La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal por enriquecimiento ilícito que enfrenta el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo, acusada por lavado de dinero. La máxima instancia judicial declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Díaz Verón.
Con la resolución de la Sala Penal de la Corte, queda firme la competencia del tribunal de sentencia integrado por los magistrados Cándida Fleitas, Víctor Alfieri y Alba González, quienes tendrán a su cargo juzgar a los dos acusados en el presente caso.
El juicio oral y público está fijado para este miércoles 22 de febrero y se espera que se puede iniciar tras varios intentos fallidos de comenzar la audiencia oral.
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Acusación
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone a hasta 10 años de cárcel por el delito mencionado.
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Seis excolaboradores de Prieto admiten presunto desvío de G. 757 millones
Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.
El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.
La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.
Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.
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Piden prisión de joven que agredió a su expareja en su trabajo y en la calle
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar N.° 1 de Ciudad del Este, solicitó la prisión preventiva de un joven de 25 años, a quien imputó por el hecho punible de violencia familiar.
El joven habría herido a su ex pareja con un bolígrafo en el ojo en medio de una discusión y luego la maltrató cuando fue a buscar a su hijo.
Según el escrito fiscal, el primer episodio de agresión se produjo el 18 de julio de 2026, alrededor de las 16:50, en un local comercial del barrio San Roque de Ciudad del Este.
La víctima se encontraba en el lugar, donde se desempeña como empleada, cuando llegó su expareja y en forma prepotente le exigió la firma de un pagaré, argumentando que necesitaba un documento que avalara el aporte económico que realiza para la hija que tienen en común.
Sin embargo, la mujer se negó a firmar el documento, situación que habría provocado el enojo del hombre, quien supuestamente la atacó con un bolígrafo que tenía en su poder, causándole una lesión en la zona del ojo izquierdo. Al no conseguir lo que buscó, se retiró el lugar.
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Más tarde, cerca de las 18:30, la víctima acudió hasta el domicilio del ahora imputado para retirar a su hija pequeña, quien se encontraba al cuidado de su padre, pero se habría negado a entregarle a la niña y cerró el portón de la vivienda.
Ante lo ocurrido, la mujer llamó al Sistema 911 de la Policía Nacional, pero el hombre se dio cuenta y salió del inmueble para dirigirse a ella y despojarla del teléfono celular para tirarlo a la calle empedrada, destruyendo el aparato telefónico. La víctima intentó recoger el aparato, ocasión en que su expareja la empujó, según la denuncia.
Luego, el hombre ingresó nuevamente a la vivienda con la niña en brazos, mientras que la mujer acudió hasta la comisaría para presentar la denuncia. Minutos después el personal policial llegó hasta el lugar y aprehendió al joven.
La fiscal Liliana Duarte reunió diversos elementos relacionados con el hecho y al denunciado para iniciar el proceso penal en su contra. Además, solicitó su prisión preventiva, considerando la gravedad de la conducta investigada y la alta expectativa de pena carcelaria.
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IPS e industria farmacéutica acuerdan acciones para garantizar medicamentos
El presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, informó que la previsional está trabajando con la industria farmacéutica a fin de establecer acciones tendientes a garantizar la disponibilidad de medicamentos para los asegurados.
El responsable de la previsional se refirió a la actual situación financiera y de medicamentos este lunes, acompañado del asesor de Presidencia, Carlos Pereira; de la gerente de Abastecimiento y Logística, Cecilia Rodríguez y del titular de Cifarma, Hernán Streber, durante una conferencia de prensa realizada en la sala de Consejo del IPS.
El presidente de Cifarma, Hernán Streber, explicó que la firma está trabajando en la mesa de trabajo desde hace 15 días, para lograr que los pacientes tengan cero necesidad de medicamentos y tengan al día en la farmacia de la previsional.
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Destacó que requieren de un proceso de previsibilidad financiera y de la necesidad de la previsional, con lo que se podrá evitar los quiebres de remedios. Dijo además que los dos puntos son fundamentales para que la empresa pueda fabricar los fármacos que requieren de 48 días en el proceso de elaboración y control para la entrega posterior. Mediante el equipo multidisciplinario que integra la mesa de trabajo, pueden trabajar juntos para proveer los medicamentos.
A su vez, la gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, informó que cuando asumió el cargo en la institución se encontró con 57 % del vademécum de medicamentos y que actualmente cuentan con 513 del listado total que deben comprar de manera permanente y el pico máximo iba a llegar al mes de julio.
Resaltó que mediante el trabajo constante consiguieron el 93 % de la cobertura contractual, lo que significa que se están acercando al 100 % del vademécum, por lo cual insisten en que la planificación debe hacerse de manera correcta, en tiempo y forma y como mínimo, 9 meses antes.
Indicó que están trabajando con Laboratorio Cifarma para regularizar los pedidos y las órdenes de compra. Mencionó que en años anteriores y sobre todo el año pasado, bajaban medicamentos por G. 220 mil millones. Remarcó que atendiendo a que en este ejercicio se exige la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria, bajaron medicamentos solamente por G. 60 mil millones y la diferencia es muchísima, resaltó.
Regularizar órdenes de compra
Cecilia Rodríguez puntualizó que ahora empezarán a regularizar la solicitud de órdenes de entrega. “Por eso estamos trabajando con Cifarma, de manera a darle previsibilidad de lo que va a pedirle el IPS. El objetivo es comprar todos los medicamentos y evitar el quiebre del stock", dijo. A su vez, el Dr. Isaías Fretes informó que desde hace más de un mes están trabajando con el equipo financista y hace 8 días se incorporó Carlos Pereira, informó del ente.
Planificación financiera
A su vez, el asesor de Presidencia, Carlos Pereira, informó que están trabajando coordinadamente con la administración financiera, la gerencia de Abastecimiento y Logística, como también con las instituciones bancarias con las que el IPS tiene los compromisos calendarizados para lo que resta del año y a mediano y largo plazo.
Explicó que en virtud a la planificación, mediante la buena predisposición de los bancos, están reprogramando los flujos financieros y las cuotas hacia adelante, a fin de encontrar un punto de inflexión que signifique el equilibrio financiero en mediano plazo, que asegure que la gerencia de Abastecimiento y Logística no solamente tenga el stock mínimo asegurado, sino que tenga la contención y la visión hacia delante de no resquebrajar ese stock.
Aseveró que la planificación se realiza con la máxima prudencia con la farmacéutica, de manera que también pueda visualizar los flujos de caja que el IPS está proyectando hacia adelante y encontrar esa reprogramación y el recalendario va permitir ordenar las finanzas del IPS y poder tener tiempo para planificar mejor las compras hacia el futuro y sobre todas las cosas, encontrar el equilibrio para el fondo de salud, puntualizó el asesor Pereira.
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Comisarías de oro: piden a la Corte integrar la cámara de apelación en causa penal de Filizzola
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.
Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.
En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.
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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.
La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.
Caso Helicópteros
Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.