La Fiscalía General del Estado de Paraguay hizo llegar su agradecimiento a las autoridades fiscales y policiales de Colombia y El Salvador, tras el operativo que permitió la detención de más supuestos autores involucrados en el asesinato de Marcelo Pecci.
Al respecto, la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, valoró el trabajo coordinado de manera sigilosa y profesional, en el contexto internacional por los agentes de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justica de El Salvador, así como la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Paraguay, y de los cuerpos policiales de ambos países.
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Es importante señalar que por acto administrativo, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Héctor Villatoro, resolvió expulsar de su territorio a la ciudadana colombiana Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, sindicada como persona de interés en una investigación criminal desplegada en Colombia, específicamente por el homicidio del entonces Fiscal Delegado de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de Paraguay, Marcelo Pecci Albertini.
Cabe destacar que en la mañana de hoy sábado, la Interpol de El Salvador se hizo cargo de la entrega material de la expulsada Chacón Zúñiga a las autoridades colombianas, quien viajó rumbo a Bogotá para enfrentar juicio penal en el correspondiente caso. Su llegada a Colombia está prevista para esta noche. El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en playas de Barú, Colombia, el 10 de mayo del año pasado cuando estaba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera.
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Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecen en una campaña electoral violenta
Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecieron el miércoles a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informó este jueves el ministro de Defensa.
El país vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios, en los que los colombianos también elegirán el sucesor del presidente Gustavo Petro el 31 de mayo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la “desaparición” de dos aspirantes a escaños legislativos: Andrés Vásquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado, y Anita Guetío, una indígena que busca llegar a la Cámara baja.
Vásquez desapareció la mañana del miércoles cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, un pueblo del departamento de Cesar (norte), según su esposa. Familiares encontraron su automóvil abandonado.
Por su parte, Guetío perdió contacto cuando se trasladaba el miércoles por una carretera del departamento de Cauca (suroeste), donde operan grupos guerrilleros.
Sánchez no precisó las razones de sus desapariciones. “Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, escribió en la red X.
Estos hechos se suman a varios ataques contra políticos en Colombia, donde continúan operando múltiples grupos criminales tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.
El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilcué, que pertenece al partido de Petro, fue secuestrada durante algunas horas en Cauca.
En agosto pasado murió el senador de derecha Miguel Uribe, quien aspiraba a ser candidato presidencial en estas elecciones.
El dirigente opositor fue baleado durante un acto público en Bogotá y las investigaciones apuntan que los autores intelectuales son guerrilleros de una disidencia de las FARC.
Los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal intentan imponer su control territorial mediante la violencia.
- Fuente: AFP
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Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50 % por no hacer lo suficiente en lucha antinarco
Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.
Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado.
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Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.
Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.
Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.
Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles. En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
- Fuente: AFP
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El Tunco, de enclave pandillero a nuevo imán de turistas
Entre olas y atardeceres de postal, turistas extranjeros disfrutan la playa salvadoreña de El Tunco, antaño plagada de pandilleros. No escatiman elogios para el presidente Nayib Bukele, aun cuando admiten que en su ofensiva pueden haber caído inocentes. El Salvador vive un boom turístico tras reducir la violencia criminal a mínimos históricos, bajo un estado de excepción que permitió encarcelar sin orden judicial a decenas de miles de presuntos pandilleros.
Aunque su país se precia de tener algunas de las playas más atractivas del mundo, el costarricense Juan Gabriel López vacacionó con su esposa en El Tunco, paraíso de surfistas que se pasean con sus tablas embadurnados de protector solar. Como muchos otros, llegó atraído no solo por las bellas puestas de sol y los recientes conciertos de Shakira, sino por la seguridad ampliamente publicitada por Bukele y sus seguidores ‘influencers’.
“Si quiere comprobar la seguridad de El Salvador, váyase al lugar más feo, más oscuro, siéntese en una piedra y espere el amanecer”, recomienda el mandatario a los extranjeros. En sus redes sociales con millones de seguidores, Bukele difunde videos de surfistas en olas gigantes y a Shakira la presentó como ejemplo de que el país “está cambiando”.
“Un cambio radical”, atestigua López, ingeniero de 44 años, quien llegó desde Limón, un puerto del Caribe costarricense azotado por narcotraficantes.
“Justos por pecadores”
Pero oenegés como Amnistía Internacional y Human Rights Watchs denuncian el costo de la guerra contra las pandillas: bajo el estado de excepción han sido detenidas unas 90.000 personas, incluidos unos 8.000 inocentes ya liberados, reconoce el gobierno.
En una carta abierta, Movir, un colectivo de familiares de detenidos, expresó a Shakira la preocupación de que su gira “Las mujeres ya no lloran” fuera usada por Bukele para “encubrir la injusticia y sus condenables actos”.
“En El Salvador también lloran las mujeres, madres y familiares de las víctimas inocentes que sufren cárcel, tortura y muerte, desalojos forzados, persecución y juicios amañados”, señaló la misiva.
Las denuncias, sin embargo, no afectan la popularidad del mandatario de 44 años, apoyado por nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas. Tampoco espantan a los turistas.
“Como en todo proceso de cambio, siempre va a existir ese ‘justos pagan por pecadores’”, dice López en una animada calle de bares y restaurantes, donde venden camisetas estampadas con el rostro de Bukele usando sus acostumbradas gafas de sol.
De visita con sus padres en El Tunco, el neerlandés Camille Schyns, radicado en Guatemala, dice estar enterado de que hay “bastantes violaciones de derechos humanos” y que “están arrestando a gente” sin el debido proceso.
“Pero al mismo tiempo (...) lo que me dice la gente que conozco, los salvadoreños, es que les gusta que la seguridad ha aumentado muchísimo”, comentó a la AFP.
En el mapa turístico
Bukele, quien se define irónicamente como “dictador cool”, no desaprovecha ocasión para promocionar el modelo de seguridad que llevó al gobierno de Donald Trump a bajar al mínimo el nivel de alerta para los estadounidenses que viajen al país. Con playas sobre el Pacífico, volcanes y ruinas arqueológicas, El Salvador recibió el año pasado 4,1 millones de visitantes, 60 % más que en 2019 cuando Bukele llegó al poder.
No es poca cosa en un país de seis millones de habitantes, donde el turismo en 2025 representó ingresos por 3.600 millones de dólares, casi un 10 % del PIB nominal. “Somos los líderes en visitantes internacionales. El Salvador está ahora en el mapa como sede de eventos”, dijo hace poco a la prensa internacional la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien recordó que su país acogió el Miss Universo en 2023. Shakira ofreció cinco conciertos que atrajeron a más de 144.000 asistentes, casi la mitad extranjeros que dejaron una ganancia de 110 millones de dólares, según el gobierno.
En esa multitud había decenas de miles de guatemaltecos y hondureños, cuyos países sufren el terror de las pandillas. “Ya desearíamos tener en Guatemala la tranquilidad que se vive aquí”, dijo a la AFP Glendy Pineda, de 45 años, durante uno de los conciertos. Incluso el turista costarricense, cuyo país tiene fama de defensor de derechos humanos, alaba el modelo Bukele: “Nos gustaría dar este paso”, sostuvo.
Fuente: AFP.
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La campaña electoral bajo fuego de un líder indígena en Colombia
Un todoterreno blindado recorre a toda velocidad un camino montañoso vigilado por guerrilleros con fusiles. Cada minuto es peligroso para Esneyder Gómez, candidato indígena al Congreso de Colombia en una campaña electoral bajo fuego. Escoltas desarmados lo acompañan en una caravana en esta carretera de su natal departamento del Cauca, región bajo dominio rebelde en el suroeste del país. En un día de campaña en el que lo acompañó la AFP, serpentea por caminos repletos de lodo junto a otros indígenas nasa que portan bastones tradicionales.
En octubre pasado, el automóvil de Gómez fue impactado por una bala mientras retornaba de un acto proselitista por uno de los escaños reservados para las comunidades indígenas en las legislativas 8 de marzo. Aunque no tenía amenazas recientes, guerrilleros lo declararon un objetivo hace una década por su trabajo como defensor de derechos humanos.
Unas semanas antes del ataque había muerto en Bogotá víctima de un atentado el senador de derecha Miguel Uribe, en un hecho de violencia política que no ocurría desde hacía casi tres décadas. Uribe aspiraba a ser candidato en las elecciones del 31 de mayo para suceder al presidente izquierdista Gustavo Petro.
La multiplicación de ataques ha convertido a este proceso electoral en uno de los más violentos después del desarme de la guerrilla FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016.
Los disidentes del pacto y otros grupos dedicados al narcotráfico continúan operando.
El riesgo “está latente”, confiesa Gómez. “El posconflicto está siendo mucho más fuerte que el mismo conflicto”, añade este dirigente de 46 años.
En 2025, cuando arrancaron las campañas, al menos 61 líderes políticos fueron asesinados, según la Misión de Observación Electoral (MOE), que no distingue cuántos eran candidatos.
Para estas elecciones, casi un tercio del territorio del país está bajo amenaza por la violencia, según esa agrupación civil.
“La sangre hierve”
Al magnicidio de Uribe le siguieron ataques contra otros políticos, como el secuestro durante algunas horas la semana pasada de la legisladora Aida Quilcué, también indígena del Cauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un despliegue de uniformados para garantizar unas elecciones “seguras”. Petro enfrenta críticas por su fallido intento de negociar la paz con los grupos armados, que se fortalecieron durante su gobierno.
La violencia política evoca las peores épocas del conflicto, entre las décadas de 1980 y 1990, cuando cinco candidatos presidenciales fueron asesinados a tiros en medio del terror ejercido por narcotraficantes como Pablo Escobar.
Las montañas cubiertas de neblina en el Alto Naya se pintan de verde con los cultivos de hoja de coca, sustento económico de esta región del Cauca donde hasta hace poco, según Gómez, podían “andar más tranquilos” tras la firma del acuerdo.
Pero hoy disidentes de las FARC, financiados por la producción de cocaína, imponen allí un “control territorial”, agrega. Ha visto “caer muchos, muchos compañeros” a manos de hombres armados. “Da impotencia, da rabia (…) la sangre hierve”, lamenta.
Los disidentes alardean de su dominio en la zona. “61 años de lucha”, dice un afiche con la fotografía de un líder histórico de las FARC. Más adelante, rebeldes armados resguardan un puesto de control donde los transeúntes deben identificarse. Las cámaras no son bienvenidas.
“Sistemático”
Los escoltas de Gómez, hijo de un policía afrodescendiente y una guerrillera nasa, van desarmados para evitar una confrontación. Priorizan el diálogo. El dirigente “corre riesgo” por ser líder social “y más en este caso como candidato”, dice José Yatacué, que coordina este grupo de guardianes nasa.
Los habitantes del Alto Naya aprecian a Gómez por su trabajo en esta región con poca presencia del Estado.
“Hemos sido un territorio olvidado”, dice Luz Dary Muñoz, líder de un caserío cercano. “Lo que hemos construido (…) ha sido todo comunitario”.
Este será el último periodo legislativo que garantiza escaños para víctimas del conflicto, según quedó estipulado en el acuerdo de paz que buscaba garantizar su representación política.
Pero 130 municipios donde sus habitantes deberán escogerlos están en riesgo ante la violencia, asegura la MOE.
“Estamos preocupados”, dice el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, que considera vital “preservar” estos escaños para “los y las representantes” de las comunidades históricamente vulneradas.
El Cauca es un punto crítico. En el departamento imperan las disidencias de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, investigado por la fiscalía por genocidio contra el pueblo Nasa.
El gobierno de Petro impulsa una denuncia contra el líder rebelde ante la Corte Penal Internacional por los asesinatos de líderes y el reclutamiento forzado de niños de esa etnia. “Ha sido sistemático”, asegura Gómez. “Se han ensañado con el pueblo Nasa (…) Eso debe parar”. En este contexto de extrema tensión, la votación en esta región servirá de prueba para saber si Colombia puede tener elecciones libres, equitativas y seguras en todo su territorio.
Fuente: AFP.