En la tarde de este lunes se dio a conocer el pedido de imputación planteado por la fiscala Estefanía González al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y a otros dos exfuncionarios, Martha Regina Benítez y Alcides Alcaraz, todos por lesión de confianza.
La imputación se da en el marco de la investigación por el caso metrobús. La decisión fue asumida por la representante del Ministerio Público luego de tomar declaración indagatoria a los presuntos implicados, que se habría dado en febrero pasado.
El juez Humberto Otazú será el encargado de entender en la causa y quien deberá resolver si acepta o no la imputación planteada por la fiscala González, quien solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, además pidió la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes.
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Asimismo, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantía una fianza real o personal suficiente, la prohibición de cambiar de domicilio y salir del país sin previa autorización del juzgado de los imputados, según el acta presentada en la tarde de este lunes.
La fiscala González solicitó un plazo de seis meses para presentar requerimiento conclusivo en contra de cada uno de los implicados, ya sea la acusación o el pedido de sobreseimiento. Queda en manos del juzgado resolver el pedido.
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Conmebol: prosigue el carnaval de chicanas de Miguel Ángel Zaldívar
El presidente del banco Atlas, imputado por lavado de dinero, volvió a cuestionar la determinación del juez Humberto Otazú.
El proceso judicial vinculado a un presunto esquema de lavado de dinero que salpica a figuras ligadas al entorno financiero y a operaciones relacionadas con la Conmebol arrastra desde hace meses una serie de maniobras dilatorias que han impedido avances sustanciales en la causa. Desde la imputación inicial del Ministerio Público, los acusados han recurrido sistemáticamente a recursos legales con el objetivo de frenar el curso normal del proceso.
En ese contexto, el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero, volvió a cuestionar la determinación del juez Humberto Otazú, quien fijó para el próximo 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares. La causa, que investiga movimientos financieros sospechosos y posibles conexiones con estructuras utilizadas históricamente para canalizar fondos irregulares en el fútbol sudamericano, ha generado alta expectativa pública por la relevancia de los involucrados.
Sin embargo, lejos de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos, la defensa de los imputados insiste en una estrategia que ya se volvió recurrente: la judicialización paralela mediante recursos que buscan dilatar los plazos. En la misma línea de Zaldívar, los procesados Eleno Martínez, José Páez, Celio Thunnuli y Jorge Vera presentaron incidentes y recursos con el claro objetivo de suspender la audiencia prevista.
El argumento central de estas presentaciones es la existencia de un recurso extraordinario de casación pendiente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de un Tribunal de Apelación que confirmó la validez de la imputación. No obstante, especialistas coinciden en que este tipo de recursos no debería frenar etapas claves del proceso, como la imposición de medidas cautelares, lo que refuerza la percepción de una estrategia dilatoria.
Este “carnaval de chicanas”, como ya es calificado en ámbitos judiciales, no hace más que profundizar esta práctica reiterada.
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Imputan a un militar y un personal de DNIT por agresión física y privación de libertad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace cinco meses circulaba en redes masivamente un vídeo donde se veía en la zona primaria de Ciudad del Este a personal del Área Naval del Este y a un funcionario aduanero agrediendo, aparentemente, a dos personas. Sobre el caso, el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, presentó imputación contra un agente del Área Naval del Este y un funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El proceso es por los presuntos hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas y privación de libertad, atribuidos a ambos en calidad de autores. El fiscal requirió la aplicación de medidas alternativas, solicitando la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva mediante el cumplimiento de reglas de conducta.
Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en la zona primaria aduanera, en la cabecera del Puente de la Amistad de Ciudad del Este, en el carril de ingreso al país. En esa ocasión, durante un control rutinario, los intervinientes procedieron a la inspección de un vehículo conducido por un hombre mayor, quien se encontraba acompañado de su hijo de 14 años.
El escrito de imputación refiere que al momento de la verificación se produjo un forcejeo, ocasión en que el militar habría utilizado la fuerza, agrediendo al conductor con la intención de sacarlo del habitáculo del rodado.
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Ante esta situación, el adolescente de 14 años intentó defender a su padre, momento en que el interviniente lo habría sujetado del cuello y le habría propinado un golpe de puño en la cabeza, a la altura del oído; posteriormente, lo habría tomado del cabello y nuevamente sujetado del cuello, presionando con fuerza.
Asimismo, durante el forcejeo, el funcionario de la DNIT habría ingresado al habitáculo del vehículo por la puerta del acompañante, lanzando golpes y actuando con violencia, arrojando al conductor fuera del rodado.
Posteriormente, el hombre objeto del control aduanero y supuesta agresión, fue aprehendido por el personal del Área Naval, con apoyo de otros intervinientes, y trasladado hasta la Base Naval, donde habría permanecido privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00.
La imputación se sustenta en elementos colectados como el acta de intervención policial, acta de incautación, informes y notas institucionales, registros fotográficos y fílmicos del procedimiento, declaraciones testimoniales del afectado y del adolescente de 14 años, evaluación psicológica del menor e informe médico, entre otros.
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Hermano de excomandante policial, imputado por presunto abuso a adolescente en San Pedro
Leonardo Machado Orihuela, hermano del excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado Orihuela, se encuentra imputado y con prisión preventiva tras ser denunciado por un supuesto caso de abuso sexual contra una adolescente en el departamento de San Pedro.
El caso salió a la luz en enero pasado, en la localidad de Villa del Rosario, donde la familia de una joven de 17 años lo acusa de haber cometido reiterados abusos entre diciembre y enero.
De acuerdo con la denuncia, la víctima trabajaba como empleada doméstica en la vivienda del procesado, circunstancia que habría sido aprovechada para perpetrar los hechos. La abogada de la familia, Gisselle Auada, sostuvo que incluso la esposa del acusado habría tenido conocimiento de la situación sin intervenir.
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Siempre según la versión de la parte denunciante, Machado habría intentado evitar que el caso trascienda ofreciendo inicialmente una vaca lechera y posteriormente la suma de G. 50 millones a cambio de silencio, propuestas que fueron rechazadas.
Tras la formalización de la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, el fiscal Walter Melo Acosta resolvió imputarlo por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación.
El vínculo familiar con un exjefe policial genera preocupación en el entorno de la víctima, que teme eventuales influencias en el proceso. Por ello, la defensa solicitó celeridad en la causa y pidió que se avance hacia la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.
Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada, en Asunción, mientras prosiguen las diligencias del Ministerio Público.
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Intento de feminicidio: un argentino habría golpeado e intentado envenenar a su esposa
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un ciudadano argentino de 64 años fue denunciado por su esposa por haberla agredido físicamente y haber intentado matarla mesclando veneno para ratas con el alimento. Ocurrió el 22 de marzo, a las 23:00, en una vivienda del barrio María Auxiliadora, de Presidente Franco.
La víctima tiene una pierna con prótesis y en esas condiciones debió enfrentar y zafarse de los golpes de su pareja. El fiscal Alberto Torres, de la Unidad Penal 3, presentó imputación contra el supuesto agresor, por los hechos punibles de violencia familiar y tentativa de feminicidio.
Según la investigación fiscal, la noche del hecho denunciado, el hombre habría irrumpido en el dormitorio de su pareja, de 57 años, y la habría agredido físicamente con golpes de puño en el rostro y en diversas partes del cuerpo, causándole lesiones.
La víctima, quien posee una prótesis en la pierna lo que limita su capacidad de defensa, pudo escapar de su agresor y pedir auxilio a una vecina y al Sistema 911 de la Policía Nacional. Agentes policiales pudieron llegar hasta la casa en forma inmediata y procedieron a la aprehensión del presunto agresor.
La mujer manifestó también al personal policial que su pareja habría mezclado veneno para ratas con su comida, con el propósito de causarle la muerte y apoderarse de su herencia. Asimismo, denunció haber recibido las amenazas de muerte por parte del hombre, que fueron reiteradas.
La Fiscalía sustenta la imputación en elementos de sospecha como el acta de recepción de un frasco de veneno, el informe médico forense y la declaración testifical de la víctima. Ante la gravedad de los hechos, la elevada expectativa de pena privativa de libertad y el peligro de fuga, el agente de Ministerio Público solicitó la prisión preventiva.