Condenan a dos exministros de la Senad por lesión de confianza y otros delitos
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Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Cándida Fleitas, Sonia Villalba y Darío Báez, quien votó en disidencia, condenó a 4 años y 6 meses de cárcel al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas y a 3 años de pena privativa de libertad a Francisco José de Vargas tras ser encontrados culpables por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos por la supuesta compra irregular de equipos de escuchas.
El colegiado en mayoría sostuvo que se probaron los delitos acusados por el Ministerio Público y agregaron que se produjo una triangulación indebida y prohibida en cuanto a la compra de los equipos de escuchas. Las juezas Cándida Fleitas y Sonia Villalba votaron por la sentencia condenatoria. Mientras que el juez Darío Báez votó por la absolución de Rojas y De Vargas.
Asimismo, fueron condenados Antonio Salvador Pereira, director de administración y finanzas en el período 2012, y Adalberto Javier Benítez, director de administración en el periodo de Luis Rojas, quienes fueron condenados a 2 años de pena privativa de la libertad con suspensión a prueba de ejecución.
Del mismo modo, fueron absueltos de culpa y pena Silvio Amarilla, exdirector de Inteligencia, y Jessica Reyes, exasesora jurídica.
Por su parte, la defensa de los sentenciados tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá estudiar si corresponde confirmar la resolución o disponer la realización de un nuevo juicio oral y público.
En la intervención fueron detenidas dos personas, una de ellas identificada como Heriberto Ramón García Gauto (42) y sindicada como proveedor de drogas para microtraficantes e internos de la penitenciaría de la capital de Amambay. Foto: Gentileza
Cae distribuidor de drogas que operaba en inmediaciones de la penitenciaría de Pedro Juan
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En un allanamiento efectuado en una vivienda de la ciudad de Pedro Juan Caballero fueron detenidas dos personas, una de ellas identificada como Heriberto Ramón García Gauto (42) y sindicada como proveedor de drogas para microtraficantes e internos de la penitenciaría de la capital de Amambay.
El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Regional n.º 1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una casa de características lujosas ubicada a unos pocos metros de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
Los agentes decomisaron durante la intervención más de 2 kilogramos de drogas, distribuidas entre cocaína, pasta base y marihuana. También fue incautado un automóvil de la marcha Chevrolet modelo Onix; además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, municiones de distintos calibres, entre otros elementos.
El reporte de la Senad indica que la casa “habría sido utilizada como punto estratégico para la logística y distribución de drogas”, aprovechando su cercanía con el establecimiento penitenciario.
El segundo detenido en el marco de la intervención fue identificado como Alexis Chamarro Gómez (28). El procedimiento fue desarrollado en coordinación con el fiscal Antidrogas de Amambay, Celso Morales.
Este tipo de acciones lleva adelante la Secretaría Nacional Antidrogas en varios puntos del territorio nacional, con el objetivo de desarticular redes dedicadas al microtráfico.
En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga. Foto: Gentileza
Nueva Alianza 56 cerró con pérdidas por USD 73 millones para el narcotráfico
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Las incursiones realizadas en el departamento de Amambay en el marco de la operación Nueva Alianza 56 permitieron sacar de circulación 498 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico de más de USD 73 millones para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que la operación finalizó después de 10 días de incursiones en zonas boscosas de Amambay. En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga, “evitando que 474 toneladas de cannabis llegaran al mercado criminal”, detalló la institución en el reporte.
Nueva Alianza 56 contó la participación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de helicópteros de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público.
Entre los procedimientos efectuados se destaca el realizado en una zona de Aguará Vevé del distrito de Capitán Bado, que permitió desmantelar un megacentro de producción marihuana mecanizada. El cultivo contaba con riego automatizado e invernaderos hidropónicos.
En el marco de estas intervenciones se desarrollaron 16 operativos desde agosto de 2023, arrojando como resultado pérdidas para las estructurales criminales por USD 1.600 millones, había informado la Senad en mayo tras culminar Nueva Alianza 55.
Durante estos procedimientos fueron erradicadas plantaciones de marihuana, incautados 623 toneladas de marihuana procesada y cosechada; así también se desmantelaron 1.218 campamentos que eran usados además como bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de la droga.
Decomisan marihuana premium oculta en paquetes de alimentos para reptiles
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En el marco del fortalecimiento de los controles en los principales puntos de ingreso al territorio nacional, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) decomisaron 5,2 kilogramos de marihuana premium distribuida en paquetes que simulaban contener alimentos para reptiles y un cargador de batería.
La droga formaba parte de encomiendas procedentes de Miami, Estados Unidos, y fue descubierta durante una inspección efectuada con canes detectores en zona aérea portuaria.
De acuerdo con el informe de la institución, la marihuana premium estaba oculta en dos paquetes de encomienda a través de las cuales se intentaba burlar los controles mediante ingeniosos métodos de ocultamiento. La primera caja contenía coloridos empaques que declaraban contener alimentos para reptiles, pero en su interior se halló marihuana premium “cuidadosamente oculta”.
En tanto que, la segunda encomienda simulaba ser un cargador de batería, pero al ser inspeccionada los intervinientes constataron que no contenía ningún componente electrónico, sino únicamente un armazón acondicionado para el transporte de la droga.
La apertura de los paquetes se llevó a cabo en la Oficina de Atención Permanente en presencia del agente fiscal José Morínigo y del juez Osmar Legal.
Otros procedimientos
Este procedimiento se suma a las recientes incautaciones llevadas a cabo en en los aeropuertos y en terminales portuarias. En cuanto al último punto, un operativo de control efectuado la semana pasada en un puerto privado de Villeta a un contenedor que transporta dos vehículos procedentes de Estados Unidos posibilitó el decomiso de 311,2 kilogramos de marihuana premium tipo hachís, valorada en USD 4,3 millones.
Exgobernador de Central debe cumplir condena de 10 años de cárcel por lesión de confianza.
En la mañana de ayer se presentó de manera voluntaria en el Departamento Judicial el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.
El informe indica que el exjefe departamental se entregó en la oficina de guardia a las 6:45 “para ponerse a disposición de la justicia, siendo recibido por el personal de guardia que constató mediante Base de Datos de la Policía Nacional que efectivamente el mismo cuenta con orden de captura pendiente, por lo que se procedió a su detención, se labró acta de procedimiento y se realizó el procedimiento de rigor”.
Esto se dio tras la orden de captura nacional dispuesta por el juez de Ejecución Carlos Mendoza. En ese marco también se estableció la captura de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de gabinete del exgobernador. Durante el juicio oral que enfrentaron González y los demás procesados, se demostró que mediante el uso de facturas falsas y clonadas justificaron obras fantasmas que provocaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central.