El juez José Delmas ratificó la prisión preventiva de la fiscal suspendida Ana Girala, imputada por cohecho pasivo y asociación criminal. Foto: Archivo
Ratifican prisión preventiva de Ana Girala, fiscal suspendida e imputada por cohecho pasivo
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El juez de Delitos Económicos José Delmas ratificó la prisión preventiva en la Comisaría de Mujeres de Trinidad de la fiscal suspendida en sus funciones Ana Girala, imputada por cohecho pasivo agravado y asociación criminal. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Ante el citado fallo judicial la defensa de la fiscal suspendida tiene la posibilidad de poder apelar la presente resolución judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación que deberá decidir si confirma la prisión de Girala.
Días atrás, el Tribunal de Apelación Penal, integrado por los jueces Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos, ratificó la prisión preventiva de la fiscal suspendida en sus funciones Ana Girala. El magistrado Delmás había ordenado que la representante del Ministerio Público guárdase reclusión en la Comisaría de Mujeres de Trinidad.
El Ministerio Público imputó por cohecho pasivo agravado y asociación criminal a la fiscal Ana Girala, investigada por pedido de coima de G. 25 millones para beneficiar a un procesado cuya causa penal está tramitada en la unidad que se encontraba a su cargo.
Imputación
De acuerdo con el acta de imputación, gracias a la extracción del teléfono móvil de una de las funcionarias detenidas e imputadas se pudieron obtener elementos de sospecha suficientes para tomar la determinación de imputar a la fiscal Ana Girala, de la Unidad de San Lorenzo; su asistente Christi Magalí Ortega, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha y el abogado Marcos Aurelio Velazco, por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
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La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
Un tribunal de sentencia condenó a 7 años y 3 meses de cárcel a la exfiscala Ana Girala luego de ser encontrada culpable por prevaricato, cohecho pasivo y otros. Foto: Archivo
Condenan a 7 años y 3 meses de cárcel a exfiscala por prevaricato, cohecho pasivo y otros
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El tribunal de sentencia, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrada culpable por un esquema de extorsión y pedidos de coima en su unidad fiscal de San Lorenzo.
Asimismo, el colegiado condenó a la exsecretaria fiscal Griselda Acha a la pena privativa de 6 años y 6 meses, a la exasistente fiscal Christi Magalí Ortega a la pena privativa de libertad de 4 años. Mientras que al abogado Marco Velazco, a la pena de 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez a 3 años y 6 meses. Igualmente se mantiene las medidas cautelares impuestas a los sentenciados.
La exrepresentante fiscal fue encontrada culpable por los hechos punibles de prevaricato, extorsión en calidad de coautora, tentativa de extorsión en calidad de coautora, cohecho pasivo agravado.
El colegiado sostuvo que Girala utilizó su investidura para obtener beneficios económicos, dirigió operativamente a sus funcionarias, direccionó causas hacia abogados de confianza y afectó gravemente la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público y en el sistema de justicia.
Por otra parte, la acusada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de reproche y pena al no probarse su participación en los hechos acusados por el Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Yolanda Morel, ratificó la existencia de una organización criminal que operaba dentro de la sede del Ministerio Público en San Lorenzo para obtener réditos económicos ilícitos.