El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.

Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.

Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.

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El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.

De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

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El titular del Legislativo desmintió cualquier injerencia política y atribuyó la situación procesal del jefe municipal a las irregularidades cometidas durante su propia gestión.

• HOY.COM.PY

El presidente del Con­greso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las acusaciones del exinten­dente de Ciudad del Este Miguel Prieto, quien sos­tuvo que la cúpula oficia­lista busca meterlo preso para frenar su candidatura presidencial con miras al 2028.

En charla con la prensa, el titular del Legislativo des­mintió cualquier injerencia política y atribuyó la situa­ción procesal del jefe muni­cipal a las irregularidades cometidas durante su pro­pia gestión.

El legislador colorado rechazó que exista una per­secución encabezada por él o por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y remarcó que las cau­sas abiertas contra el jefe municipal de Alto Paraná responden a acciones judi­ciales promovidas por sus propios exaliados. “El pro­blema de Miguel Prieto no es con Bachi Núñez y menos con Alliana. El problema de Miguel Prieto es que él robó en pandemia y eso está apa­rentemente ya verificado con la Fiscalía”, aseveró el congresista.

Así también, rememoró el reconocimiento público que hizo Prieto en un pro­grama de televisión sobre la contratación de familiares durante su gestión, lo cual es un abierto nepotismo.

“Él es el primer político que reconoció en vivo y en directo que cometió un delito, nepotismo. La ley dice que está inhabilitado por cinco años, pero como es de la oposición, no pasa nada”, recriminó el titular del Senado.

Respecto a las intencio­nes presidenciales del líder esteño, Núñez desestimó que su figura genere preo­cupación dentro del oficia­lismo. Sostuvo que el jefe municipal mantiene un perfil meramente regional y confía en que la estruc­tura del Partido Colorado consolidará su hegemonía en los próximos comicios.

“Yo le temo solo a Dios. No le temo a Abc, no le temo a Natalia Zuccolillo, no le temo a nadie. A mí me encantaría que sea el can­didato”, afirmó Núñez sobre las aspiraciones de Prieto.

La abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Una investigación que llevó adelante la organización social Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad come­tida por el equipo del exinten­dente destituido y hoy pos­tulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.

De acuerdo con los datos reca­bados por esta organización, la abogada Gilda María Por­tillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un sala­rio de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Uno de los datos de denun­cia penal que están prepa­rando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipa­lidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cum­pliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judicia­les abiertas.

Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miem­bros de la Contraloría Ciu­dadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contra­tada como asesora externa de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, con un honora­rio mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría apa­rentemente llevando nin­guna causa que compete al municipio.

Los datos divulgados seña­lan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Ins­frán, y varios otros imputa­dos como ser Francisco Rai­mundo Arrúa Álvarez, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Alex Yamal Samhat Gonzá­lez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Ace­vedo, todos ellos imputados en las diferentes causas judi­ciales vinculados al exjefe comunal destituido.

De acuerdo a informes de varios medios de comuni­cación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciu­dadana, señaló que la mencio­nada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Ins­frán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.

“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus sala­rios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como con­tratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octu­bre”, expresó.

Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superin­tendencia de Justicia. La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del inten­dente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.

Una investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.

De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.

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Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.

Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez; Maggi Elizabeth Fariña Almada; Alex Yamal Samhat González; Higinio Ramon Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.

De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.

“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.

Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia.

La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.

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