Un Tribunal de Sentencia condenó a 28 años de pena privativa de libertad a Martín Ariel Zeballos Martínez y a Fabrizio José Maldonado Giménez, encontrados culpables por el homicidio del exdirector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.

El juez Darío Báez indicó sobre la gravedad del hecho, que no solo puso en riesgo la vida de la víctima, sino también la de su esposa, del padre e hijas, quienes se encontraban presentes en el momento del crimen. El colegiado consideró que las balas pudieron haber causado más víctimas, lo que acentuó la gravedad del hecho.

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Asimismo, se aplicó una medida de seguridad de 8 años de cárcel para Zeballos Martínez, debido a informes psicológicos que indicaron impulsividad, comportamiento antisocial y hostilidad hacia el entorno, además de una serie de sanciones disciplinarias dentro del penal.

La acusación del Ministerio Público fue por homicidio doloso en grado de coautoría. Por el mismo caso, se encuentra prófugo y con orden de captura Wilson Raúl Argüello, quien sería el tirador. El crimen ocurrió en fecha 18 de junio del año 2022, cuando González Olmedo fue interceptado por sicarios en el barrio Obrero de Asunción, mientras se dirigía a la casa de su padre para celebrar el día del padre. Se presume que el asesinato fue por encargo de un grupo que operaba en la penitenciaría de Tacumbú.

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Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento de varias celdas del pabellón D del penal de Tacumbú, en el marco de una investigación de estafa telefónica de la cual habría sido víctima un alto directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Según manifestó el fiscal Jorge Escobar, el hecho se perpetró mediante una llamada telefónica recibida por el gerente general y apoderado de la APF, Hugo Kuroki, supuestamente de parte del Monseñor Ricardo Valenzuela, quien le solicitaba una donación para reparaciones de la Basílica de Caacupé, donación que se hizo efectiva días después.

“Se suelen hacer donaciones de la APF y luego se contrasta con la factura. En este caso se hizo la transferencia de 50 millones y luego constataron que fue un engaño”, comentó el fiscal en contacto con la 730 AM.

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Tras el rastreo de la cuenta a la que fue acreditado el dinero, se pudo constatar que estaría ligada a dos mujeres, quienes a su vez tendrían vínculos con personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría de Tacumbú, por lo que se procedió al allanamiento, donde además de la identificación de los reclusos, se procedió a la incautación de varias evidencias.

Los reos quienes serían los responsables de esta millonaria estafa son Cristian Antonio Brítez, alias “El hombre de las mil voces”, Francisco Espínola, Cristian Brítez y Juan Salvador Echeverría, quienes cumplen condenas por narcotráfico, estafas y otros delitos. Ahora el fiscal de la causa confirmó la imputación de estas personas por asociación criminal y estafa.

Hasta el momento, las autoridades corroboraron que de la cuenta que recibió los 50.000.000 de guaraníes se realizaron otras tres transferencias a diferentes cuentas, de las cuales se fueron efectivizando una importante cantidad de dinero utilizada para la compra de celulares y prendas de vestir.

Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno al caso, para así conocer el alcance de las acciones de todos los involucrados, ya que no se puede descartar que los mismos se encuentren detrás de otras estafas de este tipo.

El Ministerio de Justicia, a través de su comunicado, remarcó que continuarán trabajando en la colaboración institucional para brindar apoyo a las autoridades competentes para el esclarecimiento total del caso.

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Con 2-0 a favor de una condena, la corte suprema de Brasil dejó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país. El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados. El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.

“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación. En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.

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Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala. Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud. Está acusado de cinco delitos, entre este intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio. Mientras el 53 % cree que Moraes aplica las leyes, el 39 % estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

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Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes. Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie. “Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.

Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz. Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle. Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

Fuente: AFP.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

En juicio oral fue condenado a 28 años prisión un hombre de 70 años, por abuso sexual en niños y coacción sexual. Fue víctima una niña desde los 6 hasta los 11 años. El fallo se dio a conocer este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue quien defendió la acusación en el juicio y el fallo condenatorio de 28 años de prisión, fue lo solicitado por la citada representante del Ministerio Público.

El condenado abusó de su hijastra menor de edad durante varios años y también de la madre de la niña. La misma, se enteró del hecho y pasó a ser sometida a agresiones sexuales, de acuerdo a lo presentado en el juicio.

Los antecedentes indican que los abusos comenzaron en el 2018, cuando la niña tenía seis años de edad, y siguieron sucediendo hasta octubre de 2023, cuando ya tenía 14 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en el kilómetro 14 de Minga Guazú.

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Inicialmente, las agresiones consistieron en manoseos, hasta que la niña fue más violentada físicamente, en ocasiones, el agresor sometía a la niña con una sonda puesta, según la exposición de la fiscal. Todo esto fue relatado con detalles por la niña, a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, responsabilizando a su padrastro de los vejámenes.

El hombre actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre, si revelaba los abusos, según lo expuesto en juicio. Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente a la fuerza y amenazada de muerte, según la fiscal Coronel.

El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, doctor Aníbal Duarte, había confirmado las agresiones sexuales.

De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día, según los datos Abiertos del Ministerio Público.

De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1.959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88 % de los casos cometidos que tienen como autores a familiares o a personas conocidas del entorno, como el caso que se reporta en este texto.

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