El próximo 31 de octubre, a las 8:30, se tendrá que realizar la audiencia preliminar para Pablo Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, acusados por estafar a los jugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro.
El Ministerio Público pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público debido a que cuenta con suficientes elementos de prueba para llegar a una sentencia condenatoria. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el monto de la estafa a los jugadores de fútbol ascendería a 800.000 dólares.
El Ministerio Público en fecha 23 de febrero acusó a Pablo Suárez, uruguayo, y a su esposa María José Arce, quienes en representación de la firma SUAR SA, supuestamente, vendieron departamentos a construir en el barrio Santísima Trinidad. Ambos fueron denunciados por los jugadores de fútbol Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo “Popi” Muñoz y Osmar Molinas.
A Muñoz le vendieron supuestamente dos departamentos del edificio Cibera Park, que SUAR SA debía construir y entregar al jugador en setiembre del 2016. El arquero uruguayo pagó la totalidad de US$ 256.760. Las escrituras del dominio tendrían que haber sido transferidas en enero del 2017, pero no sucedió, según consta en la acusación.
Manuel Salgueiro entregó la suma de US$ 194.040 por dos departamentos del mismo edificio Cibera Park, pero que no fueron construidos, según la denuncia. Los inmuebles debían ser entregados al jugador en noviembre del 2016. Por último, Osmar Molinas también fue víctima de la estafa.
Juicio civil
Asimismo, en el juicio civil el juez Édgar Rivas Laguardia de forma llamativa dispuso hacer lugar a un incidente que tiene por efecto el levantamiento de un embargo sobre el inmueble que se está ejecutando en un juicio promovido y ganado por Juan Manuel Salgueiro contra la empresa SUAR SA.
Según las constancias del expediente, estando ya demandada SUAR SA le transfirió el inmueble embargado a Cibera SA, ambas empresas del mismo grupo. Se presenta al juicio Cibera SA a pedir intervención y el juez, luego de los trámites normales, resolvió hacer lugar a un incidente que nunca fue promovido y el cual tiene como natural consecuencia el levantamiento del embargo. El presente fallo judicial fue apelado y será un tribunal de apelación quien tendrá que revocar la resolución judicial firmada por Rivas Laguardia.
Podes leer: Por primera vez condenan a un hombre a 5 años de cárcel por violencia psicológica