En la tarde de este lunes se dio a conocer el pedido de imputación planteado por la fiscala Estefanía González al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y a otros dos exfuncionarios, Martha Regina Benítez y Alcides Alcaraz, todos por lesión de confianza.
La imputación se da en el marco de la investigación por el caso metrobús. La decisión fue asumida por la representante del Ministerio Público luego de tomar declaración indagatoria a los presuntos implicados, que se habría dado en febrero pasado.
El juez Humberto Otazú será el encargado de entender en la causa y quien deberá resolver si acepta o no la imputación planteada por la fiscala González, quien solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, además pidió la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes.
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Asimismo, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantía una fianza real o personal suficiente, la prohibición de cambiar de domicilio y salir del país sin previa autorización del juzgado de los imputados, según el acta presentada en la tarde de este lunes.
La fiscala González solicitó un plazo de seis meses para presentar requerimiento conclusivo en contra de cada uno de los implicados, ya sea la acusación o el pedido de sobreseimiento. Queda en manos del juzgado resolver el pedido.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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Metrobús: Corte rechaza chicanas de Wiens y confirma a los jueces
La defensa del imputado recusó sin fundamentos a dos integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar las recusaciones promovidas por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y confirmó la competencia de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón para continuar interviniendo en el proceso penal que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del fallido proyecto metrobús.
La decisión fue adoptada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, quienes concluyeron que los planteamientos presentados por la defensa carecían de fundamentos legales suficientes para apartar a los integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos. Con esta resolución, el máximo tribunal despeja uno de los principales obstáculos que mantenían demorado el análisis de la causa en segunda instancia.
ARGUMENTOS SIN REQUISITOS
Las recusaciones fueron promovidas por el abogado Federico Huttemann, representante legal de Wiens, quien solicitó el apartamiento de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón. Según la resolución de la Corte, los argumentos expuestos no reunían los requisitos previstos por la legislación para justificar la separación de los magistrados del conocimiento del expediente.
Con esta estrategia procesal, la defensa buscaba dejar momentáneamente sin integración a la Cámara de Apelaciones encargada de estudiar el caso, lo que habría generado una postergación en la resolución de los recursos pendientes y, en consecuencia, un retraso en el avance del proceso penal.
SE FORMULA LA IMPUTACIÓN
La causa contra el exministro se inició el pasado 13 de febrero, cuando los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación en su contra por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, atribuyéndole responsabilidad en calidad de autor por supuestas irregularidades vinculadas al proyecto metrobús durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El requerimiento fiscal fue recibido por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Humberto Otazú el 4 de marzo. Sin embargo, cinco días después la defensa presentó una serie de incidentes procesales cuestionando la validez de la admisión de la imputación, recursos que quedaron pendientes de resolución.
Tras el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el expediente volverá a manos de la Cámara Especializada en Delitos Económicos, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y José Waldir Servín, quienes deberán pronunciarse sobre la legalidad de la admisión de la imputación y permitir que la investigación continúe conforme a las etapas previstas en el proceso penal.
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Imputan a un grupo de cinco personas por coacción sexual, rapto, robo y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N.º 9 de Ciudad del Este, inició proceso contra cinco personas (tres hombres y dos mujeres), por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación, privación de libertad y extorsión agravada. La víctima es un joven de 26 años, de nacionalidad paraguaya.
Uno de los imputados es Edson Andrade Pimenta Sobrinho (57), de nacionalidad brasileña y está detenido con pedido de prisión preventiva. Los otros cuatro procesados son paraguayos y están prófugos.
La causa investigada tiene que ver con los hechos ocurridos el 6 de julio de 2026, alrededor de las 15:00, en un inquilinato del barrio Acaray de Ciudad del Este.
El denunciante contó que acudió al lugar para mantener un encuentro previamente acordado con una mujer, con quien había establecido contacto a través del celular.
Ya estando en la habitación, la mujer habría iniciado una agresión y generó un altercado con el hombre, situación que fue aprovechada por los supuestos cómplices para ingresar al sitio, reducir al joven y retenerlo contra su voluntad.
Posteriormente, lo habrían agredido físicamente y sometido sexualmente, mientras registraban el hecho en un video.
De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, tras consumar la agresión, los presuntos autores utilizaron un arma de fuego y la grabación, para amenazar a la víctima con difundir las imágenes, si no accedía a sus exigencias. Asimismo, habrían obtenido las claves de acceso del teléfono y realizaron extracciones y transferencias de dinero a sus cuentas bancarias.
Luego de todo eso, la víctima fue liberada con la previa advertencia de no denunciar lo ocurrido, porque si lo hacía, el vídeo sería divulgado. Sin embargo, el afectado acudió a la subcomisaría 54 para denunciar el hecho.
Personal policial fue hasta el lugar y aprehendió a unos de los involucrados, el ciudadano brasileño, quien había permanecido en el lugar.
El Ministerio Público dispuso la inspección médica forense de la víctima, cuyo informe constató lesiones físicas compatibles con la denuncia presentada.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía y la emisión de órdenes de captura contra los cuatro ciudadanos paraguayos que permanecen prófugos.
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Fiscalía imputa al representante de Alpha College por presunta utilización indebida de marcas
El Ministerio Público formuló imputación contra Jaime José Benítez Domínguez, presidente y representante legal de Alpha Sociedad Anónima, firma propietaria de Alpha College Paraguay, por la presunta comisión del hecho punible de violación de los derechos de marca, en el marco de una investigación relacionada con el supuesto uso no autorizado de signos distintivos vinculados a la Universidad Americana.
La causa fue impulsada a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial S.A.E. (INCADE S.A.E.), titular de los registros marcarios asociados a la Universidad Americana, que sostiene que la autorización contractual para la utilización de dichas marcas expiró el 1 de enero de 2023.
De acuerdo con el acta de imputación, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes de sospecha para sostener que Alpha College habría continuado utilizando, sin autorización vigente, denominaciones comerciales, elementos gráficos, tipografías y referencias institucionales asociadas a la Universidad Americana, incluso presentándose públicamente como “Alpha College – Colegio de la Universidad Americana”.
La representación fiscal sostiene que la continuidad en el uso de estas referencias podría haber generado en estudiantes, padres y consumidores la percepción de una vinculación institucional o comercial que, según la parte denunciante, había dejado de existir tras la conclusión de la relación contractual entre las partes.
Entre los elementos incorporados a la investigación figuran contratos suscritos entre las instituciones involucradas, certificados de registro y renovación de marcas, actas notariales, capturas de pantalla de plataformas institucionales, intimaciones formales remitidas a la institución educativa e informes técnicos especializados elaborados durante la pesquisa.
Según la imputación, uno de los informes periciales concluye que existen indicios suficientes sobre la presunta comisión de hechos relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual, reforzando la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público.
La conducta atribuida fue calificada provisoriamente como violación de los derechos de marca, hecho previsto y sancionado por el artículo 184 del Código Penal paraguayo.
La agente fiscal Myriam Rodríguez Quiñónez, titular de la Unidad Especializada en Propiedad Intelectual y Contrabando, solicitó además un plazo de seis meses para la realización de diligencias complementarias y la posterior presentación del requerimiento conclusivo.
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Asimismo, el Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, la prohibición de salida del país y la prestación de caución personal o real.
La causa quedó radicada ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de la Capital, a cargo del magistrado José Agustín Delmás Aguiar.
Cabe señalar que la imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad, correspondiendo exclusivamente a la autoridad judicial determinar, mediante resolución firme, la eventual existencia de responsabilidad penal.