El fiscal Rodrigo Estigarribia, quien lidera la investigación al exgobernador de Central Hugo Javier González, destacó el apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado y precisó que no apresurarse para formular una imputación le permitió obtener todos los elementos de prueba. “No nos movemos con el ruido de la imputación, sino con el resultado de la acusación”, aseveró en comunicación con el programa Así son las cosas de Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que los elementos de la investigación apuntan a que el exjefe departamental y otras ocho personas cometieron hechos punibles como lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, por lo que se estima que la pena privativa de libertad estaría en torno a los 15 años.
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Estigarribia explicó que los elementos recolectados en la investigación refieren que en el 2020 la Gobernación de Central firmó un desembolso por G. 5.000 millones provenientes de los Fondos de Emergencia para la reactivación económica; esto, sin que hubiese un proyecto.
“Se creó una serie de documentaciones para justificar desembolsos y en realidad se pagó sin que exista ningún proyecto y se trató de justificar con obras que ya existían, también se hicieron inversiones en clubes privados”, detalló.
El fiscal añadió que la investigación determinó que en el esquema hubo participación de varias personas, entre ellos arquitectos, quienes solicitaban las facturas, completaban las rendiciones y daban las instrucciones. Señaló que ahora el caso ya está en instancias del Poder Judicial, estamento que debe determinar la fecha para la audiencia preliminar y posteriormente para el juicio oral.
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Una docena de intendentes buscan la reelección en Central
Los intendentes de doce municipios del departamento Central buscan la reelección y están obligados a renunciar tres meses antes de las elecciones generales, conforme prevé el Código Electoral paraguayo. De la nómina de 12, siete corresponden a candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y cinco al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Se postulan para un segundo mandato por la Lista 1: Guido González, en la ciudad de Lambaré; Felipe Salomón, para la Intendencia de San Lorenzo y Laura Gamarra, para Capiatá. También buscan el rekutú: los colorados Horacio Fernández en la Municipalidad de Itauguá; Tomás Olmedo, en Ñemby; Oscar Cabrera en Guarambaré y Alcides Gamarra como intendente de Nueva Italia.
Asimismo, por el Partido Liberal Radical Auténtico, buscan ser reelectos: Sergio Estigarribia, en el municipio de Villa Elisa; Jorge Luis Dimartino, en Itá; Diego Alonso, para J. Augusto Saldivar, además de Santiago Aguilera que quiere la reelección en San Antonio y Horacio Ortiz en Ypané.
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Renuncia ante Escribanía
En diálogo con La Nación/Nación Media, el doctor Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó el mecanismo aplicado en los casos de los intendentes que buscan la reelección, conforme a la legislación vigente.
“Tres meses antes tienen que renunciar según el Código Electoral y tiene que estar aceptada su renuncia por la Junta Municipal. Pero ahora hay una ley que dice que si el intendente por ejemplo renuncia ante un escribano público y presenta a la Junta, si la Junta no trata, al tercer día la renuncia se da ya por aprobada”, señaló.
Aclaró que ya no se puede retardar o negar la renuncia al intendente que decide apelar a una Escribanía para presentar su nota de dimisión. “O sea que ellos con renunciar tres meses antes más tres días, ellos aseguran que no van a tener problemas para ser candidatos”, remarcó.
Ljubetic recordó que en el pasado se ha dado una situación en la que se ha obstaculizado la aprobación de la renuncia y sucedió en Ciudad del Este, Alto Paraná. “Hubo un caso, el de Sandra Mc Leod en Ciudad del Este. Ahí se produjo una no aceptación de la renuncia y una serie de situaciones judiciales que se dieron en esa oportunidad. Por eso justamente salió esta nueva Ley que ya soluciona ese problema y no se puede más retrasar ni dejar de lado la renuncia”, subrayó.
Una vez presentada la renuncia del intendente, el presidente de la Junta Municipal tiene que convocar inmediatamente a reunión y ahí por mayoría absoluta de votos deben elegir al que va a actuar de jefe comunal hasta el final del mandato.
“Pero tiene que ser siempre uno que no se candidate a ningún cargo electivo, ni a intendente ni a concejal. Porque si asume como intendente no puede ser candidato otra vez. El que asume es el intendente definitivo hasta finalizar el mandato y asuma el nuevo intendente electo que va a ser seguramente a finales de octubre”, manifestó.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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Gobierno promete impulsar orden y transparencia en educación superior
El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.
Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.
En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES EN CURSO
El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.
Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.
ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.
Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.
MAYOR TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA
El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.
Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario. Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.
Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.
Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público.
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Diputados sancionó reprogramación presupuestaria para mejorar salario de fiscales
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7609, Ministerio Público”, durante la sesión ordinaria de este martes.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria destinada a regularizar el salario de los agentes y asistentes fiscales, por un monto total de G. 15.676.250.207.
Según la explicación de motivos, la adecuación implica regularizar las asignaciones correspondientes a 449 cargos de agentes fiscales, 28 de fiscales adjuntos y 1.772 de asistentes fiscales.
El diputado Néstor Castellano argumentó a favor de la aprobación del millonario monto que será destinado a mejorar el salario de los fiscales y asistentes fiscales. Dijo que servirá para reivindicar el trabajo que realizan los agentes de la Fiscalía.
El legislador colorado manifestó que se debe reconocer “la precariedad en la que se desenvuelven los aproximadamente 400 agentes fiscales en cada departamento de la República del Paraguay”.
“Hablando con muchos compañeros, amigos, compueblanos, centralinos, agentes fiscales que realizan una gran labor dentro de la precariedad en la que se manejan. Realmente estoy convencido que este es un justo reconocimiento a esa tarea”, subrayó.
Así también destacó que será “una reinvidicación ya por tiempo postergada”.
Dijo que los agentes se han hecho acreedores de esa “reivindicación justa”. Afirmó que desde la Cámara de Diputados se quiere enviar una “señal de confianza y de apoyo” para los agentes fiscales “que día a día se esmeran para hacer un buen trabajo”, añadió.
Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco señaló que la medida busca adecuar el salario de los agentes y asistentes fiscales al de los jueces de primera instancia, en consonancia con el reajuste salarial que estos últimos recibieron a través del Presupuesto General de la Nación 2025.