Ante las comisiones de Presupuesto y de Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, este martes el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel presentó los fundamentos de la solicitud de ampliación presupuestaria correspondiente a la Fuente 30, compuesta por recursos generados por el propio Poder Judicial.

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“Los fondos serán destinados prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, así como a inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, incluyendo avances en digitalización documental de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), en el marco de los preparativos para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN)”, explicó.

Los legisladores escucharon con atención las apreciaciones del doctor, quien profundizó en los objetivos estratégicos de la solicitud de ampliación presupuestaria, orientada a garantizar la continuidad operativa de proyectos institucionales en curso, la cobertura de compromisos contractuales vigentes y la adecuación progresiva de la infraestructura judicial.

“Con esta propuesta se busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, consideradas esenciales para el funcionamiento regular del sistema judicial”, indicó.

También aclaró que los fondos solicitados provienen exclusivamente de recursos institucionales generados por tasas y servicios prestados por el propio Poder Judicial, sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.

Dentro de las áreas prioritarias de inversión, se contemplan:

• la adecuación edilicia de sedes judiciales
• el fortalecimiento de la seguridad institucional
• la adquisición de equipamiento e insumos indispensables para sostener la operatividad a nivel nacional
• la cobertura de gastos en servicios personales y no personales
• la compra de bienes de consumo y de inversión física

Según lo expuesto, se proyecta una asignación de G. 28.680.500.000, que será destinada prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, además de permitir —según disponibilidad— nuevos llamados para servicios especializados.

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El director general de Administración y Finanzas señaló que parte de estos fondos posibilitará el avance en el proceso de digitalización certificada de documentos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), como parte de la etapa preparatoria para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN), un sistema que prevé integrar progresivamente los servicios registrales actualmente distribuidos en distintas dependencias.

La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó un informe estadístico que detalla la cantidad de personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS), como también los documentos expedidos hasta el 31 de julio de 2025.

Actualmente, existen 1.809 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), de las cuales 22 son mujeres y 1.787 varones. Fueron expedidos 493.746 certificados de enero a julio.

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Con relación al Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS) se cuenta con 1.113 registrados. De los cuales 24 son mujeres y 1.089 varones. En el periodo comprendido de enero a julio del presente año se expidieron 78.903 informes.

Ambos trámites son gratuitos y pueden ser realizados ingresando al sitio web institucional del Poder Judicial, Redam-RAS, disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Para acceder solo se requieren los datos de la Cédula de Identidad paraguaya.

En caso de tratarse de un usuario extranjero, con números de cédula a partir de 7 millones y números de cédulas alfanuméricos, el mismo debe acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales, ubicadas en todas las sedes judiciales del país.

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Un grupo de víctimas del caso de estafa masiva a través de la conocida “mafia de los pagarés” llegó este lunes hasta la sede del Poder Judicial para reclamar el cese de embargos irregulares y exigir justicia.

Los afectados se quejaron del poco avance de las investigaciones y denunciaron que los descuentos siguen ejecutándose “a mansalva” en detrimento de las familias.

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Carmen Rodríguez, docente de Villarrica, una de las víctimas, tildó de corruptos a jueces y ujieres, de quienes dijo que están “entregados totalmente a la mafia”.

“Están todos implicados, juzgados y jueces, ujieres corruptos. Hay juzgados que están totalmente entregados a la mafia”, denunció en diálogo con la 1000 AM.

La educadora afirmó que sigue siendo víctima del esquema delincuencial. “Se me sigue descontando a mansalva en detrimento total contra mi familia, dejándome prácticamente en un estado sin posibilidades de defendernos”, sostuvo.

Aseguró que nunca recibió ninguna notificación judicial, por lo que quedó en indefensión ante la justicia. “Y en mi caso yo ya he pagado todo. Y le vamos a decir a los jueces de esta Corte que no puede ser que por 9 millones, debas toda la vida 150 millones. Y de ahí no se mueve. Ellos ya cobraron todo y por qué no cobran lo justo”, lamentó.

Insistió en la necesidad que las casas comerciales involucradas en el esquema de estafas sean investigadas. “Ellos ya cobraron su capital y nos tienen en esta situación. Por qué no nos muestran la realidad, son pagarés abultados, aparte de los pagarés que desaparecen”, subrayó.

Rodríguez dijo que incluso los expedientes están desaparecidos, por lo que deben deambular de un lugar a otro para dar seguimiento a sus procesos.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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