El Consejo de Gobernadores manifestó su rechazo las expresiones del senador Carlos Núñez sobre la supuesta utilización política del programa Hambre Cero en las Escuelas. A través de un comunicado, los jefes departamentales instan al legislador a realizar las denuncias en las instituciones que correspondan y que presente los argumentos reales, exigiendo respeto y responsabilidad con este tipo de expresiones políticas y mediáticas.

“Sus recientes expresiones contra los gobernadores de la República no pueden ser respondidas con silencio. No por susceptibilidad, sino por respeto a la institución que usted representa y a la ciudadanía que nos confió la responsabilidad de gobernar”, señala el escrito.

Agrega que “si existen irregularidades en Hambre Cero, que sean investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Nadie está pidiendo privilegios ni inmunidad frente al control. Lo que no aceptamos es que la acusación sustituya a la prueba y el ataque pretenda sustituir al argumento”.

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Los gobernantes instan a dejar de lado los ataques políticos internos: “Si su cuestionamiento es el programa, debatámoslo, si es a su administración, presente sus fundamentos. Pero si el blanco son las gobernaciones, tendrá que explicar por qué, bajo las mismas reglas, controles y mecanismos de fiscalización, sus cuestionamientos parecen tener un destinatario particularmente selectivo”.

Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, también se pronunció sobre el senador Núñez y expresó su rechazo ante estas declaraciones: “Realmente no queremos polemizar con nadie, yo le aprecio mucho al senador Núñez, y no me quiero pelear con nadie, pero tampoco podemos alegremente callarnos, tenemos que salir a defendernos porque realmente fue irresponsable su declaración”.

Indicó, en comunicación con 1020 AM, que no está en los ánimos llegar a una acción judicial, pero sí solicitarán al senador retractarse o ratificar sus dichos. “No creo por el momento, la idea es no darle demasiada entidad, pero estamos analizando en envío de un notario público para que se ratifique o se rectifique”, sentenció.

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Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.

En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.

Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.

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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.

Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.

Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.

“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.

Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.

En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.

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La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) que aglutina a varios gremios, pide que el proyecto de ley que establece las condiciones de ejercicio en el cobro de regalías biotecnológicas agrícolas y modifica la ley nº. 1630 de patentes de invención, no sea aprobado.

En una nota remitida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, la federación expresó su preocupación sobre este proyecto de ley, ya que señalan que los efectos podrían trascender el ámbito estrictamente sectorial y afectar los compromisos internacionales asumidos en materia de propiedad intelectual.

Este proyecto se encuentra en el Congreso para su análisis.

“Se debe evaluar las consecuencias para el país en materia de imagen y credibilidad internacional del Paraguay, seguridad jurídica, respeto a las inversiones, acceso a tecnología y previsibilidad de las reglas”, señala el documento.

Consideran importante que el debate en torno a este proyecto no debe plantearse como una discusión entre usuarios de tecnologías y dueños de Propiedad Intelectual.

“La cuestión de fondo es más amplia y se relaciona con el tipo de país que queremos proyectar y con las condiciones que Paraguay debe ofrecer para atraer inversión, innovación y nuevas tecnologías”, explica.

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Paraguay no puede reclamar seguridad jurídica, previsibilidad y respeto a las reglas para acceder a los mercados internacionales y, al mismo tiempo, generar dudas respecto de esas mismas garantías para quienes invierten, desarrollan y/o aportan tecnología en nuestro país.

A ello se suma que el proyecto presenta aspectos que vulneran principios constitucionales y de compatibilidad con compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, particularmente en materia de propiedad intelectual, aumentando innecesariamente el riesgo de litigios y controversias, fundamenta la Feprinco.

El proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que Paraguay sale al mundo con el discurso de atraer inversiones, tecnología e innovación y, recientemente firmar un acuerdo con la Unión Europea, señalan.

El Acuerdo Mercosur–UE reafirma la protección de los derechos de propiedad intelectual y las obligaciones internacionales asumidas en el marco de ADPIC/OMC1.

“Una legislación que limite el derecho al cobro por propiedad intelectual, generará cuestionamientos sobre 1ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o sus siglas en inglés: TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). la compatibilidad de la normativa paraguaya con dicho compromiso internacional y puede afectar las relaciones comerciales con la Unión Europea”, explica la nota.

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Un masivo “espaldarazo” institucional recibió el viceministro de Salud, Dr. Saúl Recalde, por parte de directores regionales, funcionarios y el plantel médico del Hospital de Pedro Juan Caballero, quienes rechazaron las acusaciones en su contra y repudiaron la constante estigmatización de los profesionales de Amambay con supuestos nexos con el narcotráfico.

Mediante sendos comunicados conjuntos expresaron su apoyo al viceministro Recalde, calificando de infundadas y descalificadoras las declaraciones; repudiando los ataques personales lanzados contra su persona y ratifican su respaldo a su gestión al frente del área asistencial.

El pronunciamiento masivo se dio a raíz del grave incidente ocurrido en los pasillos de la cartera sanitaria, donde el viceministro Recalde y el médico sindicalizado Freddy Cantero protagonizaron un altercado físico y verbal.

La reacción del alto funcionario se debió al sentirse aludido por las fuertes acusaciones que realizó el médico Cantero en su estado de WhatsApp, en las que se denunciaba mala praxis y se señalaba la presencia de “narcopolíticos” en la gestión sanitaria pública, interpretándolo como un ataque injurioso hacia su persona por ser oriundo del departamento de Amambay.

Ante la repercusión mediática del hecho, los Directores Regionales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se pronunciaron rechazando de manera categórica todo ataque infundado que pretenda descalificar o empañar la labor de quienes día a día trabajan por el fortalecimiento del sistema de salud pública.

“Destacamos la intachable calidad humana, el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso constante que caracterizan al Dr. Saúl Recalde en el desempeño de sus funciones. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada y coordinada bajo el liderazgo del Viceministerio, priorizando siempre la salud y el bienestar de toda la población”, expresa el documento.

En tanto, el plantel de funcionarios del Viceministerio de Atención Integral de la Salud (VAIS / MSPBS) ratificaron su respaldo y reconocimiento a su gestión, compromiso y desempeño profesional al frente de esta dependencia.

“Rechazamos y repudiamos toda expresión o señalamiento de carácter personal que pueda afectar la honra y la trayectoria de las personas, y consideramos que cualquier cuestionamiento debe realizarse con responsabilidad y respeto. Como funcionarios del VAIS, reiteramos nuestro compromiso con el trabajo institucional, la ética, el respeto y, principalmente, con el fortalecimiento de la salud pública en beneficio de toda la ciudadanía”, remarcaron.

Mientras, el plantel de médicos del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero expresó su respaldo al viceministro Saúl Recalde y repudió de manera categórica la constante estigmatización que sufren los profesionales de la salud del departamento de Amambay, quienes son vinculados sin pruebas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas tras los recientes cuestionamientos públicos.

“Sin ingresar en cuestiones políticas, partidarias o administrativas, consideramos inaceptable que las diferencias, reclamos o reivindicaciones sean canalizadas mediante ataques personales, descalificaciones o acusaciones de extrema gravedad que puedan afectar la honra, la dignidad y la trayectoria profesional de una persona”, expresa parte del documento.

Mencionan que, todo cuestionamiento o denuncia debe formularse con responsabilidad, fundamentarse en hechos concretos y seguir los canales institucionales correspondientes, respetando el debido proceso y el marco legal vigente.

“Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la constante estigmatización que sufren los médicos del departamento de Amambay, a quienes reiteradamente se nos pretende vincular, sin pruebas, con el narcotráfico u otras actividades ilícitas. Este tipo de señalamientos injustos no solo vulneran nuestra dignidad y la de nuestras familias, sino que desvalorizan el trabajo honesto y comprometido que realizamos a diario en favor de la salud de la población”, enfatizaron.

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