Un Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín ratificó la imputación por perturbación de la paz y otros hechos punibles contra Paraguayo Cubas. El tribunal de alzada rechazó la nulidad del acta de imputación presentada por la defensa de Cubas.
Del mismo modo, el tribunal de alzada ahora deberá decidir sobre quién será el juez del caso Paraguayo Cubas debido a que el magistrado Mirko Valinotti impugnó la inhibición de su colega Julián López, quien se apartó del presente caso.
Del mismo modo, la defensa de Cubas había presentado el pedido de permiso para que el excandidato a presidente por Cruzada Nacional pueda participar del juramento de su esposa como senadora. Este pedido deberá ser estudiado cuando se defina quién será el juez del presente caso.
Cubas está privado de su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en el marco del presente proceso penal.
Imputación
El Ministerio Público imputó a Paraguayo Cubas por los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elecciones.
Los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce firmaron el acta de imputación contra Cubas, quien contaba con orden de detención y, cumpliendo dicha orden, fue trasladado hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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Imputan a presunto microtraficante tras allanamiento y decomiso de drogas
- Ciudad del Este. Agencia regional
El 13 de junio había sido detenido un hombre durante el allanamiento de una vivienda en Juan E. O´Leary, tras incautarse del lugar dosis de cocaína y marihuana.
El agente fiscal de la Unidad Antidrogas, Elvio Aguilera Vázquez, presentó imputación contra el detenido, por la supuesta comisión del hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.
Asimismo, solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva ante el Juzgado Penal de Garantías.
La intervención se había realizado siendo las 19:15 del sábado último, en un inmueble ubicado en el barrio Santa Ana de O’Leary, con acompañamiento del personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Los intervinientes hallaron en una de las habitaciones una cartuchera de color verde que contenía dos porciones de una sustancia blanquecina en polvo, que luego se confirmó que es cocaína, además de una balanza de precisión, varias bolsitas de polietileno y la suma de 210.000 guaraníes en efectivo.
En una habitación contigua, desocupada, fue hallada una bolsa de polietileno con marihuana, según confirmación posterior. Las evidencias fueron sometidas a pesaje y análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest, a cago del personal técnico de la Policía.
El resultado fue positivo a cocaína con un peso total de 0,96 gramos y positivo a marihuana con un peso de 65 gramos. Ante estas evidencias, el fiscal Aguilera Vázquez inició el proceso contra el hombre, por la presunta comisión del hecho punible previsto en la Ley 1340/88.
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IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
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Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.
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Plantean a Espínola que pida su desafuero tras imputación por homicidio culposo
La mesa directiva de la Cámara de Diputados no incluyó en el orden del día de la próxima sesión ordinaria el requerimiento del Ministerio Público de desaforar al diputado abdista Mauricio Espínola, imputado por homicidio culposo por protagonizar un accidente fatal, el pasado 16 de mayo en Asunción.
“Estamos viendo los números y no va a ser fácil. Es más fácil echar a un diputado que aprobar un desafuero. Lo ideal sería que la gente de su propia bancada converse con él y ver la posibilidad de avanzar (...), si él mismo lo solicita. Por supuesto que vamos a acompañar”, sostuvo el líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Baja, Miguel Ángel del Puerto.
El pedido de desafuero fue remitido a la Cámara Baja el pasado 9 de junio por la jueza Diana Carvallo con la finalidad de avanzar en la causa judicial. No obstante, la Fiscalía ya solicitó para Espínola la aplicación de medidas alternativas a la prisión para asegurar su sometimiento a la investigación de avanzar el despojo de sus fueros, entre ellas figura la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del libro de control, la prohibición de salir del país, la obligación de mantener el domicilio fijado, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización judicial y la imposición de una caución real suficiente, acorde a la naturaleza del hecho.
De acuerdo a la descripción de los hechos, Espínola conducía una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, de color negro, sobre la calle Cerro Corá, cuando, al llegar a la intersección con la avenida Kubistchek, habría cruzado imprudentemente produciendo una colisión con una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, también de color negro, manejada por Emilio Benítez Chaparro, quien falleció el 27 de mayo por las graves lesiones.
Según las informaciones recabadas, el joven circulaba por la avenida con dirección sur e impactó contra la puerta lateral izquierda del rodado. Como consecuencia de la embestida, Benítez Chaparro cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El hecho fue registrado aproximadamente a las 18:35 horas.
Posteriormente, al choque, Benítez Chaparro fue auxiliado por paramédicos y trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma para recibir atención médica. El fallecimiento del joven de 30 años de edad que se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se produjo el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
Tras darse a conocerse la imputación a Espínola, surgieron varios materiales audiovisuales obtenidas mediante cámaras de circuito cerrado que revelan el momento exacto del accidente y que complica su responsabilidad. A la vez existen personas que presenciaron el hecho y que actualmente prefieren el anonimato y aseguran que el parlamentario cruzó el semáforo en rojo.
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Imputan a conductor por homicidio culposo tras accidente fatal de motociclista de 14 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un hombre de 57 años fue imputado por la fiscal Carolina Rosa Gadea como supuesto autor de homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito terrestre, tras un accidente ocurrido el domingo 7 de junio sobre la avenida Perú de la capital del Alto Paraná.
La víctima fatal fue un adolescente de 14 años, quien estaba al mando de una motocicleta.
El caso investigado ocurrió alrededor de las 21:00 del domingo, cuando el hoy imputado conducía un automóvil en dirección norte y de repente se produjo una colisión con una motocicleta conducida por un adolescente de 14 años.
El impacto de la moto se registró en la parte trasera derecha del rodado y provocó que el menor fuera lanzado al pavimento, sufriendo lesiones de gravedad.
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Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego al Hospital de Emergencias Médicas de Asunción, donde falleció ayer lunes 8 de junio, aproximadamente a las 15:00.
Por su parte, por disposición fiscal, el conductor del automóvil fue sometido a una prueba de alcotest que arrojó resultado positivo de 0,683 mg/l de alcohol en sangre.
Tras reunir diversos elementos incriminatorios, que incluyen tickets del alcotest, el acta de procedimiento, copias autenticadas de documentaciones del vehículo, declaración testifical policial y la ampliación del informe remitido por la Comisaría 22ª del barrio Don Bosco, la fiscal Carolina Gadea imputó al automovilista.
Asimismo, la fiscal Gadea solicitó al Juzgado Penal de Garantías que se decrete la prisión preventiva del imputado, además de un plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación.
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