Este jueves a las 8:30, en la sala 3 del quinto piso, Torre Norte del Palacio de Justicia se dio inicio al segundo juicio oral y público para la directora de Abc Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, querellados por difamación y calumnia, acción presentada por la exviceministra de Tributación Marta González y su esposo Jacinto Santa María.
La causa caratulada “Natalia María Zuccolillo Pappalardo y otros s/calumnia y otros” es llevada adelante por el tribunal de Juan Carlos Zárate. La referida querella se generó debido a que Abc acusó a González y Santa María de despojar de sus tierras a una familia de Paraguarí, situación totalmente falsa porque dicho inmueble ya fue adquirido por los querellantes años atrás.
Tras dos años y medio de demora por 18 chicanas y 8 suspensiones, el primer juicio había comenzado el 2 de agosto en el tribunal de Wilfrido Peralta, caso en que Marta González querelló por difamación a Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano por haberla acusado falsamente en reiteradas publicaciones de la supuesta comisión de irregularidades en el ejercicio del cargo de viceministra de Tributación. Esta causa caratulada “Juan Carlos Lezcano Flecha y otros s/difamación” lleva seis sesiones hasta el viernes pasado, con transmisión pública por Justicia TV, y está previsto que prosiga mañana a las 8:00.
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Antecedentes
Las dos nuevas querellas fueron motivadas por publicaciones en las que el diario Abc Color acusó repetidamente a la exviceministra de Tributación Marta González Ayala y a su esposo y abogado de haber supuestamente despojado de su inmueble a un poblador de Paraguarí.
Cabe recordar que esta acusación fue desvirtuada por los mismos mediante la presentación del título de propiedad y una sentencia judicial firme, que lleva el N° 305 del 22 de noviembre de 2019, dictada por la jueza de primera instancia en lo civil y comercial de Paraguarí, doctora Nancy Cabrera, que avala la legitimidad de la actuación de ambos en defensa de sus derechos sobre la propiedad que adquirieron en el año 2007.
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JEM enjuicia y pide al pleno de la Corte suspender a juez por presunta coima
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), inició de oficio el enjuiciamiento contra el juez en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado, y solicitó a la Corte Suprema de Justicia su inmediata suspensión en funciones. Según chats filtrados, el magistrado habría solicitado USD 30.000 en concepto de coima, en presunta complicidad con la abogada Ilsa Paredes.
El órgano juzgador tomó conocimiento del caso tras publicaciones periodísticas que revelaron conversaciones entre Mercado y Paredes, en las que presuntamente negociaban el cobro de dinero a cambio de favores en varias causas. Los mensajes fueron obtenidos mediante una extracción de datos del teléfono de la abogada, quien actualmente está acusada por una estafa de USD 1.600.000 cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
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En una de las conversaciones, la abogada le habría respondido al juez que ya le entregaron un cheque de USD 15.000, mientras que en otros chats mencionaba que el cliente “a toda costa quiere hacerte la entrega”. Mercado habría respondido: “Dale, voy, ¿no hay cámara o qué, por ahí?”.
El ministro de la Corte y miembro del JEM, Manuel Ramírez Candia, calificó el caso como “muy grave” y señaló que los elementos son suficientes para sostener una sospecha razonable sobre la existencia del hecho punible de cohecho pasivo agravado. Por ello, propuso abrir el enjuiciamiento por la causal de supuesta comisión de hechos punibles.
Cabe destacar que la remoción definitiva del juez Civil queda suspendida hasta que exista una sentencia firme en el fuero penal. Actualmente, según lo expuesto ante el JEM, ni siquiera existe una imputación formal contra el magistrado por parte de la Fiscalía, una omisión considerada grave, por lo que el Ministerio Público debe iniciar la investigación penal correspondiente. El presunto contubernio cobró relevancia debido a que Mercado tenía a su cargo la regulación de honorarios de Paredes en el marco de un juicio sucesorio; sin embargo, en los chats donde se pactaban los montos no se hacía referencia a un expediente específico.
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Piden de 4 a 12 años de cárcel para equipo médico que atendió a Maradona antes de morir
La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.
Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.
“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional). El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.
El fiscal señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”. Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.
La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna. “No lo puedo creer, todavía no caigo”, exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.
Muerte “evitable”
Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto. “La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.
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El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.
“A su suerte”
Según Ferrari, los integrantes del equipo médico “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.
“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, dijo Ferrari.
Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido “brillantes”.
Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que “no está probado el dolo eventual” en su caso. “Es un punto flojo del alegato de la fiscalía”, dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.
Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, “el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto”, según el fiscal.
El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.
- Fuente: AFP
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ANR confirma instalación del 100 % de las mesas tras superar retrasos por temporal
El apoderado general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Wildo Almirón, confirmó que el Comando de Vigilancia de la Lista 1 constató que las 14.711 mesas electorales fueron instaladas al 100 % en todo el país, poco después de las 8:00 de esta mañana. Mencionó que el operativo tuvo algunos retrasos, principalmente en departamentos del norte, debido a las condiciones climáticas y el estado de los caminos tras el temporal.
Almirón brindó ante los medios de prensa una evaluación del inicio de la jornada electoral y comentó que en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú se registraron retrasos durante el inicio de la jornada electoral, ya sea por la inclemencia del tiempo, mientras que en otros puntos del país también se registraron cortes de energía eléctrica y dificultades durante la instalación de las mesas.
“A pesar de todo eso, desde las 8 de la mañana tuvimos desde el Comando de Vigilancia el reporte de que el 100 % de los locales de votación diseminados en toda la República, las 14.711 mesas fueron instaladas y ya están votando; algunos más temprano y los últimos los más rezagados a partir de las 8 de la mañana”, precisó.
Además, refirió se registraron algunas llegadas tardía de los que conforman las mesas de votación, principalmente, de los representantes de los otros partidos políticos. Indicó que incluso buscaron retrotraer todo el operativo que ya se había iniciado, que está establecido por ley que debe iniciarse a partir de las 6:00, y eso fueron algunos de los contratiempos que se registraron a primeras horas de la mañana. No obstante, remarcó que fueron subsanados todos los inconvenientes y el 100 % de las mesas ya está funcionando con normalidad.
Incidentes reportados
Almirón señaló que, si bien se han reportado varios incidentes durante el inicio de la jornada electora; son cuestiones que consideran normales dentro del proceso y citó la pelea por la instalación de mesa, la falta de de capacidad de algunos representantes de la Justicia Electoral denominado soporte técnico en cuanto al encendido de la máquina.
“En Villa Elisa tuvimos un problema con respecto al tema de la llamada mesa de consulta donde el ciudadano se puede acercar a saber dónde votar. Esta mesa de consulta estaba realizada por gente del PLRA. Tuvimos reporte de algunos locales que están con las PC a menos de 200 metros; cuando que por ley deben estar a 200 metros, pero en línea generales, repito, lo que nosotros consideramos dentro de la normalidad con la experiencia de elecciones anteriores”, remarcó.
Remarcó que a estas horas la jornada electoral se está desarrollando con total normalidad e instó a la ciudadanía a acudir a ejercer su derecho al voto. “Totalmente tranquilo, o sea, dentro de la normalidad, le decimos a la ciudadanía que los locales de votación, las mesas, están instaladas, no hay un ambiente, como algunos pretenden instalar, de un conflicto o de pelea. Decirles que acudan, que vayan a votar, que es el derecho que tienen los ciudadanos de expresar su voluntad a través de los votos”, acotó.
Jornada electoral atípica
El apoderado Almirón reconoció que esta jornada está sobrellevando una condición climántica que no fue normal a horas antes del inicio de los comicios. Puntualizó que lo que ocurrió en Asunción y Central, con la tormenta que se desató entre la tarde y noche del sábado, no fue una situación normal a la que estuvieran acostumbrados en elecciones anteriores.
“Tuvimos reportes de locales de votación donde el techo por la granizada se rompió y entró agua en algunos lugares. Tuvimos que volver a intervenir con los delegados de la Junta Cívica, gente de la Justicia Electoral para cambiar de lugar, cuestiones que no estábamos acostumbrados normalmente”, precisó.
Mencionó que por primera vez les pidieron a sus respectivos apoderados que pernocten en sus respectivos vehículos frente de los locales de votación para poder estar atento a cualquier situación que se pueda dar.
“Se han cuidando muchos lugares de la República, donde se registraron corte de energía eléctrica; atendiendo que podría ser propicio para eventuales avivadas de algunas personas que querían robar o hacer algún las cosas de instituciones educativas. A pesar de todo eso, excelente el trabajo de nuestros apoderados departamentales, distritales y de locales de votación de la Lista 1″, concluyó.
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Tribunal define este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas
El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.