Fiscalía ratificó que extitular de Conajzar debe enfrentar juicio oral
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Se inició la audiencia preliminar y el Ministerio Público ratificó su acusación y pedido de juicio oral y público contra el expresidente de Conajzar José Antonio Ortiz acusado por lesión de confianza por la adjudicación irregular de explotación de juegos de azar y legalización de tragamonedas. La diligencia judicial se llevó a cabo ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
El fiscal Alcides Corbalán fue quien se ratificó en la acusación del Ministerio Público contra Ortiz. Por su parte la defensa del expresidente de la Conajzar solicitó el sobreseimiento provisional.
La audiencia prosigue este jueves, cuando el juez Humberto Otazú decida si José Antonio Ortiz estará sentado o no en el banquillo de los acusados por los mencionados hechos punibles que acusó la Fiscalía.
Desde el Ministerio Público mencionaron que cuentan con elementos probatorios para sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza. Del mismo modo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El presente caso ya se suspendió en varias oportunidades por recusaciones que se presentaron contra el magistrado Otazú, quien fue confirmado en su momento por el Tribunal de Apelación.
Exgobernador de Central debe cumplir condena de 10 años de cárcel por lesión de confianza.
En la mañana de ayer se presentó de manera voluntaria en el Departamento Judicial el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.
El informe indica que el exjefe departamental se entregó en la oficina de guardia a las 6:45 “para ponerse a disposición de la justicia, siendo recibido por el personal de guardia que constató mediante Base de Datos de la Policía Nacional que efectivamente el mismo cuenta con orden de captura pendiente, por lo que se procedió a su detención, se labró acta de procedimiento y se realizó el procedimiento de rigor”.
Esto se dio tras la orden de captura nacional dispuesta por el juez de Ejecución Carlos Mendoza. En ese marco también se estableció la captura de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de gabinete del exgobernador. Durante el juicio oral que enfrentaron González y los demás procesados, se demostró que mediante el uso de facturas falsas y clonadas justificaron obras fantasmas que provocaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central.
El abogado pasará a desempeñarse nuevamente como miembro de la Conajzar en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Foto: Gentileza
Carlos Liseras vuelve a la Conajzar tras su paso por el Senado
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El abogado Carlos Liseras retorna a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), a través de la emisión del decreto n.° 6.462 que da por terminado el permiso especial sin goce de sueldo que le fuese otorgado desde abril pasado para ocupar una banca en la Cámara de Senadores.
La resolución presidencial detalla que el exdiputado por Central pasará a desempeñarse nuevamente como miembro de la Conajzar en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), encabezado por Óscar Alcides Orué.
Su cargo era ocupado de manera interina por Roxana Carolina del Río Villalba. La salida del dirigente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se concretó tras el retorno del senador Gustavo Leite, el pasado 22 de julio, luego de ejercer por once meses el cargo de embajador paraguayo ante los Estados Unidos.
Liseras inicialmente llegó al Senado el 22 de abril como suplente del exsenador Hernán Rivas. Permaneció en el estamento luego de haber jurado también el pasado 12 de mayo como suplente del exsenador Erico Galeano. Ambos parlamentarios terminaron renunciando a sus bancas debido a procesos judiciales.
El permiso otorgado a Liseras por parte del Ejecutivo se había concretado con base a la disposición del articulo 29 de la Ley n.° 7445/2025 “De la función publica y el servicio civil” que establece la posibilidad de otorgar permisos especiales sin goce de sueldo: “para ejercer cargos electivos y de conducción política, por el periodo que dure el mandato”.
A pedido del fiscal Silvio Corbeta se adelantó el inicio del juicio oral de Miguel Prieto y otros acusados en el caso Tía Chela para el 31 de agosto. FOTO: ARCHIVO
Caso Tía Chela: el 31 de agosto serán juzgados Miguel Prieto y otros
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A pedido del agente fiscal Silvio Corbeta, el tribunal de sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, decidió recalendarizar para el 31 de agosto a las 08:00 el inicio del juicio oral y público para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por lesión de confianza y asociación criminal.
Se trata del caso conocido como “Tía Chela”, el cual investiga un supuesto negociado en la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
La Fiscalía sostiene que, bajo la administración de Prieto, la compra se concretó en abril de 2020 por la vía de la excepción de forma amañada. Esta adjudicación benefició a la empresa Tía Chela S.R.L. y generó un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña, debido a que los insumos presuntamente nunca llegaron a los beneficiarios.
Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social
José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas
Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
Nelson Segovia Acevedo, tesorero
Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA
Del mismo modo, Prieto cuenta con otros procesos penales por lesión de confianza donde también tendrá que responder por los hechos presuntamente irregulares cometidos durante su administración al frente de la comuna esteña.
Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
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La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.