El gobierno del presidente Santiago Peña, a través de la gestión del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se destaca por visibles logros en el área social con una expansión histórica de los programas de protección y asistencia a las familias más vulnerables del país, en estos tres años de mandato.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el ministro Rojas, además de jefe del Gabinete Social de la Presidencia de la República, habló de los exitosos planes que se vienen implementando de modo a mejorar las condiciones de vida de la población paraguaya.

“Los números económicos del país demuestran que la construcción es uno de los principales motores de nuestro crecimiento”, sostuvo el ministro Juan Carlos Baruja, titular de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), al destacar que en los tres años del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se registró el récord en entrega de soluciones habitacionales para los distintos sectores sociales frente a administraciones anteriores.

“Mirando los datos y números que tenemos, ha sido muy buena nuestra gestión con más de 46.000 viviendas gestionadas de los cuales más de 33.000 concluidas y entregadas. En el anterior gobierno se habían gestionado 35.000 viviendas, es decir hoy estamos 25 % por encima de lo que se llevó adelante durante 5 años en un periodo de 3 años”, indicó Baruja, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Decano visita Río de Janeiro a las 19:00 para enfrentar a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Pablo “Vitamina” Sánchez apelará a esas noches coperas en las que Olimpia ya supo escribir historia, pese al complicado momento que atraviesa en el torneo local.

El entrenador prácticamente ya tiene el equipo confirmado pero no podrá contar con Juan Fernando Alfaro que es baja ya que fue internado por una gastroenteritis. “Vitamina” tendrá la difícil decisión para definir entre Rubén Lezcano y Sebastián Quintana para suplir el hueco en la mitad de la cancha.

El abogado Rubén Paredes, representante de la familia Jacquet, detalló cómo la defensa del procesado logró apartar legalmente al padre de una de las víctimas para consumar un acuerdo económico exclusivo con la familia alemana tutora de la única sobreviviente menor de edad.

La resolución del juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, que otorgó el sobreseimiento definitivo y devolvió la libertad a Eugenio Sanabria Vierci tras el trágico accidente que costó la vida a cuatro personas en la ruta Ecovía, responde a un cuestionado mecanismo procesal.

Este jueves, sigue el juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, acusado por supuesta producción y uso de documentos de contenido falso debido a un cuestionado título de abogado. En la jornada deben prestar declaración testigos convocados para la diligencia, entre los que se encuentra el exdiputado Hugo Ramírez.

Los principales destinos de las exportaciones de productos paraguayos tienen como destino a países de la región, específicamente Argentina, Brasil y Chile, en ese orden en volúmenes, acaparando el 73,3 % de los envíos, de acuerdo a lo que indica el Reporte de Comercio Exterior dado a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En el caso argentino, el global alcanza los USD 3.279,3 millones, lo que significa el 41,6 % del total y a la vez representa un incremento de 52,6 %, teniendo en cuenta el acumulado de los primeros siete meses del presente ejercicio y del anterior. Los granos de soja son los que mayor preponderancia tienen, con USD 2.421,8 millones, con un aumento de 58,4 %. Energía eléctrica y autopartes, los dos otros rubros de preponderancia.

Una comitiva fiscal policial realizó un amplio operativo esta madrugada en el asentamiento Primero de Marzo de Canindeyú, distante a aproximadamente 15 kilómetros del puesto policial atentado días atrás, con la intención de desbaratar una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

El comisario Mario Vallejos, jefe del Departamento de Antinarcóticos, explicó en declaraciones a la 1020 AM que el procedimiento busca capturar a criminales prófugos por distintos hechos punibles y erradicar plantaciones de marihuana en el sector.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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Debido a las deudas acumuladas con el sector de la construcción, y principalmente con las farmacéuticas que proveen al Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó la proyección del déficit fiscal para 2026 de 1,5 % a 3,2 %.

Al respecto, el analista económico Víctor Pavón sostuvo que para encontrar un equilibrio en las finanzas públicas se deben cortar los gastos corrientes, entiéndase, pago de salarios (aumento de funcionarios públicos) o pago por bienes y servicios, ítems que pueden ser cortados sin que perjudique al Estado.

“Si no se toma el toro por las astas, esto puede desembocar en problemas. Hay que recordar lo que dijo el anterior ministro de Economía, Fernández Valdovinos, que estamos en economía de guerra. No gustó a muchos, pero se debe hacer un presupuesto realista que tome en cuenta la convergencia que se tiene que hacer”, dijo Pavón a la 1000 AM.

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Por otro lado, Pavón volvió a hacer énfasis en la necesidad de reformar nuevamente la Caja Fiscal, cuyo déficit representa una presión creciente sobre las cuentas públicas. Él apuntó a que el problema no se limita al resultado fiscal de un año, sino que existen compromisos estructurales de gasto que pueden seguir aumentando las necesidades de financiamiento.

Afirmó que la reforma de la Caja Fiscal aparece como una medida necesaria para reducir las presiones futuras sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Cabe recordar que el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley 7633 de la reforma de la Caja Fiscal a principios de este año. Si bien la normativa establece un incremento en los aportes y define nuevos parámetros de edad y aportes para sectores prioritarios, especialistas como Víctor Pavón coinciden en que no será suficiente para frenar el millonario déficit del sistema previsional público.

“El déficit fiscal va a ir trepando cada vez más porque no se está haciendo lo que debe hacerse en cualquier economía, ordenar las cuentas fiscales”, reiteró Pavón.

De acuerdo al MEF, la proyección del déficit fiscal para 2027 será de 3,9 % y se estima retornar al límite de 1,5 % en 2028, según establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

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Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.

La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?

En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.

La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.

Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.

No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.

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La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.

La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.