El abogado Ricardo Preda fue tajante al señalar que no es un hecho punible el no dejar constancia sobre el estado civil de las personas en la cédula de identidad. Esto debido a que se generó una gran polémica desde la Policía Nacional al afirmar que uno, al momento de renovar su cédula, no informa si es casado o soltero.
El referido profesional del derecho explicó, “cuando vos renovás tu cédula, vos no hacés nada, es decir, vos te vas y pedís la renovación de tu cédula, y según la página de Identificaciones de la Policía Nacional, el único requisito para renovar tu cédula es presentar el documento vencido”.
Agregó, ”no hay un formulario donde vos completás y hagas una declaración jurada, entonces al no haber conducta activa, no puede haber un delito porque no existe un delito de omisión relacionado a los documentos”, señaló el abogado Preda. Acotó, “el Código Penal no castiga una conducta omisiva, solamente castiga conductas activas en cuanto al tema documental”, indicó.
“Por otro lado, la Policía, según su ley, solamente emite documento de identidad; es decir, la identidad del nombre y apellido y la identificación numérica que tiene nuestro país, nada más”, manifestó el profesional del derecho.
Preda sostuvo, “el estado civil de las personas no le compete a la Policía Nacional porque no es el órgano que registra, ni certifica sobre el estado civil de las personas, eso le corresponde al Registro Civil que depende del Ministerio de Justicia”, señaló. Además, afirmó “en el Registro Civil, uno tiene que inscribir la información si es casado o soltero”, concluyó el abogado Ricardo Preda.
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Protección de datos: por qué Paraguay necesita una ley hecha a medida
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.
“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.
Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.
“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.
Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.
Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".
El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.
Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.
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Impacto en la inversión nacional y extranjera
Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.
“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.
Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.
El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".
Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.
“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.
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Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes
El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, se refirió sobre la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, contra su cliente.
“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordinadamente, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes“, sostuvo Ovelar, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular", dijo el abogado.
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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Con esa denuncia y la persecución política se dieron una serie de hechos que la ciudadanía debe conocer, muchas de las familias paraguayas fueron afectadas (pérdida de trabajo) por ese odio. Ellos (abdistas) quisieron ganar las elecciones, tomar un atajo eliminando al adversario político", dijo.
El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado.
“Son unos falsos a qué temen. Horacio Cartes fue sometido a una profunda investigación por todos los casos que se le denunciaron, estamos en condiciones de sostener la inexistencia de esos ilícitos que ellos señalan, la falsedad en las afirmaciones de Giuzzio y todos los denunciantes. Esto se trató nada más y nada menos que la mayor persecución política vivida en la era democrática utilizando el terrorismo de Estado como herramienta“, sentenció.
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Caso Boidanich: defensa de exministro cuestiona el actuar de la Fiscalía
Claudio Lovera, abogado del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la acusación del Ministerio Público, contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios.
“Yo le puedo señalar a la ciudadanía que el 100 % de los bienes de Messer fueron oportunamente secuestrados, embargados y totalmente comisados“, sostuvo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera siguió sosteniendo que “cómo se sostiene lógicamente de que haya supuestamente una demora para beneficiar a alguien en materia de bienes, pero este alguien durante todo ese lapso de tiempo no realiza ninguna conducta tendiente a asegurar o ocultar que no sean accesibles esos bienes. Esto es una contradicción relevante, porque la Fiscalía habla de meses de demora“.
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Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente Boidanich habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.
Messer, fue condenado en Brasil por el caso Lava Jato a una pena privativa de libertad de más de 13 años, como parte de una delación premiada. La imputación también alcanza a las exfuncionarias Paloma Cuevas y Melissa Parodi, según consta en acta.
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CM debe enviar a Corte ternas para nuevos camaristas de fueros Civil, Penal, Niñez y Electoral
El Consejo de la Magistratura deberá remitir a la Corte Suprema de Justicia la conformación de varias ternas para los cargos del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital, así como para el Tribunal de Apelación en lo Penal de Asunción, Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Central y Tribunal Electoral de la capital.
Una vez que la máxima instancia judicial reciba las ternas para los cargos mencionados más arriba, tendrá 30 días para designar durante la sesión plenaria de la Corte a los nuevos camaristas para los diferentes fueros.
El Consejo conformó la terna para el cargo de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de la capital, cuyos ternados son el cuestionado juez en lo civil y comercial Edgar Agustín Rivas Laguardia, quien en su momento ordenó de forma llamativa el remate de la estancia Cielo Azul del supuesto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en perjuicio de la Senabico; Arnaldo Martínez Rozzano, y la jueza del mismo fuero, Mafalda María Cameron Luque.
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Igualmente se integró la terna para el cargo vacante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala de Asunción: José Miguel Villalba Báez, Alejandra Magalí Zavala Ríos, y Emilce Rocío González Morel. Para el cargo vacante de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de Asunción, se integró con Antonia López de Gómez, Stella Maris Arminda Zárate González, y Carlos Alfredo Escobar Espínola.
Para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia quedó conformado con los postulantes Ingrid Susana Yambay Jacquet, Pili Rodríguez Ortellado y Lucila María Luisa Bajac Cazal.
Para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital, primera sala, el Consejo conformó la siguiente terna: Modesto Núñez, Rosa Fabiana Marín Ferreira y Nuria Reninseb Isnardi Martínez.
Tribunal de Apelación en lo Penal
Asimismo, para miembro del Tribunal de Apelación primera sala, de la capital, la terna está integrada por: Gustavo Abraham Auadre Canela; el defensor adjunto Paublino Escobar Garay, y la jueza Elsa Elizabeth Idoyaga Benítez. Igualmente, la terna para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación Penal primera sala, cargo vacante los ternados son; Sandra Patricia Silveira Benítez, Mario Camilo Torres Leguizamón, y Gloria Amanda Hermosa Fleitas.
Los ternados para el cargo de Cámara de Apelación en lo Penal cuarta sala son el juez de Sentencia, Manuel Aguirre Rodas, Adriana María Giagni Rojas, y la jueza Penal de Garantía, Alicia Verónica María Pedrozo Berni.