La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y el camarista Gustavo Ocampos, destrabó el proceso penal por prevaricato que soporta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien fue procesada por haber entregado irregularmente 310 mil hectáreas de tierras a empresas extranjeras que serían off shore.

Los altos magistrados decidieron que el camarista del Tribunal de Apelación Cuarta Sala de la capital Arnulfo Arias integre la cámara de apelación, que deberá estudiar las chicanas presentadas por la defensa de la exmagistrada.

Con la resolución de la Sala Penal de la Corte, el tribunal de apelación quedó conformado con Cristóbal Sánchez, quien tendría amistad con Rodolfo Irún, padre de la exjueza; Agustín Lovera Cañete y Arnulfo Arias. Los mismos tendrán que estudiar la apelación en subsidio contra la admisión de la imputación que presentó la defensa de Irún. Una vez que se resuelva dicho incidente, el juez Yoan Paul López deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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El 31 de enero del 2022, la fiscal Natalia Fuster imputó a la Irún por prevaricato a raíz de que había cedido 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay, Chaco, a empresas de maletín, siendo esta zona de seguridad fronteriza.

Para seguir recolectando más elementos probatorios, el Ministerio Público solicitó más tiempo para continuar con el presente caso y solicitó el sobreseimiento provisional, por lo que la fiscala tendrá un año para juntar más elementos de prueba contra la exjueza.

JEM y Corte

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió destituir de sus funciones a la jueza Irún tras encontrarse irregularidades en la actuación de la misma. Igualmente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la reconsideración presentada por Irún y ratificó la destitución por mal desempeño de sus funciones de la exjueza en lo Civil y Comercial.

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