Cuando María Moskaliova tenía 12 años, hizo un dibujo de unos misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño de pie junto a una de Ucrania. “No a Putin y la guerra”, escribió sobre la bandera rusa. Moscú acababa de invadir el país vecino, y el dibujo antiguerra cambió para siempre la vida de la niña, llevándola a ella y su padre soltero, Alexéi, por una ruta de separación, encarcelamiento y exilio.

La directora contactó a las autoridades de la pequeña ciudad de Yefremov, al sur de Moscú, donde vivían los Moskaliov, y rápidamente llegaron la policía y los servicios de seguridad. Alexéi comentó que la policía le mostró el dibujo de María por primera vez. Él sostuvo que no habían hecho nada de malo. “¿Qué tiene eso de delictivo?”, preguntó a la policía. “Mi hija y yo no estamos en guerra contra Ucrania y su pueblo”.

La policía amenazó con quitarle la patria potestad y examinó sus perfiles en redes sociales, donde encontró comentarios críticos de la guerra. Alexéi sacó a María de la escuela, esperando que los dejarían en paz. Pero meses después fue puesto en arresto domiciliario y luego sentenciado a dos años de prisión por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” por sus comentarios en redes sociales.

Intentó huir, pero fue atrapado en Bielorrusia y devuelto a Rusia. “Pasé por cinco prisiones”, comentó Alexéi, de 58 años. Dice que sufrió presión, abuso y celdas de castigo, pero lo más difícil fue la separación de su hija, a quien crió solo desde sus tres años.

Rusia intensificó la represión de sus críticos tras invadir Ucrania en febrero de 2022. Pero la separación de Moskaliov de su hija como castigo por criticar la guerra causó impacto en el país. El Kremlin ha defendido el caso, y calificó a Moskaliov como un padre “”deplorable". Tras la detención de Alexéi en 2023, María fue llevada a un albergue donde estuvo un mes, separada del mundo exterior.

“Estaba completamente aislada”, recordó María, ahora de 16 años. “No sabía a quién preguntar sobre lo que estaba pasando”. Cuando Alexéi intentó huir del país, las autoridades le dijeron a María que “su padre la abandonó”. Eventualmente se fue a vivir con su madre, luego de que las autoridades la convencieron de recibirla. La separación fue dolorosa para Alexéi. Semanas después de su captura en Bielorrusia, recibió una carta de su abogado informando que María estaba a salvo.

Recordó cómo otro preso intentó matarlo, un ataque que cree orquestado por las autoridades carcelarias. Su compañero de celda era un mercenario de Wagner que intentó convencerlo de combatir en la guerra. Cuando Alexéi se negó, intentó estrangularlo de noche. “Logré liberarme, pero sufrí heridas en la cabeza, había sangre, me golpeó la cabeza en la cama metálica”.

Las semanas que pasó en la celda de castigo fueron intolerables. “Para mí era una celda de tortura”, dijo. “Era horriblemente frío. Nos despertaban a las cinco y apagaban las luces a las nueve, y todo este tiempo tenía que estar de pie y moverme para no congelarme”, contó De noche tenía que cubrirse fuertemente para evitar mordeduras de ratas.

Alexéi pudo reencontrarse con su hija tras ser liberado de prisión en octubre de 2024, pero le quedó claro que la policía no lo iba a dejar en paz. Poco después, él y su hija partieron a Armenia. Querían ir a Alemania, pero ese país endureció sus reglas de asilo. Pasaron un año y medio esperando las visas alemanas, pero nunca llegaron. Al final, Francia los recibió.

Viven desde marzo en Estrasburgo, donde han buscado rehacer sus vidas. María intenta aprender francés para poder concluir la escuela. Dice querer entrar en la política. “Realmente espero que las cosas en Rusia mejoren”, comentó la adolescente. Ninguno de los dos lamenta haber hablado contra la guerra. “Mis convicciones valen más para mí que cualquier riqueza en el mundo”, declaró Alexéi.

Fuente: AFP.

El Congreso de Honduras reformó el lunes el Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio en este país que cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina. Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en 17 países latinoamericanos evaluados, con 4,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas. En la reforma aprobada por el Congreso, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero “cuando existan circunstancias agravantes”, la “pena podrá oscilar entre 30 y 40 años”, señaló el Parlamento en una nota de prensa.

Además, en “contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima”, la sentencia “podrá alcanzar hasta 60 años de prisión”, agregó. “El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (...). Este es un instrumento para que se haga justicia”, dijo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.

La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres. Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, dijo a la AFP que “el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas”, sino cuando “se evita que sucedan los femicidios”. “No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia”, lamentó la activista, al denunciar que un 90 % de los femicidios quedan en la impunidad.

Fuente: AFP.

Sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad.

El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caba­llero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospe­choso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

El interventor de la peniten­ciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario. A raíz de la denuncia, los agentes consul­taron a personal técnico de los departamentos de Anti­narcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.

Ante esa situación, los efec­tivos policiales, con el apoyo de personal militar, proce­dieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el obje­tivo de localizar el aparato electrónico además de ubi­car a la persona responsable de operarlo.

Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de segu­ridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispo­sitivo. No obstante, las autori­dades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situa­ción, mientras se mantienen atentos ante cualquier nove­dad relacionada con el caso.

El joven docente Elián Bracho ha creado una contracartografía para visibilizar los nombres toponímicos, geográficos e hidrográficos de la comunidad de Beterete Cué, que forma parte del distrito de Nanawa desde el año 2021, en el departamento de Presidente Hayes. A la par, el creador de contenido trabaja en la primera obra escrita sobre su historia para preservar relatos, fotos y tradiciones.

La contracartografía es la técnica de crear mapas que busca mostrar el espacio desde la perspectiva de las personas y comunidades que lo habitan. Su intención es cuestionar las representaciones comunes del territorio y hacer visibles experiencias, conflictos o realidades que muchas veces no aparecen en los mapas tradicionales.

La contracartografía pertenece principalmente al área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), con un fuerte énfasis en los derechos territoriales y los derechos de los pueblos indígenas. Este suceso es probablemente el primer caso de contracartografía en el Paraguay, donde una comunidad y un escritor se unen para luchar contra el aislamiento geográfico.

Elián Bracho cuenta que esta comunidad en mapas actuales (como Google Maps) el lugar aparece con nombres erróneos como, por ejemplo, el riacho Paloma o el riacho Negro están escritos como río Pilcomayo y que esto ocasiona que los pobladores de la zona o las generaciones actuales de la comunidad desconozcan y llamen nombres erróneos.

En la investigación de Bracho de cartografías antiguas como las de Gásperi, por ejemplo, se mencionan algunos afluentes o nombres incompletos (como, por ejemplo, la isla Banco Montaner aparece con el nombre de Isla Jhoby como parte de Asunción, pero Beterete Cué), pero no aparece el riacho Paloma.

Este suceso es uno de los tantos acontecimientos que Elián Bracho (quien propone y lidera) con la comunidad de Beterete Cué llamado: “Renacer betereteño” con el fin de visibilizar al lugar, debido al aislamiento geográfico que presentan que les generan dificultades para desplazarse en otras áreas del País, mencionando que en el lugar no hay calles en buen estado y no existen medios de transporte en el lugar por lo que los pobladores se ven obligados a tener movilidad propia para desplazarse.