaciones preliminares de los interventores, los establecimientos comerciales intervenidos operaban completamente al margen del sistema regulatorio, careciendo de las licencias y autorizaciones obligatorias emitidas por la Conajzar. Durante las incursiones, las fuerzas del orden procedieron a la incautación de un volumen importante de evidencias digitales, equipos informáticos de soporte, dispositivos de telefonía celular y vehículos de uso logístico, elementos que quedaron bajo custodia fiscal para el desarrollo de las pericias correspondientes.
Primeras intervenciones bajo la nueva ley
Las autoridades fiscales indicaron que el operativo conjunto constituye uno de los primeros hitos procedimentales ejecutados bajo el nuevo esquema de articulación interinstitucional establecido en la Ley N.º 7438/25 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta reciente normativa fue estructurada con el propósito de robustecer la cooperación técnica entre los diferentes estamentos de seguridad del Estado, optimizando los canales de denuncia ciudadana y dotando de mayor agilidad a las fiscalizaciones en zonas fronterizas.
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