En la tarde de este lunes se dio a conocer el pedido de imputación planteado por la fiscala Estefanía González al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y a otros dos exfuncionarios, Martha Regina Benítez y Alcides Alcaraz, todos por lesión de confianza.
La imputación se da en el marco de la investigación por el caso metrobús. La decisión fue asumida por la representante del Ministerio Público luego de tomar declaración indagatoria a los presuntos implicados, que se habría dado en febrero pasado.
El juez Humberto Otazú será el encargado de entender en la causa y quien deberá resolver si acepta o no la imputación planteada por la fiscala González, quien solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, además pidió la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes.
Lea también: Instagram trabaja en un nuevo sistema para clasificar los mensajes directos
Asimismo, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantía una fianza real o personal suficiente, la prohibición de cambiar de domicilio y salir del país sin previa autorización del juzgado de los imputados, según el acta presentada en la tarde de este lunes.
La fiscala González solicitó un plazo de seis meses para presentar requerimiento conclusivo en contra de cada uno de los implicados, ya sea la acusación o el pedido de sobreseimiento. Queda en manos del juzgado resolver el pedido.
Te puede interesar: Incautan 2.180 litros de combustible en un operativo en Vista Alegre
Dejanos tu comentario
Fiscal imputa a directivos de un silo por “desaparición” de 123 carretas de maíz
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alberto Torres, de la unidad zonal de Santa Rita, imputó a cuatro directivos de un silo por supuesta estafa y apropiación de casi 4 millones (3.802.668) de kilos de maíz pertenecientes a una pareja de productores de la citada ciudad. Los procesados son Milton Daniel Meiners Schaefer, Jean Carlo Lazzarotto Menoncin, Daniel Lazzarotto Menoncin y Diógenes Rocha Acnes.
De acuerdo al escrito fiscal, entre el 19 de julio y el 16 de agosto de 2023, las víctimas, Alir Lui y Madalena Brandalise, entregaron al silo Cultivatto S.A., representado por los imputados, un total de 123 carretas de maíz, equivalentes a 3.802.668 kilos netos. El cargamento de granos fue entregado para su secado, no para su venta.
Tras finalizar el servicio de desecación, la pareja solicitó la devolución del maíz, pero los directivos citados ofrecieron un precio para la compra del maíz, pero a muy bajo. Al no llegar a un acuerdo, Lui y Brandalise insistieron en la devolución de las cargas que les pertenecía, pero no hubo tal entrega.
Puede interesarle: Inédito en CDE: realizan trasplantes renales a dos mujeres en Tesãi
Luego procedieron a intentar retirar la carga del silo, pero los productores se encontraron con que los millones de kilos de maíz habían desaparecido del silo. Tras la denuncia y la posterior inspección del silo realizada por la fiscalía, confirmó que el maíz no se encontraba en ninguno de los silos de Cultivatto S.A.
La investigación reveló que los encausados habrían vendido, presumiblemente, el cargamento de maíz a terceros, sin el consentimiento de los propietarios. Además, la inspección fiscal comprobó que el silo no contaba con las garantías de warrants necesarias para almacenar el producto. Ante estas evidencias, el fiscal Alberto Torres imputó a los cuatro directivos por estafa y apropiación. Los procesados quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
Dejanos tu comentario
Ordenan extraer datos de celulares de asistente fiscal, procesado por pedido de coima
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decidió autorizar la extracción de datos de dos aparatos celulares incautados del asistente fiscal de Villa Hayes, Antonio Ramón Petters, y del abogado Raúl Adriano Cardozo, procesados por un supuesto pedido de coima y otros delitos.
Los puntos de pericia son los registros de mensajes de texto, entrantes y salientes, registros de llamadas entrantes y salientes, directorio de contactos, mensajes de voz, o nota de voz, imágenes, fotografías, mensajes entrantes y salientes de WhatsApp y cualquier otro medio de correspondencia o de almacenamiento de información con que cuentan los aparatos telefónicos.
El Ministerio Público cuenta con elementos de convicción en atención a la denuncia recibida, así también a través de las diligencias investigativas realizadas en la presente causa, como ser testimonial de la denunciante, actas de procedimientos, testimonial de los agentes policiales intervinientes, grabaciones y filmaciones de conversaciones telefónicas y reuniones obtenidas con intervención judicial. Surgen suficientes elementos de sospecha sobre la responsabilidad de los hoy procesados, Antonio Ramón Petters Paredes y Raúl Adriano Cardozo Benítez, por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de influencias y resistencia, respectivamente.
Una vez que termine la etapa de investigación se tendrá que presentar el requerimiento conclusivo que puede ser una acusación o una salida procesal al presente caso.
Podés leer: A Ultranza Py: Fiscalía acusa y pide juicio oral para el senador Erico Galeano
Dejanos tu comentario
Preocupa que imputaciones se den solo a intendentes colorados
El Comando de Honor Colorado se reunió este lunes 6 de mayo y abordó diversos puntos, entre ellos, las imputaciones que se están dado únicamente a intendentes colorados por déficit en infraestructura en sus respectivas ciudades. Genera preocupación que jefes comunales de otros partidos políticos no sean sometidos a la justicia por este mismo tipo de hechos, según manifestaron.
“Un tema preocupante es la imputación a intendentes por casos de infraestructura, nos preocupa un poco porque una cuestión que estamos viendo es que parece monocromática porque solamente a los intendentes colorados le están imputando con respecto a estos hechos, es un tema para debate”, expresó Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y miembro del Comando.
González mencionó que desenlaces fatales a causa de sucesos meteorológicos, no se dan únicamente en Paraguay y señaló que incluso Brasil en este momento está sufriendo de inundaciones, por lo cual se debe analizar minuciosamente si realmente amerita la intervención de la justicia en todos los casos.
Lea también: Preparan proyecto para extender acción de la FTC en la zona sur del país
“Estoy de acuerdo de que en lugares críticos se tienen que hacer trabajos y es lo que corresponde, pero en este caso de Luque ese lugar nunca fue crítico sino que por la cantidad de lluvia se dio esa situación. Al margen de eso, lo único que pedimos es que a todos se les mida con la misma vara porque sino es una cuestión de colores nada más”, sostuvo.
Desde el Comando advierten que estas imputaciones propician connotaciones políticas en algunos sectores, por lo que se debe tener cuidado y cuestionaron que jefes comunales de otros partidos políticos, no fueron imputados pese a que en sus distritos, también se produjeron hechos de grave magnitud debido a la falta de infraestructura adecuada para soportar las intensas lluvias.
“Yo vi situaciones que se dieron en Limpio y no pasó absolutamente nada. Días antes de la imputación al intendente de Lambaré, los jefes comunales colorados pidieron una reunión con el presidente del partido, advirtiendo de esta situación, que de darse una imputación de esta manera como iba a afectar a los colorados”, dijo González.
Le puede interesar: Diputados abordará reforma de la Policía Nacional en sesión extraordinaria
Asimismo, refirió que esto puede significar un peligro para los administradores, dado que puede ir escalando e ir hacia gobernadores, ministros e incluso al presidente de la República. “Por eso hay que tener cuidado”, afirmó a la 1080 AM. Por otro lado, el Comando también abordó la posibilidad de plantear algunas cuestiones para la reforma del Código Electoral y sobre una reunión en la Junta de Gobierno para analizar proyectos que lleva adelante el gobierno nacional.
Dejanos tu comentario
Hugo Fleitas ratificó derecho a sancionar a miembros del PLRA
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ratificó el derecho que posee tanto él como el Directorio del partido para sancionar a miembros de la nucleación política, del mismo modo en el cual lo hicieron con los senadores Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López.
“Cuando hablábamos con ellos, dijimos que necesitaban demostrar el compromiso con el pueblo que lo eligió. Por eso es que en los meses posteriores hablamos del derecho de cualquier institución a actuar como lo hicimos”, refirió el titular de la organización política liberal.
Lea más: Comisión del Senado analizó pedido de traslado de sede del Indi
Los camaristas electorales Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez habían emitido una resolución dejando sin efecto la suspensión del PLRA aplicada sobre los cuatro senadores, por lo cual el equipo jurídico del partido elevó una denuncia por prevaricato contra los camaristas.
“Para nosotros, se cometió prevaricato porque le había dado un trámite de riesgo y solo durante o previamente a las elecciones se puede dar esa figura jurídica”, refirió el presidente del PLRA a la 1000 AM sobre el caso de la suspensión a los cuatro senadores.
Lea también: Desestiman denuncia de presidente del PLRA contra camaristas electorales
Recordó que los camaristas electorales habían sido denunciados para que se aparten del caso de la suspensión decidida por el Directorio del PLRA, en calidad de afiliados, a los cuatro senadores mencionados. Una vez que estos se apartaron, Fleitas aclaró que la denuncia había sido retirada.
La aclaración del presidente del Partido Liberal se enmarca luego de la desestimación del juez Humberto Otazú sobre la denuncia presentada por el PLRA sobre los camaristas por haber dejado sin efecto la suspensión inicial adoptada por los miembros del Directorio del partido.
“El mismo equipo jurídico del PLRA retiró la denuncia de prevaricato. Ahora, lo que decidió posteriormente la Convención liberal, al expulsar a los senadores, no tiene nada que ver con lo que decidió el juez Otazú sobre este tema”, declaró Fleitas, ratificando el derecho a la suspensión.