La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del fiscal Elvio Aguilera Vázquez, y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), realizaron la destrucción de 916 kilos de marihuana. Del mismo modo participaron del procedimiento funcionarios judiciales.
El procedimiento tuvo lugar en la Laminadora ubicada en el kilómetro 22 de Minga Guazú, en cumplimiento a un mandamiento judicial emitido por el juez Nelson Ojeda, del Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias.
El cargamento de droga, que alcanzó un total de 916 kilogramos, fue incautado durante cinco procedimientos llevados a cabo entre el 31 de mayo y el 2 de junio pasados, en las cercanías del Lago de Itaipú, específicamente en la zona de Hernandarias. Estas intervenciones fueron realizadas por agentes de la Armada Paraguaya, personal de seguridad de la Itaipú Binacional y miembros de la SENAD.
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Es de señalar que durante dichos operativos no se efectuaron detenidos, debido a que se trataba de hallazgos de estupefacientes. La destrucción de las sustancias prohibidas se realizó como anticipo jurisdiccional de pruebas.
A pesar de que no hubo detenidos, igualmente el Ministerio Público sigue realizando varias diligencias investigativas para poder llegar hasta los responsables de los cargamentos de marihuana incautados en varios procedimientos.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Martínez Simón inspecciona juzgados Civil y Comercial, y de la Niñez y la Adolescencia en Asunción
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, sigue realizando su recorrido por los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y los juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital, ubicados en el tercer piso del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento, relevar necesidades operativas e identificar acciones orientadas al fortalecimiento institucional y la modernización del servicio de Justicia.
Durante su tradicional recorrido, el titular de la máxima instancia judicial dialogó con los magistrados, actuarios judiciales y funcionarios de los juzgados visitados sobre la dinámica de trabajo y las principales necesidades vinculadas a recursos humanos, organización de espacios y funcionamiento general de las dependencias.
Posteriormente, señaló que continúan las tareas de reorganización y mejora en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Asimismo, destacó que el Poder Judicial avanza en el proceso de digitalización, reciclaje de documentos y remisión de expedientes al archivo institucional.
“Seguimos con la misma dinámica: enviando expedientes al archivo, verificando el reciclaje de papeles que no forman parte de los expedientes y que siempre se acumulan. Sobre eso vamos a elaborar un informe consolidado de todo lo reciclado y remitido al archivo”, expresó.
El titular de la Corte también subrayó la importancia de generar condiciones adecuadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, atendiendo a la especial sensibilidad de los casos que allí se tramitan.
“Estos relevamientos tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados en general. Sin embargo, en el fuero de Niñez y Adolescencia el tema es todavía más sensible, porque los niños necesitan una atención distinta, una atención que no aumente el estrés que ya tienen por presenciar conflictos. Por eso debemos procurar un ambiente amigable y humano para ellos”, manifestó.
Estas acciones forman parte de la política de supervisión directa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, orientada a acompañar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales e introducir mejoras operativas a partir de la observación in situ.
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