Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres presentaron su renuncia a la defensa de Miguel Vázquez, vicepresidente de Ueno Bank, quien se encuentra imputado por lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Actualmente, el directivo de la citada entidad bancaria está recluido en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú) a las resultas del presente proceso penal.

Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Miguel Vázquez y de los demás directivos de Ueno Bank, mientras que ordenó el arresto domiciliario de dos mujeres imputadas en la misma causa. Debido a la resolución del magistrado, las defensas de Miguel Vázquez y Juan Manuel Gustale apelaron la medida cautelar. Ahora, un tribunal de Apelación deberá definir si corresponde que los mismos continúen privados de libertad.

Te puede interesar: Fiscales investigan destrucción de evidencias para frenar allanamiento en Ueno Casa de Valores

Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron la apelación presentada por la defensa de Federico Miguel Vázquez Villasanti, solicitando al tribunal de Apelación que ratifique la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, firmada el pasado 5 de noviembre, que decretó la prisión preventiva del imputado.

Podes leer: Santa Rita: allanan casa en busca de uno de los prófugos en la causa por asalto a bancos

La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.

López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.

Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.

Lea también: Anuncian tormentas y descenso de temperatura para este sábado

• Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
• Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
• El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.

El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.

López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.

Te puede interesar: Paraguay reporta 10 semanas sin dengue, pero con incremento del 29 % en notificaciones

Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se presentaron ante la Cámara de Senadores, que cumple el rol de tribunal en el juicio político al presidente Santiago Peña, para ejercer la defensa del acusado. Los profesionales alegaron que este proceso podría ser declarado nulo en instancias internacionales por no respetar el debido proceso y que la línea que se debió seguir en el legislativo fue aceptar la renuncia del presidente.

“Estamos en una situación, en un evento de gran trascendencia para la República, y quiero recordar como una reflexión inicial que cuando se juzga a alguien se juzga también al sistema que lo juzga, y este es el caso, en el que por lo menos yo, en mi experiencia, que ya he transcurrido este proceso en más de una oportunidad, veo que existen ciertos desacuerdos fundamentales sobre lo que estamos haciendo en términos de procedimientos establecidos y de principios a ejecutarse en cualquier enjuiciamiento que implique pena o sanción, que son las garantías procesales”, expuso Ferreiro.

Podés leer: Peña no se presentó y sigue juicio sin el acusado

Citó además que en el país hubo casos en los que no se respetó el debido proceso, como en este caso, al no aceptar la prórroga de 72 horas y no aprobar la renuncia de Peña presentada previamente al tratamiento del Senado, que ocasionaron condenas al Estado paraguayo por instancias juzgadoras a nivel internacional.

“Por instrucciones de nuestro mandante, el señor presidente de la República, dejamos establecidas todas las reservas legales disponibles en beneficio de su defensa desde la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, hasta los tribunales internacionales de Derechos Humanos, a los cuales ya han recurrido varias personas juzgadas políticamente y han obtenido satisfacciones que habíamos anunciado como posibles y riesgosas para el Estado, y estamos nuevamente ante esa situación”, citó Ferreiro.

También señaló que este juicio político sería nulo “por razón de que está previsto en la Constitución Nacional aplicarse a ciertos funcionarios del Estado como una norma protectora a ese funcionario, no como una norma inhibidora de sus derechos. El juicio político está para defender a ciertos funcionarios expuestos en la función a agravios, persecuciones o impedimentos de su labor, por la instrucción de procesos judiciales o administrativos si se quiere, destinados a inhibirle en el cumplimiento de sus funciones”.

Sobre la renuncia, expuso que en este caso no se puede juzgar a una persona que ya renunció, por lo que también podría ser considerado nulo este juicio. “Cuando él manifiesta que quiere renunciar, la institución congresal o quien sea tiene que aceptarle su renuncia, y ¿cuál es el efecto de esto?, el efecto es que se está poniendo a disposición en la misma situación que le echan”, explicó.

Por otra parte, se refirió a la postura de algunos senadores, que consideró como una posición con concepción ideológica, que es sacar al presidente por juicio político y no aceptando su renuncia. “Esta es otra cuestión fundamental y por la cual argumentamos la nulidad de este juicio, porque implica una concepción ideológica”, apuntó el abogado.

Te puede interesar: EE. UU. expresa solidaridad con Paraguay: pide respetar las instituciones democráticas

El abogado Adolfo Ferreiro será el defensor del presidente de la República, Santiago Peña, en el marco del proceso de juicio político ante la Cámara de Senadores. El mandatario ya fue notificado en la noche de ayer tras la presentación de los alegatos de los fiscales acusadores (diputados) y este viernes solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa.

“Asumo la defensa de Santiago Peña en el juicio político. Eso (la prórroga) pidió él antes de que sea su abogado. Se le trasladó la demanda ayer a las 10 de la noche, y tener a las 10 de la mañana un juicio, sea político o lo que sea, donde tiene que defenderse contra un libelo acusatorio enorme y contra un montón de pruebas y con un procedimiento que no da ninguna garantía”, indicó el abogado al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación media.

Podés leer: Ante prórroga solicitada por Peña: “Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, dice Núñez

Explicó que recién esta mañana el presidente renunciante se contactó con él para ejercer su defensa y hasta el momento aún no tiene conocimiento de quiénes serán los demás abogados que lo acompañarán en la defensa de Peña.

Por otra parte, Ferreiro advirtió que este proceso podría costarle mucho a Paraguay en los estrados internacionales, así como ocurrieron en otros casos, por el procedimiento indebido que se estaría incurriendo al no permitir la defensa del acusado. Así también, indicó que se debió aceptar la renuncia del presidente.

“Yo creo que el error fue no haberse aceptado la renuncia y pasar a otro capítulo donde se tenía que ocupar del caso la justicia ordinaria. Una vez más es un procedimiento está siendo retorcido y le puede costar muy caro al Paraguay en las instancias internacionales, como le costó con el caso (Fernando) Lugo (presidente destituido vía juicio político en 2012), como el caso Bonifacio Ríos, y otros más. Paraguay ha sido reiteradamente condenado por ese tipo de cosas”, sostuvo.

Te puede interesar: Senadores opositores insisten en que hoy prosiga el juicio político a Peña