El joven que agredió brutalmente a un alumno en el baño de una institución ovetense fue imputado por el fiscal Fermín Segovia. El estudiante atacado ya había sido amenazado en varias ocasiones si denunciaba los casos de abuso que venía sufriendo, hasta que la más reciente agresión fue grabada por otros jóvenes y se viralizó entre los últimos hechos de violencia escolar.
El pasado miércoles 14 de junio se dio aviso a las autoridades sobre un hecho de agresión en un colegio de Coronel Oviedo. El altercado se desarrolló en el baño de la institución y quedó grabado, ya que en el lugar también se encontraban otros estudiantes que fueron testigos, pero no pararon la pelea.
“El joven de 17 años ya fue imputado, luego de reunir un mínimo de información que creemos suficiente para atribuirle una conducta penalmente relevante. El mismo se expone a una pena entre 6 meses a 2 años”, comentó este jueves el fiscal Fermín Segovia, en conversación con la 650 AM.
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Denuncia de la madre
El interviniente destacó que el ataque se habría dado para intimidar a la víctima a que no contara a las autoridades educativas de los hostigamientos que venía sufriendo por el alumno atacante. La denuncia la realizó la madre del joven agredido, luego de que se tomara conocimiento del hecho y de la circulación del video del momento del ataque.
Por su parte, desde la institución convocaron a los padres de ambas partes para intentar zanjar la situación, y decidieron que los implicados y otros tres alumnos que presenciaron la pelea dejarán de asistir en forma presencial a las clases y reciban tratamiento psicológico.
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Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
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Poder Judicial promueve acciones para garantizar los derechos de las mujeres
Desde la Corte Suprema de Justicia recordaron este martes que la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres requiere acciones concretas para garantizar sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y asegurar que puedan acceder a una justicia efectiva y libre de prejuicios. En ese contexto, el Poder Judicial impulsa diferentes políticas institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Las iniciativas se desarrollan a través del proyecto “Mujeres en la Justicia”, coordinado por la Secretaría de Género de la máxima instancia judicial, que trabaja en el fortalecimiento de mecanismos para cumplir con los compromisos asumidos por Paraguay en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres.
Según explicaron, estas acciones también se enmarcan en los lineamientos de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones para los Estados en la prevención y el combate de la violencia de género.
Justicia sin prejuicios
Uno de los principales componentes del programa apunta a la formación de magistrados, funcionarios y funcionarias judiciales para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia. El objetivo es que los operadores puedan reconocer situaciones de desigualdad y evitar que los estereotipos condicionen las resoluciones judiciales.
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También se realizaron jornadas de capacitación sobre comunicación con perspectiva de género, con énfasis en el uso de un lenguaje institucional inclusivo, respetuoso y libre de expresiones discriminatorias, especialmente al abordar situaciones que afectan a las víctimas.
Más presencia en el interior del país
Como parte de la estrategia para acercar los servicios judiciales a las mujeres, fueron habilitadas Unidades de Género en las circunscripciones judiciales de:
- Central
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Itapúa.
Estas dependencias buscan acompañar a juzgados y tribunales en la aplicación de criterios de igualdad en sus actuaciones, además de ampliar la cobertura territorial de la Secretaría de Género y contribuir a que las mujeres reciban respuestas oportunas y respetuosas de sus derechos.
Para avanzar hacia la paridad
El fortalecimiento de la igualdad también contempla cambios en la propia estructura institucional. Para ello, se elaboraron instrumentos técnicos que permiten evaluar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y detectar posibles desigualdades en la distribución de responsabilidades y cargos.
Entre los materiales desarrollados figuran un sistema de indicadores de liderazgo y paridad, acompañado de una guía para su aplicación, y un diagnóstico sobre la distribución de cargos dentro del Poder Judicial.
Asimismo, se evaluó y actualizó el Plan Institucional de Transversalidad de Género y se avanzó en la elaboración participativa de un Plan de Igualdad, con intervención de las distintas circunscripciones judiciales.
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Ecuador: dos candidatos municipales mueren en un ataque armado
Dos candidatos a ocupar cargos municipales y una comerciante murieron ayer lunes en una localidad fronteriza de Ecuador, en un ataque armado ejecutado a días del inicio de la campaña para elegir autoridades locales, informó la alcaldía de Huaquillas.
Entre los fallecidos están Ronald Farfán, quien buscaba el cargo de alcalde, y Cristhian Rugel, candidato a concejal, por el municipio de Huaquillas, una localidad de la convulsa provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
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Farfán se había desempeñado como alcalde en el período 2014-2019, y en febrero de este año su hijo también fue asesinado. El cuerpo del joven apareció con signos de violencia.
“Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Ninguna circunstancia justifica que se arrebate la vida de una persona”, señaló la alcaldía de Huaquillas en un comunicado. Medios locales reportaron que cuatro personas a bordo de dos motos dispararon contra los candidatos cuando se alistaban para reunirse con simpatizantes.
De acuerdo con la policía, “personal especializado” se encuentra en el lugar del ataque para “determinar posibles motivaciones” del crimen. La campaña electoral para los comicios locales del 29 de noviembre empezará oficialmente este jueves.
El Oro es una de las cinco provincias costeras que están bajo un toque de queda nocturno que culmina este martes. Esa provincia, junto con Guayas, es de las más violentas del país. En el primer semestre del año registró la tasa provincial más alta de homicidios, 68 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Fuente: AFP
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.