El tribunal de sentencias de San Pedro, integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristhian Duarte, condenó a 29 años de cárcel a Édgar Ramón Florentín, encontrado culpable del hecho punible de homicidio doloso del que resultó víctima Manuel García Mereles.

La agente fiscal Irma Concepción Arias Barreto, de la Unidad Penal de la ciudad de Itacurubí del Rosario, pudo arrimar todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.

La representante del Ministerio Público logró demostrar de manera convincente en juicio oral, la participación del ciudadano hoy condenado en el homicidio ocurrido el 8 de agosto del año 2021, en horas de la noche, en el interior de una granja denominada “Las Mercedes”, del asentamiento con el nombre “Nuclear 15 de Mayo”, distrito de San José del Rosario, departamento de San Pedro.

La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudie y resuelva si corresponde confirmar la sentencia condenatoria para Duarte.

Igualmente si el tribunal de apelación llega a confirmar la sentencia condenatoria, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte.

Podes leer: Imputan a adolescente brasileño que entró a Paraguay con vehículo robado en su país

Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Carlos Hermosilla y Juan Vicente Fretes, condenó a 4 años de cárcel a Eufau Riveros Mascareño, encontrado culpable por tentativa de hurto por intentar sustraer cables subterráneos de la avenida Ñu Guazú.

El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado con varios elementos de prueba, por lo que la pena justa para el procesado es la de 4 años de cárcel.

Te puede interesar: Fiscal acusó a sexagenario por tenencia de cocaína para adicción

La agente fiscal Karen Chaparro Martínez, representó al Ministerio Público en el juicio oral y público. La misma arrimó todo los elementos probatorios para demostrar la responsabilidad del procesado.

La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o decidir que se realice un nuevo juicio oral y público.

El 16 de agosto de 2022, en horas de la noche, Eufau acompañado de otra persona de sexo masculino se encontraba cortando cables subterráneos de la avenida Ñu Guazú, cuando fueron interceptados por personal policial de la Comisaria 12ª que acudió al lugar por llamado al Sistema 911 de un vecino del lugar. En poder del ahora condenado, en el interior de una mochila, se encontró una pinza de color amarillo.

Podes leer: Asunción: colocan tobillera electrónica a hombre que amenazó a su madre

El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Lea más: Causa de mano derecha de Marset no está extinguida

Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

Lea también: Militares refuerzan control en Viñas Cué por esposa de Marset

Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Julio Granada, Letizia De Gásperi y Oscar Rodríguez Masi, condenó a 27 años de pena privativa de libertad a Gustavo García Alarcón, encontrado culpable por feminicidio. La Fiscalía demostró en un juicio oral y público la existencia del hecho y la participación del acusado, quien planeó, de manera premeditada y con excesiva saña apuñalando 15 veces, en plena vía pública, a su expareja.

El agente fiscal de la Fiscalía Zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, fue quien logró la sentencia condenatoria demostrando con elementos probatorios la responsabilidad del acusado en el grave hecho.

Según los antecedentes, la mujer sufría de violencia física y psicológica de forma sistemática y reiterada, previo al suceso trágico que ocurrió aproximadamente a las 07:30 del 20 de abril de 2022 en la localidad de Luque. El hombre, insistiendo en retomar la relación sentimental, propinó múltiples heridas a su expareja, utilizando un arma blanca tipo machetillo.

Asimismo, el hoy condenado intentó autoeliminarse con la misma arma, ocasionándose heridas a la altura del cuello, por lo que posteriormente ambos fueron derivados a un centro asistencial de urgencia, donde se produjo el deceso de la víctima.

Podes leer: Imputan a madre y a supuesta médica por aborto y violencia familiar