El diputado colorado Rodrigo Gamarra rechazó enfáticamente las acusaciones realizadas por el senador liberal Líder Amarilla sobre encabezar supuestamente una “turba” en la Municipalidad de Ypané. El legislador sostuvo que el senador Amarilla, antes de acusarlo debería primeramente explicar aquellos cuestionamientos que lo vinculan a procesos judiciales sobre narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el diputado Gamarra respondió al legislador de la Cámara Alta, aclarando que su presencia en la sede municipal de Ypané, fue en respuesta al llamado de los ciudadanos ypanenses indignados porque las autoridades de este municipio, que son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, habrían consumando ese día una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal.

Teniendo en cuenta que ese día los miembros de la Junta Municipal, sobre todo de la bancada liberal, pretendieron en una sesión sin quórum designar directamente a una intendenta interina que no era ni presidenta, ni vicepresidenta de la Junta Municipal, únicos cargos que pueden asumir el interinato de la Intendencia conforme al procedimiento legal.

“Senador Líder Amarilla, antes de salir a mentir sobre mi persona, debería preocuparse por dar explicaciones sobre por qué su nombre fue mencionado públicamente en un juicio por narcotráfico y por sus vínculos con personas involucradas en esa causa. Eso es lo que la ciudadanía merece que aclare", expresó en su carta abierta publicado en redes.

El diputado colorado se refirió al caso judicial en el que ha sido vinculado el senador Líder Amarilla, salpicado por el caso scanner, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ubicar a un funcionario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para supuestamente traficar sustancias ilícitas.

Ya en pleno juicio, el acusado Luis Servián declaró que se reunió con el senador liberal Líder Amarilla y dos agentes de la Senad. Según su testimonio, el encuentro se habría realizado en el Congreso y el objetivo era hacer un “pedido político” para que dos agentes no fueran removidos de la Aduana. En la misma causa también se investiga un esquema para facilitar el paso de personas o cargas en el aeropuerto, presuntamente con ayuda de funcionarios de seguridad.

Al respecto, el diputado Gamarra, sostuvo que si el senador Amarilla pertenecía a la bancada colorada, muy probablemente hace tiempo ya habría sido sometido al escrutinio público por los antecedentes del caso. “Pero como goza de una conveniente impunidad mediática y la vista al cielo de sus colegas, sigue opinado por sus medio aliados y fungiendo de fiscal de la moral ajena, mientras otros prefieren no hacerle las preguntas incómodas”, sostuvo.

Respecto a lo que Amarrilla señaló hacia su persona, Gamarra indicó que le responde con hechos, asegurando que es absolutamente falso que haya encabezado una “turba de patoteros” para atacar la Municipalidad de Ypané. “Acudí al llamado de ciudadanos indignados el mismo día en que sus correligionarios liberales consumaron una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.

Al respecto, Gamarra explicó el mecanismo de elección del intendente interino, mencionando que cuando el intendente renuncia, la Presidencia de la Junta asume de manera interina. Si el presidente no puede ejercer, lo hace el vicepresidente. Si ninguno de los dos está en funciones, el concejal que corresponda por el orden de prelación no asume la Intendencia.

Señaló que únicamente puede presidir de manera momentánea la sesión para convocar y dirigir la elección de una nueva mesa directiva. Recién una vez electo un nuevo presidente de la Junta, ese presidente puede asumir legalmente la Intendencia en forma interina para culminar el mandato, en este caso.

“Eso fue exactamente lo que ustedes quisieron saltear. Inventaron un mecanismo que la ley no contempla para colocar a dedo a una intendenta interina (MAU), en una sesión sin quórum y violando abiertamente la Carta Orgánica Municipal. Semanas después intentaron sostener ese atropello con otra elección fraudulenta (devuelta sin quorum)”, indicó.

Recordó que en esa sesión que se llevó a cabo esta semana, recurrieron a la violencia premeditada, con grupos organizados que actuaron en respaldo del clan Ortiz, secuestrando, coaccionando y agrediendo autoridades, pretendiendo hacer pasar esa situación como actuación voluntaria.

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Lourdes Ramírez, junto a su esposo Alejandro Ramos, integraron el EPP y fundaron el Ejército de Mariscal López.

Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apo­logía del delito, atentado con­tra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.

De acuerdo con los antece­dentes del caso, la ahora sen­tenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de cla­ses como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audio­visual también se emitían expresiones contra las auto­ridades nacionales legítima­mente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.

Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participa­ción de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.

Ahora, la defensa de la con­denada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.

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Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.

Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.

“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.

“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.

En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.

El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.

Fuente: AFP.