La Cámara de Apelación integrada por los jueces Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández ratificó la absolución de culpa y pena del exdefensor del Pueblo Miguel Godoy Servín, Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria, quienes enfrentaron un juicio oral por calumnia, difamación e injuria.
El presente caso llegó a tribunales luego de que la exfuncionaria de la defensoría Silvana Patricia Cáceres Irala presentara una querella por los delitos de calumnia, entre otros, donde en un juicio oral primeramente se decidió absolver de culpa a los querellados y ahora un tribunal de alzada decidió ratificar dicho fallo.
El juicio se inició a raíz de una querella que le entabló la exfuncionaria Silvana Patricia Cáceres Irala, a quien Godoy habría llamado planillera y farrista, tras haberla destituido.
Te puede interesar: Jueza definirá este jueves reducción de condena a Napout
Del mismo modo, el abogado de Cáceres tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes tendrán que estudiar y resolver si corresponde confirmar los fallos de primera y segunda instancia.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en su momento el juez de sentencia, Darío Báez, admitió la querella por difamación, calumnia e injuria contra Godoy y otras personas. La querella fue promovida por Silvana Patricia Cáceres Irala.
Podes leer: Imputaron por homicidio doloso en grado de tentativa a joven que agredió a PMT
Dejanos tu comentario
Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Dejanos tu comentario
Ratifican condena de 15 años de cárcel para Rafael Esquivel “Mbururú” por abuso sexual en niños
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de cárcel para el exsenador electo Rafael Esquivel, alias “Mbururú”, condenado por el hecho punible de abuso sexual en niños. La máxima instancia rechazó el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa, por lo que el condenado deberá cumplir la sentencia condenatoria.
La máxima instancia judicial concluyó que el fallo recurrido se encontraba debidamente fundamentado y respondía de manera clara a los agravios expuestos en la apelación especial, razón por la cual descartó la nulidad solicitada por la defensa.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el abuso ocurrió el 1 de julio de 2019 en el motel Samoa, de Ciudad del Este, donde la víctima, de 12 años en ese entonces, fue llevada por orden de su propia madre. El caso salió a la luz en marzo de 2023, tras una denuncia de la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia. Posteriormente, la adolescente confirmó los hechos tanto en la Cámara Gesell como ante la Fiscalía, mientras que un examen médico forense detectó indicios compatibles con el abuso.
Además de la condena, Rafael Esquivel tiene otras sentencias firmes: 10 años de prisión por coacción grave y robo agravado como instigador, 2 años por coacción y 1 año y 8 meses por resistencia y coacción. Asimismo, afronta otros procesos penales por distintos hechos punibles.
Dejanos tu comentario
Ratifican suspensión de fusión de bancos Atlas y Familiar
La resolución judicial de segunda instancia lleva la firma de Linneo Ynsfrán, Estebán Kriskovich y Antonia López.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas SA y Familiar SAECA. La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por banco Atlas.
El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software. Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.
“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.
En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.
Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre banco Atlas SA y banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.
Dejanos tu comentario
Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
Lea también: Advierten sobre desinformación contra la carrera presidencial del oficialismo colorado
Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.