El Ministerio Público realizó las primeras diligencias investigativas para tener más datos sobre la incautación de 257 kilos se marihuana descubiertos en una ambulancia del SEME en Canindeyú.
De forma preventiva el funcionario Valentín Ripol fue separado de su cargo por el actual ministro de salud Julio Borba. Asimismo se solicitó informes a varias dependencias para ir recolectando más datos sobre el hecho registrado en Canundeyú.
Igualmente se pidió informe a la empresa de GPS para determinar la ruta de la ambulancia.
El presente caso está siendo indagado por el fiscal Carlos Cabrera, quien deberá llegar hasta las personas que son dueñas del cargamento.
Antecendentes
En la madrugada del sábado último, la Policía Nacional detuvo a Valentín Ripol Garcete, de 56 años, en la localidad de la Paloma del Espíritu Santo, departamento de Canindeyú. El hombre iba al volante de una ambulancia llena de fardos de marihuana.
El conductor fue detenido cuando conducía una ambulancia del SEME perteneciente al Centro de Salud de la localidad de Brítez Cue. En principio se negó a detener la marcha y remarcó que la ambulancia se dirigía con una persona en estado grave al Hospital de Salto del Guairá.
Tras los procedimientos de verificación y pesajes realizados por los intervinientes, el resultado final arrojó que el total de la hierba transportada era de 257 kilos.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Fiscal general realiza cambios en el Ministerio Público a nivel país
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso una reestructuración dentro del Ministerio Público a nivel país. Uno de los cambios más relevantes es el de la fiscal Soledad Machuca, quien deja la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
En su reemplazo fue designada Nancy Salomón. Machuca pasará a cumplir funciones como responsable de la Unidad Penal de Transición de Asunción en reemplazo de Salomón.
Otro movimiento que genera repercusiones es el traslado del fiscal Jorge Sosa, quien deja Alto Paraná para asumir funciones en Ñeembucú. La reestructuración también alcanza a los fiscales Lorenzo Lezcano y Federico Delfino, quienes pasarán a liderar nuevas unidades especializadas en Delitos Informáticos en Asunción.
La fiscal Nathalia Silva Esteche será reemplazada por el fiscal Silvio Alegre en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero en Asunción; así como la fiscal Rocío González, quien será reemplazada por el fiscal Erico Ávalos como titular en Delitos Ambientales en la sede de Santa Rita.
En Paraguarí, el fiscal Digno Duo Pérez fue asignado para cumplir funciones como titular ante la Unidad Penal de Ejecución Electoral, Transición, Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia.
Los cambios son interpretados como una señal de reacomodamiento interno en áreas estratégicas del Ministerio Público, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la actuación de fiscales en casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
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