El funcionario del Ministerio Público Karim Ismael Villalba, quien presta servicio en la Fiscalía General del Estado, denunció que fue agredido por haberse encadenado a la camioneta del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Villalba fue nombrado por la anterior fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, pero con la llegada de Rolón se anularon los nombramientos y uno de los afectados fue Karim Villalba. El joven decidió encadenarse al vehículo de Rolón para reclamar que se revea la postura inicial y se mantenga firme la resolución de nombramiento del joven.
Debido a que se anuló su nombramiento, el joven no recibió sus salarios de los meses de febrero y marzo. Desde los esos meses viene solicitando audiencia y la reconsideración correspondiente para mantener la resolución de nombramiento que firmó Sandra Quiñónez.
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El funcionario tomó la determinación de encadenarse debido a la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio Público que se pasan contratando a jueces jubilados y no a darles el apoyo a los jóvenes como el caso de Karim Villalba.
El joven fue esposado por las autoridades policiales y debido a los golpes que recibió tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial para que sea atendido. El padre del joven comentó que su hijo hace 4 años que está trabajando en el Ministerio Público y lamentó que tenga que sufrir la agresión de los guardias del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
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Titular de la Conmebol urge a la Fiscalía avanzar en investigación por lavado en el caso Atlas
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de las investigaciones del banco Atlas por lavado de dinero.
“Visitamos al fiscal general del Estado de la República del Paraguay, en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el banco Atlas S. A. que constituirían hechos punibles de lavado de dinero”, expresó Domínguez en su red social X.
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El titular de la Conmebol urgió al Ministerio Público seguir con las investigaciones en torno a los hechos punibles denunciados en su momento, buscando la aplicación de la ley en el conocido caso. “Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la Conmebol, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años”, manifestó.
Afirmó que desde la confederación seguirán con el pedido de justicia en este caso. “Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano”, sentenció. El pasado 11 de marzo de este año, la Conmebol ya solicitó el urgimiento ante el Ministerio Público del avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada tras seis años de haber sido presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, sin embargo, no hubo avances.
Antecedentes
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos Ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, en su artículo 4.° sanción penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Denuncian agresión en Academil, ministro promete duras sanciones
En una conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió acerca de una agresión registrada en la Academia Militar. La víctima sería Ángel González, un cadete de segundo año, y el secretario de Estado aseguró que el hecho no quedará impune.
“Repudiamos este tipo de actitud en cualquier cuartel, en este caso la Academia Militar. Estamos tomando todas las medidas necesarias para castigar severamente al responsable de este hecho, que consiste en la agresión a un cadete de segundo año”, puntualizó el ministro.
El hecho fue presuntamente ejecutado por otro cadete de cuarto curso, aunque aún no se ha determinado la identidad del responsable. La víctima fue intervenida en el Hospital Militar y el ministro aseguró que actualmente ya se encuentra en buen estado de salud, tras una evolución favorable.
“Ponemos la cara por las Fuerzas Armadas, ya que despreciamos este tipo de hechos. Si bien el cadete no ha denunciado la agresión sufrida, nosotros iniciaremos una investigación y no quedaremos sin efectivizar una acción en consecuencia”, puntualizó González.
González aseguró que el juez y el fiscal militar contarán con todo el apoyo necesario para hacer justicia sobre el caso. Adelantó que el cadete de cuarto año se expondría a una pena privativa de libertad, además de la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.
“La justicia militar ya está interviniendo en el caso. Esto constituye una preocupación para nosotros, así como también una frustración porque estamos haciendo charlas y seminarios acerca de la nula tolerancia sobre arbitrariedades y hechos de violencia en las instituciones”, subrayó.
González indicó que se analizará el nivel de responsabilidad del director de la Academia Militar. Por otra parte, garantizó que las acciones por erradicar este tipo de hechos seguirán, remarcando además que el espíritu de las Fuerzas Armadas no se vinculan con la violencia por parte de los superiores.
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Allanan mansión de exjefe de Gabinete de la comuna asuncena
Agentes del Ministerio Público y del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional allanaron a tempranas horas de este lunes la residencia de Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento y lavado de dinero. El procedimiento se realizó en la ciudad de San Lorenzo y según los investigadores el inmueble valuado en unos G. 1.500 millones será puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
“Estamos en pleno proceso buscando los elementos de convicción correspondiente en este momento. Los indiciados en estos momentos se encontraban en la vivienda, fueron ellos los que nos recibieron y estamos buscando los elementos, documentos que son de interés en la investigación”, señaló el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
Aclaró que hasta el momento Cáceres y su pareja no tiene orden de captura, aunque sí están imputados en la causa y el proceso judicial sigue su curso correspondiente.
El policía dio detalles de la mansión que prácticamente abarca toda una cuadra. “Son cuatro terrenos de calle a calle con una construcción aproximadamente de 1.500 millones de guaraníes, según los documentos que nos están dando. Entonces, estamos en ese proceso de ver todo lo que corresponda en cuanto a las documentaciones correspondientes”, manifestó.
La propiedad sería decomisada y puesta a disposición de la Senabico, conforme expresó. “El proceso que le está haciendo la investigación, el fiscal de la causa lo pondrá a disposición de Senabico”, puntualizó el comisario López, aunque no quiso dar mayores detalles por cautela en el proceso investigativo.
A su vez el fiscal Silvio Corbeta informó que el inmueble en cuestión habría sido transferido a una tercera persona y hoy se corroboró que la pareja sigue viviendo en el lugar. “El allanamiento fue a los efectos de constatar que el señor Wilfrido y su señora residen en esta vivienda. El señor Wilfrido fue imputado conjuntamente con su señora y una tercera persona, por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero”, confirmó.
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Preocupa aumento de denuncias por casos de abuso infantil
Se reportaron más de 700 denuncias por casos de abuso infantil en tan solo tres meses, según las estadísticas del Ministerio Público. Las alarmantes cifras preocupan a las autoridades y está en marcha una nueva campaña promovida por el gobierno para involucrar a la ciudadanía en el proceso de protección a los menores de edad.
La Fiscalía registró en total 714 casos a nivel nacional, en el primer trimestre del 2024. En enero de este año se denunciaron 252 casos de abusos infantiles, en febrero se abrieron 197 causas y en el mes de marzo se observó el incremento asombroso con 265 denuncias recibidas de abusos contra niños.
Sin embargo, en comparación al año 2023 los números son inferiores, observando los datos notificados en el mismo período de tiempo, el ilícito sigue siendo preocupante. Según el informe, oficial durante el año pasado se procedió a la apertura de un total de 3.543 causas por abuso sexual.
Campaña contra la violencia
Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) se lanzó el martes último la edición 2024 de la campaña #TodosSomosResponsables, con el lema “Más les hablás y escuchás, más les cuidás”, que precisamente busca sensibilizar y prevenir el abuso sexual y toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa cuenta con el apoyo de organismos del Estado y de la sociedad civil. El propio presidente de la República, Santiago Peña, junto con la primera dama Leticia Ocampos asistieron al acto de presentación de los materiales que serán difundidos a través de los diferentes medios de comunicación.
Así también, en el marco de la campaña durante todo el año se realizarán acciones preventivas con activaciones, charlas, encuentros lúdicos, recreativos en espacios públicos y privados tanto con niñas, niños como con adolescentes y adultos. Se busca garantizar el bienestar y la seguridad de la niñez paraguaya.
De acuerdo con el reporte oficializado por el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, durante el año 2023 fueron asistidas 6.079 víctimas de hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes. Dijo que el caso de abuso sexual, se notificaron alrededor de 9 denuncias por día, de las cuales entre el 90 al 95% de los casos ocurren en el entorno familiar.
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