El fiscal Silvio Corbeta solicitó el rechazó del planteamiento realizado por la defensa del diputado y senador electo Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. La defensa del parlamentario pretende que los incidentes iniciales promovidos se estudien por escrito y no vía oral.
Ahora el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla deberá estudiar si corresponde rechazar el pedido de la defensa de Galeano, y en caso de ser así el expediente deberá ser elevado al Tribunal de Apelación que tendrá que confirmar o no la determinación del magistrado Amarilla.
Corbeta sostuvo que la defensa de Galeano no argumentó el motivo de las presentaciones hechas ante el juez Amarilla, y es por ello que se pidió que se rechace. “Nosotros nos hemos opuesto a esa postura señalando que el trámite que debe realizarse es el de una audiencia oral y en ese sentido hemos fundado nuestra contestación basándonos justamente en lo que disponen las normas procesales”, señaló el fiscal.
Imputación
El Ministerio Público, a través de sus fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, había imputado al diputado y senador electo Erico Galeano, por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
Asimismo, el juez Gustavo Amarilla días atrás y luego de ser desaforado admitió la imputación y había fijado la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares que se suspendió el pasado 2 de junio, porque la defensa del parlamentario presentó varios incidentes que no permitieron llevar a cabo la citada diligencia judicial.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
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Caso Erico: senador pide que causas judiciales de Prieto se midan con la “misma vara”
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, sostuvo que las 50 causas judiciales contra el exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ayer martes pasó su primera noche de reclusión en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional.
El parlamentario aguarda que la justicia sea implacable con políticos que enfrentan una extensa lista de denuncias penales con procesos judiciales en curso, haciendo alusión al destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.
“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tienen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente“, afirmó en una conferencia de prensa, este miércoles.
Prieto, quien fue destituido de la jefatura comunal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su campaña presidencial con recorridos y promesas, mientras continúa chicaneando contra el juicio por el caso “Tía Chela” y se encuentra imputado por el caso “Tajy”, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como presuntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.
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“Debemos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por el gobierno abdistas y ciertos medios de comunicación que son sus aliados", indicó Núñez.
La mayoría de las denuncias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.
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Decretan prisión de Erico Galeano e irá a Tacumbú
Defensa del exsenador, condenado a 13 años de cárcel, sostiene que debería ser enviado a la Agrupación Especializada o a Viñas Cue.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py.
El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”.
La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico.
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El expresidente Zapatero defiende su inocencia tras imputación por tráfico de influencias
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendió este martes su inocencia al conocerse que la Justicia lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.
El político socialista se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.
La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.
El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas pertenecientes a las hijas del exmandatario, según medios españoles.
Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, está señalado como el líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.
La trama utilizó “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.
Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
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“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, respondió Zapatero en un vídeo divulgado a la prensa, donde aseveró que “jamás” realizó “ninguna gestión ante ninguna administración pública (...) en relación con el rescate de Plus Ultra”.
“Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España”, subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.
Un rescate controvertido
Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.
Entonces, sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.
Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia.
Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.
El rescate de Plus Ultra provocó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela, pocos meses después de que el ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta y ahora al frente del gobierno en Venezuela.
Ábalos, en prisión, es investigado por corrupción ya la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
- Fuente: AFP
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