El Ministerio Público de J. Augusto Saldívar se encuentra investigando un posible caso de abuso sexual en niños en el que la víctima es una niña de 12 años de edad, quien fue obligada a subir a una camioneta presumiblemente de la marca Toyota tipo Hilux de color blanco.
El fiscal del caso, Augusto Ledesma, señaló que “estamos investigando un hecho de abuso sexual en niños, en fecha 20 de abril, cuando una niña fue a dejar a su hermanita en la escuela y al volver a su casa fue interceptada por una persona en una camioneta, quien la increpa y obliga a subir con él en el vehículo” manifestó.
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Igualmente sostiene el fiscal que “la niña le contestó que no se subiría, pero el hombre desenfundó un arma de fuego y la obligó a subir bajo amenaza”. También sostuvo que “recorrieron tres cuadras, aproximadamente, cuando dentro de la camioneta la persona que estaba al mando del rodado comienza a manosearla a besarla y a tocar su cuerpito. En un momento dado, la niña quiso zafarse, pero el hombre la agarró fuertemente y en ese momento se inició un forcejeo, tras lo cual el supuesto autor del hecho le ofreció a la niña joyas, teléfonos celulares y otras cosas”, manifestó el agente fiscal.
El representante del Ministerio Público sostuvo que al momento de intentar tocar el cuerpo de una niña ya se configura el caso como abuso sexual, debido a que una menor de 12 años, por ejemplo, no puede decidir nada aún.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.
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Desarticulan red de ciberdelincuentes que usaba 1.900 “cuentas mula” para robar dinero
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.
El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.
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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.
A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.
El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.
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Acusan a “ministro” de secta religiosa por abuso sexual, trata de personas y violación
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel presentó acusación contra un hombre por los hechos punibles de abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado, coacción sexual y violación, además de trata de personas. Se trata de Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), supuesto ministro de un culto religioso denominado “Umbanda”.
La agente acusadora es titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y en la Lucha contra la Trata de Personas.
Según el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas (niños, adolescentes y adultos), a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.
El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales, bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintas viviendas de Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el “ministro” habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.
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El escrito de acusación dice que el acusado sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.
En cuanto a los menores de edad que habrían sido víctimas, el Ministerio Público cuenta que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y luego fue sometida a un régimen de servidumbre y maltratos, además de abuso sexual.
Un niño de 9 años y un adolescente de 15 años también serían víctimas del acusado entre los años 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados a esta persona.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al juzgado penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.
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Condenan a 10 años de cárcel a un hombre encontrado culpable por abuso sexual en niños
Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 10 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Sussy María Riquelme Brizuela, titular de la Unidad Penal n.° 2 de la Fiscalía Barrial N° 5.
La denuncia refiere que los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2019, cuando la madre de la víctima presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público. Según el relato, la niña, que en ese entonces tenía cuatro años, manifestó a su madre que su progenitor la había sometido a varios manoseos.
Tras la denuncia inicial, el Ministerio Público activó los protocolos de protección y recolección de pruebas, que incluyeron traslado a la Clínica Forense, realización de la entrevista en sede de la Cámara Gesell, evaluaciones especializadas en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. En todas estas instancias, la víctima mantuvo un relato coherente sobre lo sucedido, lo cual fue fundamental para sostener la acusación.
Ya en un primer juicio oral un tribunal de sentencia absolvió de culpa y pena al acusado, pero el tribunal de apelación anuló dicho fallo disponiendo el reenvío del caso para que otro colegiado pueda juzgar el presente caso donde se tuvo una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel.
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