El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 26 y 27 de julio la audiencia preliminar para el expresidente de la Conajzar José Antonio Ortiz y otros acusados por lesión de confianza, en el marco de la adjudicación de la explotación de juegos de azar en forma irregular y la legalización de tragamonedas.
El magistrado citó a los procesados luego de que el Tribunal de Apelación resolviera confirmar la competencia de Otazú. En el presente caso se debe analizar si se eleva a un juicio oral y público.
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Los procesados en la presente causa formaban parte del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas y de otros juegos de azar.
Desde la Fiscalía también adelantaron que van a sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar José Ortiz. Sostienen que cuentan con suficientes elementos de prueba para que el presente caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza.
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Conajzar registra en mayo su mayor recaudación del 2026, con casi G. 20.000 millones
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), alcanzó en mayo su mayor nivel de recaudación en lo que va del 2026, al registrar ingresos por G. 19.632 millones, según datos publicados por la institución. La cifra representa un crecimiento de 4,8 %, frente al mismo mes del año pasado.
De acuerdo con el reporte disponible en la página web de la Conajzar, entidad dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), durante mayo se registró una recaudación de G. 19.632.832.434, convirtiéndose en el monto mensual más alto en recaudación del 2026.
El resultado observado superó a los meses anteriores, y marcó un nuevo récord para la institución. En enero, la recaudación alcanzó G. 18.715 millones; en febrero, G. 18.022 millones; en marzo, G. 18.316 millones; y en abril, G. 19.301 millones.
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En el acumulado de enero a mayo, la Conajzar reportó ingresos por G. 96.244.918.093, lo que representa un aumento de 6,3 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando la recaudación acumulada fue de G. 90.480.457.787.
Según el cuadro comparativo de cánones percibidos de la institución, el desempeño de los primeros cinco meses refleja una evolución sostenida de los ingresos durante el presente ejercicio.
Destino de las recaudaciones
Parte de los cánones recaudados son destinados a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), enfocada en programas de asistencia a sectores vulnerables.
Asimismo, los recursos son transferidos periódicamente a gobernaciones y municipios para el financiamiento de proyectos locales, además de beneficiar al Ministerio de Deportes, la DNIT y el Tesoro Nacional.
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Fiscalía abre investigación penal contra extitular del IPS
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
- Jaime Caballero
- Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
- Gustavo Alberto González Maffiodo
- Carlos Alberto Pereira Olmedo
- José Emilio Argaña Contreras
- Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
- y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
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Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Conajzar avanza en la lucha contra el juego ilegal
Para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conjazar), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la persecución de las bancas y plataformas de juego ilegal se posiciona como una prioridad de gestión de alta sensibilidad.
En ese marco, la Conajzar impulsó una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Amambay como parte de la estrategia estatal de combate a las apuestas clandestinas. Los operativos civiles y policiales fueron ejecutados por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tras recepcionar denuncias formales sobre la explotación irregular de plataformas de apuestas deportivas y otras modalidades de azar.
El argumento de fondo de las instituciones señala que estas actividades clandestinas no sólo erosionan la recaudación fiscal y generan una competencia desleal contra las empresas concesionarias que operan bajo la economía formal, sino que también actúan como canales para la configuración de delitos conexos, tales como el lavado de activos y el financiamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.
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Comercios no regulados
De acuerdo con las verificaciones preliminares de los interventores, los establecimientos comerciales intervenidos operaban completamente al margen del sistema regulatorio, careciendo de las licencias y autorizaciones obligatorias emitidas por la Conajzar. Durante las incursiones, las fuerzas del orden procedieron a la incautación de un volumen importante de evidencias digitales, equipos informáticos de soporte, dispositivos de telefonía celular y vehículos de uso logístico, elementos que quedaron bajo custodia fiscal para el desarrollo de las pericias correspondientes.
Primeras intervenciones bajo la nueva ley
Las autoridades fiscales indicaron que el operativo conjunto constituye uno de los primeros hitos procedimentales ejecutados bajo el nuevo esquema de articulación interinstitucional establecido en la Ley N.º 7438/25 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta reciente normativa fue estructurada con el propósito de robustecer la cooperación técnica entre los diferentes estamentos de seguridad del Estado, optimizando los canales de denuncia ciudadana y dotando de mayor agilidad a las fiscalizaciones en zonas fronterizas.
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