El senador José Oviedo presentó este viernes un proyecto de ley que plantea la creación de la Secretaría Nacional de Transporte (Senatran) y la Empresa Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Enatrapp), a fin de ordenar el tráfico urbano y suburbano, mejorando el servicio público de transporte de pasajeros.

“Queremos que el Estado preste el servicio y ya no depender de los chantajes de las empresas privadas, que entre a competir. Tendrá su itinerario tanto en el área metropolitana y rural, es un proyecto que pretende solucionar definitivamente el problema del transporte público. Yo espero contar con el consenso necesario para su aprobación”, puntualizó Oviedo en una conferencia de prensa.

La propuesta indica que la Senatran será un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, de derecho público, con domicilio en Asunción. La estructura orgánica básica estará conformada por el Gabinete del Ministro Secretario de Transporte, la Dirección General de Planificación de Transporte, la Dirección General de Transporte Metropolitano y la Dirección General de Transporte Nacional e Internacional.

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En la exposición de motivos la iniciativa refiere que “el transporte público de pasajeros a nivel urbano y suburbano es de pésima calidad en toda la República y en particular en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, donde se concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros urbano y suburbano del país”.

Asimismo el documento indica que “la actual modalidad de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos se basa en concesiones, en general permisos otorgados hace 70 años y más, sin existir un plan de tráfico y transporte público urbano y suburbano, principalmente para el área metropolitana de la ciudad de Asunción”.

La propuesta sostiene además que “mientras que la Ley de Concesiones establece que ninguna concesión, o permiso, podría prolongarse por más de 30 años, la mayoría de los itinerarios concedidos a empresas privadas llevan mucho más de tal plazo de tiempo. Pero lo más grave es la pésima calidad del servicio y la congestión que se verifica en el AMA, en Ciudad del Este y su área metropolitana, principalmente, debido a la falta de una adecuada planificación”.

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Mientras que la Enatrapp se constituirá como empresa pública, autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, prestador del servicio de transporte público de pasajeros en las áreas urbanas y metropolitanas de Asunción, cabeceras departamentales y demás centros urbanos del país que lo requieran.

El proyecto mencionada que la firma se financiará con sus propios recursos y los fondos previstos del Tesoro, que actualmente se destinan al sistema de transporte público. Desde el inicio de la prestación del servicio, la totalidad de los ingresos y egresos provenientes de sus servicios serán administrados única y exclusivamente por la Enatrapp, que está plenamente autorizada para contraer créditos y realizar todas las actividades propias de su función, según las normas establecidas en esta ley y la legislación vigente.

Agrega que la empresa será administrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y por un Consejo de Administración, integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Senatran y por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También lo integrará un representante de la Contraloría General de la República, con voz pero sin voto.

En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fis­cal Silvio Corbeta, de la Uni­dad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrup­ción, acusó y pidió juicio oral y público para el exminis­tro de la Secretaría Emer­gencia Nacional (SEN) Joa­quín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agra­vado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exau­toridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue pre­sentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estiga­rribia, que fijará la audien­cia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

Las investigaciones de la Fis­calía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licita­ciones e inflaban los precios para posteriormente repar­tirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concre­tar pagos por un valor apro­ximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.

Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.

El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.

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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.

El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.

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Se suspendió el inicio del juicio oral para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros procesados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La defensa de la exrepresentante del Ministerio Público planteó una reposición solicitando que la causa sea acumulada junto con la de otro procesado.

Con la presentación que se hizo de parte de la de la defensa de Girala se pretende acumular esta causa con la del abogado Marcos Aurelio Velazco, quien fue acusado en febrero del corriente año por la presunta comisión de los hechos de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal.

En febrero del año 2023 el Fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.

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El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.

En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

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