El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, envió el pedido de desafuero del senador Erico Galeano, imputado por supuesto lavado de dinero. El magistrado remitió copias del expediente judicial y un anexo del Tribunal Superior de Justicia Electoral en el marco de esta nueva solicitud realizada a la Cámara Alta.
El Ministerio Público había solicitado el pedido de desafuero de Galeano, debido a que el mismo tiene inmunidad como parlamentario, ya que recientemente juró como senador.
Galeano había sido imputado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Park por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Además, cuenta con pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
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La presentación de este nuevo pedido de desafuero busca preservar la legalidad del proceso y avanzar en las investigaciones sobre los presuntos delitos que son investigados y que actualmente pesan sobre el senador.
Fueros parlamentarios
El pasado 19 de mayo se confirmó la imputación de Galeano, entonces diputado, quien solicitó la pérdida de sus fueros para responder ante la Justicia. El 24 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el pedido de desafuero impulsado por él mismo. Ese mismo día, fue investido a través de una sentencia de la Justicia Electoral como senador electo y volvió a tener fueros.
Ahora, corresponde a la Cámara de Senadores analizar o no este nuevo pedido de desafuero contra Galeano.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
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Caso Erico: senador pide que causas judiciales de Prieto se midan con la “misma vara”
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, sostuvo que las 50 causas judiciales contra el exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ayer martes pasó su primera noche de reclusión en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional.
El parlamentario aguarda que la justicia sea implacable con políticos que enfrentan una extensa lista de denuncias penales con procesos judiciales en curso, haciendo alusión al destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.
“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tienen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente“, afirmó en una conferencia de prensa, este miércoles.
Prieto, quien fue destituido de la jefatura comunal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su campaña presidencial con recorridos y promesas, mientras continúa chicaneando contra el juicio por el caso “Tía Chela” y se encuentra imputado por el caso “Tajy”, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como presuntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.
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“Debemos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por el gobierno abdistas y ciertos medios de comunicación que son sus aliados", indicó Núñez.
La mayoría de las denuncias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.
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