Los días 13,14,15 y 16 de junio se deberá desarrollar la audiencia preliminar para Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña y otros acusados por narcotráfico. Foto: Archivo.
Ordenan que Reinaldo “Cucho” Cabaña sea trasladado a Tacumbú para audiencia preliminar
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El juez penal de garantía Miguel Palacios ordenó que Reinaldo Javier Cabaña alías Cucho y otros acusados por narcotráfico puedan ser trasladados hasta la penitenciaria Nacional de Tacumbú para que de ahí pueda ser llevado hasta la sede del Poder Judicial a ser sometido a la audiencia preliminar fijada para los días 13,14,15 y 16 de junio.
Además de Cabaña también deberán ser trasladados hasta Tacumbú Carlos Rubén Brítez, Diego Miguel Medina Otazú, Hugo Martín Ríos, Humberto Rodríguez González, Jorge de Jesús Ríos González, José Dolores Pinto Apostolagui, Marcelo Ricardo Cabaña Santa Cruz, Óscar Adrián Monges, y Sixto Ramón Arias.
En la audiencia preliminar el juez Palacios deberá estudiar si eleva el proceso penal mencionado a un juicio oral y público así como solicitó el Ministerio Público en su escrito de acusación.
El Tribunal de Apelación ratificó la prisión preventiva en la cárcel de Emboscada de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por tráfico internacional de drogas en el marco del operativo Berilo. El fallo fue firmado por los camaristas Andrea Vera, Gustavo Ocampos y José Agustín Fernández.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz había presentado la acusación contra Reinaldo Javier Cabaña por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes.
El operativo Berilo se realizó en el 2018, en distintos puntos de Alto Paraná. En la oportunidad se realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000. El procedimiento estuvo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas.
Tragedia en Pedrozo: decretan prisión preventiva para chofer del camión que causó fatal accidente
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La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.
El padre de la niña de dos años localizada en Resistencia, Argentina cuenta con orden de captura internacional firmada por el juez Marcelo Saldívar. Foto: Archivo
Ordenan captura internacional de un padre que huyó con su hija a Argentina
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El juez penal de garantías Marcelo Saldívar declaró la rebeldía y ordenó la captura internacional del padre de la niña de dos años localizada en Resistencia (Chaco, Argentina).
El hombre está imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber de cuidado, tras no devolver a su hija menor a la madre al finalizar el régimen de visitas.
Ahora, las autoridades del vecino país deberán informar al juzgado a cargo de Saldívar y arbitrar los medios necesarios para una posible extradición a Paraguay, donde el procesado enfrenta un juicio penal por ambos delitos.
Según el acta de imputación, el hecho ocurrió el 8 de julio de 2026, cuando el investigado retiró a la menor en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo el régimen judicial vigente.
Con base en las evidencias, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente al considerar que existen suficientes indicios de su participación en los hechos.
La recusación presentada por la suegra de la intendenta Patricia Corvalán obligó a suspender la audiencia en la que debía analizarse la acusación fiscal. Foto: Archivo
Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
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Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
Fijan audiencia preliminar para Prieto y leales por el caso Tajy
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La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.
Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un constructor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid -19.
Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposición de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se confirma tras dos años de continuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus leales que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.
Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia por el covid -19 que llevaron adelante Prieto y funcionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Florentín. Don Morínigo en la realidad se dedicaba a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, puestos por el mismo en “cargos de confianza” clave, maniobraron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipulado en contrato.
El fraudulento proceso licitatorio fue ejecutado en connivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferentes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipalidad. (Ver infografía)
En la factura de compra aparecen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc. Sin embargo, la Fiscalía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.
Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Francisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Florentín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad. Otros subordinados de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.