El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció hoy miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.

Esta audiencia que se desarrolló hoy debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para preparación una mejor estrategia de defensa.

La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.

Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante, renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por Occrp (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.

Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.

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Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.

En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.

Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.

Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.

La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como “A Ultranza Py”, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Zully Rolón, admitió que ocurrieron filtraciones en el caso A Ultranza Py que habrían evitado la captura de Sebastián Marset en Paraguay. La Nación/Nación Media publica este martes que la gestión abdista tenía informes sobre el uruguayo desde 2019, tolerando que se instalara en el país y fortaleciera su estructura criminal.

“El tema de las filtraciones, de las que se hablaba, en el caso de A Ultranza en especial, nosotros tomamos conocimiento de eso en el 2021 cuando tuvimos el informe de Europol, pero sí en verdad existen (las filtraciones) y eso está en el informe que se remitió al fiscal de la causa, que hubo conversaciones hacia el año 2020 donde nombran a un jefe de la Senad, de un departamento de inteligencia técnica”, dijo la exministra, este martes, en conversación con la 1020 AM.

El 6 de noviembre de 2019, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Senad ya tenía indicios de la conducta delictiva del uruguayo, cuyo primer ingreso a Paraguay fue el 8 de abril de 2018. Entre agosto de 2018 y enero de 2021, la Senad fue dirigida por Arnaldo Giuzzio, hombre de confianza de Abdo.

Rolón asumió el cargo cuando el exsenador pasó a ser ministro del Interior, hasta su destitución en febrero de 2022 por presuntos vínculos con un capo narco brasileño.

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Según la exministra, en noviembre del 2021 la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) toma conocimiento de estas filtraciones cuando ella misma recibe, como máxima autoridad del Senad, el informe de la Europol. Sin embargo, recién se realizó la denuncia luego de haber ejecutado la operación A Ultranza Py, en febrero de 2022.

“Eso se envía a Asuntos Internos y se espera que se operativice A Ultranza para enviar un informe especial sobre este caso al Ministerio Público, como un informe de inteligencia, porque no podíamos poner en riesgo el gran operativo por denunciar una filtración, y el fiscal que recibió ese informe de inteligencia, que es el fiscal a cargo de A Ultranza, remite eso a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y ese caso fue abierto en el 2022 como persona innominada y yo no sé cómo ha de estar el caso”, explicó Rolón.

La extitular de la Senad admitió también que, durante el mandato abdista, los controles sobre el narcotráfico fueron desguarecidos. Inicialmente argumentó que se trabajó más en inteligencia que en controles físicos, como el levantamiento de controles en puertos, la falta de escáneres y la desmantelación de una dirección de investigación.

“Supuestamente en el año 2020 se había cerrado la dirección de investigación aérea, fluvial y terrestre, que era la que supuestamente luchaba contra el crimen organizado en los puestos. Realmente no se cerró ninguna dirección, lo que se hizo fue crear un departamento de investigación en el comercio internacional en el mismo día en que se cierra esa dirección. No fue una eliminación, fue simplemente un cambio administrativo”, fue la justificación de Rolón.

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El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.

“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

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De acuerdo con el acta de impu­tación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res, guaraníes y firmó contra­tos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los con­tratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

“Claramente los miembros del directorio que aprobaron el fideicomiso estaban en conocimiento de esta circunstancia porque varios de ellos pertenecen al comité de cumplimiento, entre ellos Zaldívar, instancia donde se discuten las alertas respecto al cliente, además de la información pública con relación a Nicolás Leoz“, indicó.

El abogado acotó: “El banco Atlas, en el transcurso de los años alrededor de Leoz, defendió los depósitos en efectivo de dólares americanos, que había realizado y, defendiendo el avance del fideicomiso, mintió a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio Público en más de una oportunidad, incluso en el marco de las investigaciones respecto a Leoz, realizó conductas tratando de completar la carpeta de Leoz luego de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2015″.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.