Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otros acusados por hechos relacionados al narcotráfico. Esta vez la diligencia judicial se suspendió debido a que la abogada Stella Almirón, defensora de la acusada Flora Lidia Ayala, recusó a la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, por lo que la diligencia judicial se tuvo que posponer.
Ahora se deberá estudiar esta nueva recusación que pesa sobre la citada magistrada y una vez que el Tribunal de Apelación decida sobre la nueva chicana y, en caso de confirmar la competencia de la jueza, la misma tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la diligencia judicial donde se definirá si los procesados enfrentarán un juicio oral y público.
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Critican a Giuzzio
Por su parte, el diputado Ulises Quintana, quien también está procesado en el presente caso, sostuvo que hay una justicia selectiva, y el tema era “caiga quien caiga”, sin embargo, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien presuntamente estaba negociando con el dos del Primer Comando Capital, tiene medidas alternativas, según alegó.
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de US$ 800.000.
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A Ultranza Py: se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche
Se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusada por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La audiencia se pospuso por pedido de la fiscal interina, María Irene Álvarez, quien tenía otros juicios ya fijados. El acto civil había sido programado por la jueza Rosarito Montanía con el fin de resolver si la causa se eleva a juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
El juzgado deberá establecer una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar. En dicha instancia, la Fiscalía expondrá su acusación y fundamentará el pedido de elevación a juicio.
Según la acusación fiscal, García Troche habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para sostener un elevado nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, constituir empresas y adquirir bienes de lujo durante su permanencia en Paraguay.
La Fiscalía sostiene que la entonces pareja de Marset se benefició de las ganancias ilícitas generadas por la organización criminal —liderada por el uruguayo y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”— y que, además, participó en la inserción de esos recursos dentro del sistema financiero nacional a través de estructuras empresariales y patrimoniales.
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Fijan audiencia preliminar para acusados por estafa a colonos menonitas
El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.
Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.
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Comisión del Senado culmina audiencias y prepara ternas para contralor y subcontralor
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado culminó con las audiencias públicas de los postulantes al cargo de contralor general de la República y subcontralor.
El próximo paso es emitir un dictamen a la presidencia de la Cámara Alta y poner a disposición del pleno, que sería ya en las primeras semanas de agosto.
“Hoy terminamos las audiencias públicas, en total fueron 49 participantes, estamos terminando con aproximadamente 40 participantes porque hemos sacado con los que no cumplían con los requisitos constitucionales y legales”, indicó el senador Javier Zacarías a los medios de prensa.
Así mismo, señaló que “el martes que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales vamos a dictaminar, y elevamos ya a la presidencia para que el presidente ponga en el orden del día para que el plenario finalmente decida las ternas para el contralor y subcontralor”.
El legislador explicó que la idea es que el pleno de la Cámara de Senadores ya pueda tratar la integración de las ternas en la primera o la segunda semana de agosto, teniendo en cuenta que existe un plazo legal y constitucional hasta el 1 de setiembre para que las ternas ya estén en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, aclaró que la posición institucional, de la comisión y del Senado es que las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) sean designadas sin importar el color, religión, etnia y mucho menos partido político. “Aquí lo importante es la idoneidad y capacidad de la gente, y veo como una incoherencia que ciertos partidos políticos dice que tiene que ser un liberal”, aseveró.
En este sentido, calificó de incoherente a ciertos sectores políticos partidarios que exigen que la Contraloría quede en manos de ellos, como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Es una incoherencia, no podemos por un lado pedir independencia, transparencia y por otro lado, exigir nombres por partido, el cuoteo no nos puede llevar a nada bueno, acá lo importante es la persona y esa persona tiene que ser idónea, capaz, tiene que ser una persona patriota que vaya a la Contraloría para cumplir con la función que debe cumplir”, concluyó.
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Jueza rechaza restitución internacional y niña localizada en Argentina seguirá con su madre
La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.
La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.
Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.
Imputación
Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.
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