El juez penal de Garantías Julián López ratificó la imputación por coacción sexual, coacción y acoso sexual para el exgerente de canal 9 Carlos Granada quien seguirá procesado por los citados hechos punibles. El referido magistrado rechazó el incidente de nulidad presentado por el abogado Álvaro Arias defensor del comunicador. Asimismo la defensa de Granada apeló la resolución del magistrado por lo que será el tribunal de apelación el que decidirá si confirma la determinación adoptada por el juez penal de garantía.
Las fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva formularon imputación contra el periodista Carlos Granada por los mencionados delitos que se habría registrado en un medio de comunicación, donde el procesado se desempeñaba como gerente periodístico.
Actualmente el periodista cuenta con una orden de detención y en caso de ser detenido tendrá que ser derivado al Ministerio Público para que pueda prestar declaración indagatoria. Luego deberá acudir al juzgado penal de garantía para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el imputado irá a la cárcel o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
De acuerdo al acta de imputación serían varias las víctimas del procesado exgerente de prensa de canal 9, que formularon la denuncia en sede del Ministerio Público que una vez realizada las diligencias básicas decidió presentar la imputación contra el comunicador.
Podes leer: Implementan oficio judicial electrónico y Judisoft en Amambay
Dejanos tu comentario
Imputan a un hombre pillado en hurto de insumos de Hambre Cero de una escuela
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal N.º 7 de Ciudad del Este, presentó imputación contra Jerónimo Martín Vallejos (30) por ser sindicado como supuesto autor del hurto agravado en perjuicio de una escuela de Minga Guazú. El procesado habría desvalijado la institución escolar.
La causa investigada data el 21 de junio de 2026, siendo aproximadamente las 23:50, cuando Jerónimo habría ingresado al predio de la Escuela Básica N.º 1529 “Santo Domingo Savio”, ubicada en el km 24 Acaray, a unos 400 metros de la Ruta PY02.
El “visitante” nocturno habría forzado las ventanas y las puertas de varias aulas para acceder al interior de las salas y apoderarse delos insumos alimenticios del programa Hambre Cero, además de un equipo de sonido tipo parlante, color negro, propiedad de la institución; cableado eléctrico y; equipos pertenecientes al sistema de circuito cerrado de vigilancia.
Puede interesarle: Liberan a presunto “autor confeso” del hurto de alimentos de una escuela
De acuerdo a lo que reportó la Comisaría 8a., cuyo personal policial intervino en el caso, el hombre se estaba retirando de la escuela con los objetos sustraídos en su poder, cuando fue sorprendido en flagrancia. Los agentes llegaron precisamente en el momento en que el hombre se disponía a salir de predio escolar con los enseres robados.
En consecuencia, se procedió a su aprehensión inmediata y traslado a la sede policial correspondiente. Reunido los elementos de rigor, para la Fiscalía, la conducta del detenido se encuadra provisoriamente dentro del hecho punible de hurto agravado, en calidad de autor.
El Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación, a fin de reunir los elementos necesarios para la presentación del requerimiento conclusivo correspondiente.
Puede interesarle: Pacientes oncológicos claman por sala de espera y ampliación de pabellón
Dejanos tu comentario
Santa Rita: imputan a otro y suman seis los procesados por el mega-asalto
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez Delgado imputaron a Ismael Huespe Ortiz (58), por su presunta participación en el atraco en contra de tres bancos y una casa de cambios de Santa Rita. Fue detenido el pasado jueves al medidodía, en el barrio Kennedy, de Caacupé, departamento de Cordillera.
De acuerdo a la investigación, Huespe habría mantenido vínculos con uno de los procesados en la causa y participado en un intercambio de materiales explosivos el 10 de enero de 2026, consistente en 400 metros de cordón detonante a cambio de 25 metros de mecha lenta.
Con esta nueva imputación, son seis los procesados en la causa por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas y Explosivos.
El mega-asalto ocurrió en la madrugada de 16 de junio y en la noche de ese mismo día fueron allanadas dos viviendas en Embocada, Cordillera donde fueron incautados elementos relacionados a explosivos, siendo detenidas las primeras dos personas: José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), que luego fueron imputadas. Son sospechosos de haber participado en la provisión de explosivos.
La crónica de los detenidos e imputados en el caso sigue con otros tres, el 18 de junio, durante el allanamiento de un “aguantadero”, en el km 24 de Minga Guazú. Se trata de Emanuel Cidade Campos (23), alias Guaraní, Leandro Portillo Achucarro (30), y Adriana Balmori (34).
En el lugar se incautaron armas, chalecos antibalas, municiones, pasamontañas, clavos miguelitos, celulares y tarjetas bancarias.
Puede interesarle: Emiten aviso especial por temperaturas de hasta 1 °C
Hasta ahora, el asalto más grande en cuanto a cantidad de entidades afectadas
El hecho investigado es el más grande hasta ahora en el país, por la cantidad de entidades atracadas de una sola vez, aunque se desconoce todavía el monto robado. Ocurrió en la madrugada en el centro de Santa Rita, cuando aproximadamente 20 hombres encapuchados y armados con fusiles llegaron a los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, y Santa Rita Cambios.
Desarmaron y tomaron de rehén a un guardia de seguridad y a un policía y a funcionarios bancarios. Los atacantes colocaron explosivos en las entidades y amenazaron con ejecutar a los rehenes, ante una eventual intervención de las fuerzas públicas.
Robaron el dinero en efectivo de los bancos Familiar y GNB. En Ueno Bank, los vidrios resultaron dañados por disparos, mientras que en Santa Rita Cambios el explosivo colocado en la bóveda no detonó. En la huida, los criminales incendiaron dos vehículos y esparcieron clavos “miguelitos” para obstaculizar la persecución de los uniformados.
Durante el procedimiento posterior fueron halladas vainillas servidas y un artefacto explosivo cilíndrico metálico de 1,30 metros frente al Banco GNB, el cual fue desactivado por la Policía Nacional.
Dejanos tu comentario
Imputan a presunto microtraficante tras allanamiento y decomiso de drogas
- Ciudad del Este. Agencia regional
El 13 de junio había sido detenido un hombre durante el allanamiento de una vivienda en Juan E. O´Leary, tras incautarse del lugar dosis de cocaína y marihuana.
El agente fiscal de la Unidad Antidrogas, Elvio Aguilera Vázquez, presentó imputación contra el detenido, por la supuesta comisión del hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.
Asimismo, solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva ante el Juzgado Penal de Garantías.
La intervención se había realizado siendo las 19:15 del sábado último, en un inmueble ubicado en el barrio Santa Ana de O’Leary, con acompañamiento del personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Los intervinientes hallaron en una de las habitaciones una cartuchera de color verde que contenía dos porciones de una sustancia blanquecina en polvo, que luego se confirmó que es cocaína, además de una balanza de precisión, varias bolsitas de polietileno y la suma de 210.000 guaraníes en efectivo.
En una habitación contigua, desocupada, fue hallada una bolsa de polietileno con marihuana, según confirmación posterior. Las evidencias fueron sometidas a pesaje y análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest, a cago del personal técnico de la Policía.
El resultado fue positivo a cocaína con un peso total de 0,96 gramos y positivo a marihuana con un peso de 65 gramos. Ante estas evidencias, el fiscal Aguilera Vázquez inició el proceso contra el hombre, por la presunta comisión del hecho punible previsto en la Ley 1340/88.
Puede interesarle: Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus hijastras
Dejanos tu comentario
IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
Te puede interesar: Juicio de Boidanich: testigos ratificaron plazos legítimos y sin filtraciones
Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.