El Tribunal de Sentencia de feria deberá definir si Gerardo Stadecker, condenado a 28 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por el feminicidio de Sabryna Breuer, va a cumplir como cualquier preso común su condena en la cárcel de Emboscada.
El sentenciado sigue internado en un sanatorio privado y días atrás se informó al tribunal colegiado que en la habitación de Stadecker se encontró cigarrillo electrónico, además el condenado se pasea normalmente por los pasillos del hospital, por lo que se pone en riesgo la seguridad de los trabajadores de blanco y a su vez existiría peligro de fuga.
Del mismo modo, el Ministerio Público presentó un escrito al juzgado solicitando que el condenado cumpla su sentencia en la penitenciaría de Emboscada. El pedido lleva la firma de las fiscalas Susana González y Dora Nolh.
Ante todos los informes recibidos, el tribunal colegiado debe ordenar que el condenado pise la cárcel de Emboscada para que pueda seguir cumpliendo su condena y a su vez seguir con su tratamiento médico como normalmente se suele realizar en otros condenados. Igualmente la querella adhesiva pidió también al colegiado que Stadecker cumpla su pena privada de libertad.
El pasado 15 de diciembre, el Tribunal de Sentencia explicó que quedó absolutamente comprobado que Stadecker le propinó a Breuer un golpe de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón, lo que le produjo la muerte. La mujer fue encontrada sin vida en su residencia en el barrio Mburucuyá de Asunción, el 17 de diciembre de 2017.
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Condenan a 30 años de prisión a “ministro” Umbanda por abuso sexual infantil y trata de personas
- Ciudad del Este. Agencia regional
Adrián Anselmo Aveiro Silguero (32), quien se hacía pasar como un “ministro” del culto Umbanda fue condenado a 30 años de prisión, más cinco años por medidas de seguridad, tras ser hallado culpable de coacción sexual y violación, trata de personas, trata de personas con circunstancias agravantes, abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.
La fiscal Vivian Coronel defendió la acusación en el juicio oral y público que concluyó hoy en el Complejo Judicial de Ciudad del Este, luego de varias audiencias. El Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el juzgamiento estuvo integrado por los magistrados Herminio Montiel (presidente), Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
Durante el debate, la Fiscalía sustentó que entre 2018 y 2025, el acusado habría utilizado su supuesta autoridad como ministro de culto umbandista, bajo el nombre de “Pai Asmud”, para captar a personas en situación de vulnerabilidad, someterlas a servidumbre y cometer abusos sexuales contra niños, adolescentes y adultos.
Los hechos juzgados hoy ocurrieron en tres lugares distintos: Hernandarias, Ciudad del Este y Minga Guazú y la Fiscalía identificó a ocho víctimas y la comisión de más de un hecho punible en contra de algunas de ellas.
Los casos registrados
La Fiscalía sustentó que Aveiro Silguero abusó sexualmente de dos niñas, de 12 y 13 años, además de un niño de 9 años. Asimismo, según lo expuesto en juicio, el acusado realizó actos sexuales con un adolescente de 12 años, ejerció coacción sexual y violación de un joven y cometió coacción sexual contra otro adolescente de 12 años.
También fue acreditada la trata de personas agravada con fines de servidumbre en perjuicio de cinco víctimas, entre ellas una niña y un estudiante extranjero, quienes eran obligados a trabajar sin remuneración, tenían prohibido salir y recibían castigos físicos.
El hoy condenado también amenazaba de muerte a las víctimas y a sus familiares. A esto se sumó la violación del deber del cuidado de una niña de dos años, a quien había inscripto como su hija y la exponía a rituales nocturnos en los que se consumían bebidas alcohólicas y tabaco, además de registrarse actos de violencia.
La fiscal Vivian Coronel manifestó que se aplicaba el mismo método de actuación en todos los casos donde el “Ministro” les ofrecía vivienda, alimentación y protección espiritual, pero luego las aislaba, explotaba y sometía mediante el miedo.
Los relatos fueron corroborados mediante declaraciones testificales, entrevistas realizadas en Cámara Gesell y pericias médico-forenses, psicológicas y psiquiátricas. Estas evaluaciones determinaron que el acusado era plenamente imputable y presentaba un perfil de alto riesgo.
La fiscala presentó también un informe del Viceministerio de Culto que confirmó que el grupo religioso no estaba inscripto.
Reacciones de las víctimas
“Valió la pena tantos años de espera, estoy aliviada porque la persona que nos hizo tanto daño está con condena y va a cumplir; ya no abusará de niños, ya no maltratará a adolescentes, ya no hará daño” dijo a La Nación/Nación Media, una de las víctimas del supuesto líder religioso.
La misma fue captada a los 12 años y permaneció hasta los 15 en poder del culto Umbanda, en cuyo tiempo sufrió las agresiones del “ministro” Aveiro.
Otro de los afectados y denunciante inicial del caso, refirió que se hizo justicia porque sufrieron mucho en poder del hoy condenado. Reconoció que estuvo callado mucho tiempo por miedo, pero ahora instó a niños y adolescentes a no confiar en cualquier casa de santo para no caer en manos de personas malas como le tocó a él y a otros.
El joven contó que llegó a escapar del lugar y lo volvieron a captar hasta que pudo huir nuevamente y ya no pudieron encontrarlo. “Se hizo justicia”, sostuvo el joven, quien adquirió una enfermedad a causa del sometimiento del que fue objeto.
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Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Jonathan Fabbro solicita ser trasladado a Paraguay para cumplir el resto de su condena
El exjugador de fútbol Jonathan Fabbro, condenado en Argentina a 16 años de cárcel, solicitó a la Justicia de Paraguay ser trasladado a nuestro país para cumplir el resto de su condena. Sobre dicha petición, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Silveira, ya remitió varios oficios a fin de evaluar el planteamiento del condenado.
La defensa de Fabbro realizó la solicitud argumentando que el caso se encuadra, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur (aprobado por la Ley N° 3536/2008). El objeto de este tratado es posibilitar que los reclusos que reúnan las condiciones previstas puedan continuar con el cumplimiento de su pena en el Estado del cual son nacionales o donde tengan residencia legal y permanente.
En ese sentido, la recepción de la solicitud no implica la aprobación automática del traslado. Esta etapa inicial corresponde a la prosecución del trámite y a la verificación de los requisitos necesarios para que la magistratura pueda emitir oportunamente una decisión dentro del ámbito de sus competencias.
Al tratarse de un ciudadano argentino nacionalizado paraguayo, la jueza Silveira determinó que resulta pertinente contar con información actualizada respecto a su situación personal y jurídica en el país. Asimismo, se busca verificar la eventual existencia de procesos penales pendientes en territorio nacional, sin perjuicio de los demás antecedentes contemplados en el instrumento internacional.
Como primeras medidas, la magistrada solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional el prontuario policial de Fabbro, además de la planilla de antecedentes penales actualizada. Igualmente, requirió a la Dirección General de Migraciones las constancias de entrada y salida del territorio nacional, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías N° 6 de la Capital un informe actualizado sobre el estado procesal de la causa caratulada “Jonathan Fabbro sobre abuso sexual en niños y otros”.
Una vez que se reúnan estos informes primarios, la jueza estudiará si corresponde dar trámite definitivo al pedido realizado por el condenado.
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Expulsan a bombero condenado por acoso sexual y coacción en Alto Paraná
El consejo directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, decidió expulsar de sus filas al voluntario que fue condenado por acoso sexual y coacción. El hombre se desempeñó como vicedirector de operaciones de la citada compañía.
Esta semana se dio a conocer la resolución RCD n° 08/2026 del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, en el que se establece la expulsión con degradación de Fabio Martín Bravo González, quien fue condenado por acoso sexual y coacción.
“Esta medida disciplinaria, derivada de las faltas gravísimas a la ética y moral institucional, se sustenta en una sentencia condenatoria firme de la Justicia Penal. La institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad humana y los valores bomberiles”, expresaron en el comunicado.
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Esta condena contra Bravo fue ratificada en todas las instancias, además, fue confirmada por el Acuerdo y Sentencia nº 24 del Tribunal de Apelación. Así también, fue cerrada definitivamente al declararse inadmisible el recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia, agotándose así todas las vías recursivas.
Bravo González fue denunciado por dos voluntarias en octubre del 2020. Estas confirmaron que el voluntario en su carácter de superior las acosaban de manera sistemática desde el 2012, obligándolas a mantener relaciones sexuales para continuar en la institución.