El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos aseguró que nunca ordenó la suspensión de la ejecución de alguna condena en la sala constitucional. Esta declaración la realizó ante una acusación realizada por el ministro e integrante de la sala penal Manuel Ramírez Candia, quien manifestó que no se pueden ejecutar las condenas porque los sentenciados recurren a la sala constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad a fin de evitar el cumplimiento de la condena.
Ríos enfatizó que no se registró ninguna prescripción ni extinción a raíz de algún fallo que estaba pendiente en la sala constitucional.
Igualmente, el alto magistrado dio a conocer cifras de expedientes que ingresaron a la sala constitucional: desde el 2019 hasta el 2023 hubo un total de 12.593 expedientes. De esa manera, los detalles por año indican que en el 2019 entraron 3.076 expedientes; en el 2020, 3.022 documentos; en el año 2021, 3.301 expedientes; en el 2022, 3.204 documentos y hasta la fecha en el 2023, 539 expedientes judiciales.
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El ministro Ríos indicó que en el año 2022 hubo 419 resoluciones de expedientes penales, de los cuales 17 son acuerdos y sentencias y 6 documentos de lugar a la acción y 11 de rechazo. Sobre las excepciones de inconstitucionalidad tuvieron 125 acuerdos de sentencias, todos fueron rechazados en el 2022.
Además, hubo 277 rechazos in límine. Finalmente, dijo que del año 2021 al 2022 se registró un aumento del 31% con respecto a los autos interlocutorios y 27% con respecto a los acuerdos y sentencia. Con relación a los acuerdos y sentencias del pleno se observó un incremento del 167%.
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.
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Por paro docente, no habrá servicio de alimentación escolar este lunes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa a la ciudadanía que este lunes, 9 de noviembre, no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.
Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para mañana a una manifestación y a la paralización total de las actividades escolares.
Docentes asociados de la UNE-SN, FECI, FEP y OTEP- A se movilizarán para exigir al Gobierno garantías para la protección de los fondos públicos y jubilatorios; la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal, los 350 millones de dólares del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.
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Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones recibidas de las instituciones educativas a través de correos electrónicos y las consultas realizadas mediante los grupos de WhatsApp, de las que se desprende que una amplia mayoría se adherirá a la medida de fuerza.
“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.
Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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