En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro adbista por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete decidió admitir como prueba los datos extraídos de dos teléfonos celulares del pez gordo del narcotráfico, Lindomar Reges Furtado, que podría cambiar el escenario jurídico del exsecretario de Estado.

Asimismo, los jueces resolvieron que declare vía telemática Marcus Vinicius Espíndola. Para lograr la declaración del hoy detenido en Brasil, se solicitará la cooperación de las autoridades del Brasil.

Del mismo modo, los magistrados tomaron la determinación de rechazar los incidentes propuestos por la abogada del exministro del Interior Giuzzio, quien solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y la exclusión de algunas pruebas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos incautados a Lindomar Reges Furtado.

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Los mensajes extraídos del celular de Reges Furtado podrían revelar conexiones que pudo tener Giuzzio en su momento cuando el mismo ocupaba una de las principales carteras del Estado, lo cual podría agravarse su situación procesal.

Los datos extraídos de uno de los móviles ya se encuentran en poder del Juzgado a cargo del juez Osmar Legal, mientras que los del segundo aún permanecen en Brasil.

La jueza Planás explicó que el Ministerio Público sustentó de manera adecuada los argumentos para solicitar la incorporación de las pruebas solicitadas, en el afán de búsqueda de la verdad, sin considerar que las mismas podrían acarrear una violación de las garantías constitucionales o procesales.

El juicio oral contra Arnaldo Giuzzio seguirá el próximo viernes 6 de marzo, a las 08:00, en el Palacio de Justicia de Asunción.

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Un camionero fue baleando en lo que sería un intento de asalto en San Alberto, departamento de Alto Paraná. El hombre estaba consciente cuando fue auxiliado y confirmó que fue atacado por unos hombres que le hicieron el juego de luces como pidiendo ayuda, pero lo atacaron.

Según el reporte de la Policía Nacional, el hecho se registró cerca de las 23:30 de ayer jueves cuando el camionero circulaba sobre la ruta PY07. Detrás de este venía un automóvil de color oscuro que en un momento dado le hizo un juegos de luces, por lo que detuvo la marcha porque pensó que necesitaban ayuda.

“El pensó que le estaban pidiendo auxilio y detuvo la marcha, pero al momento en que bajó la ventanilla del camión ya recibió el disparo por parte de uno de los hombres que descendió del rodado”, confirmó la comisario Marisa Balmori, en entrevista con los medio de comunicación.

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Indicó que tras el ataque el hombre aceleró su camión y llegó hasta el cruce San Alberto donde pidió ayuda al guardia de seguridad de la empresa Kurusu, quien alertó a la Policía Nacional. La víctima fue identificada como Mauricio Riveiro Dos Santos, de 52 años, de nacionalidad brasileña.

El hombre fue auxiliado hasta el centro de salud local, donde los médicos confirmaron que la herida no revestía gravedad, pero igual permanece en observación. La víctima brindó su declaración a los intervinientes, hasta el momento se presume que se trató de un intento de asalto.

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El juicio del exministro abdista de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, por su presunto nexo con el criminal brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, será el próximo 17 de febrero. Este supuesto narco fue el objetivo de la Operación Turf, desplegada el 15 de febrero de 2022 en Paraguay y Brasil, al igual que Lindomar Reges Furtado, quien había logrado fugarse, señalado como el “rey de la cocaína” y vinculado con el prófugo uruguayo Sebastián Marset, según la investigación brasileña.

La investigación paraguaya develó chats entre Giuzzio (quien entonces ejercía el cargo de ministro del Interior) y Espindola desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, incluso a horas de la captura del segundo en Brasil, con un llamativo mensaje sobre el pago pendiente por la reparación de una camioneta, por lo que el brasileño supuso que el ministro se había equivocado de “Marcus”.

En tanto, el esquema de Marset estaba en la mira de la Operación Smart, que inició en mayo del 2021 y descubrió que Reges operaba para la misma organización criminal. Smart y Turf derivaron en la Operación A Ultranza Py, lanzada el 22 de febrero de 2022. Giuzzio encabezó la Senad entre agosto de 2018 y el 22 de enero de 2021, cuando pasó a Interior; y fue reemplazado por Zully Rolón, su mano derecha en el ente antidrogas, quien seguía en el cargo cuando se realizó Turf.

En su fuga desde un barrio privado de Hernandarias, Reges dejó un teléfono iPhone que fue incautado en el marco de la Operación Turf. El 14 de abril de 2025, el juez Osmar Legal autorizó a la Fiscalía paraguaya extraer los datos del aparato telefónico, a pedido del agente fiscal José Martín Morínigo. Mientras que Reges fue atrapado dos meses antes, el 2 de febrero de 2025, en un condominio ubicado en un barrio lujoso de Rio de Janeiro, en Brasil.

Dicha detención propició que el Ministerio Público solicitara que se incluyeran como prueba los datos extraídos del celular de Reges, en la apertura del juicio de Giuzzio, el 4 de marzo de 2025, que, sin embargo, fue interrumpido por nuevas chicanas presentadas por la defensa del procesado. Estos recursos procesales se destrabaron en octubre de 2025 y se fijó el juicio para los próximos 17 y 18 de febrero de 2026.

“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solicitamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valorarse dentro del marco de este juicio”, comentó el fiscal Jorge Arce a Nación Media, en marzo del año pasado, sobre el requerimiento realizado a la justicia brasileña vía exhorto y planteado ante el tribunal de sentencia, que no se analizó al suspenderse la audiencia. Se sospecha que Giuzzio recibió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga.

En la investigación brasileña, la Fiscalía de Río de Janeiro señaló que Gianina García Troche, pareja de Marset, habría formado parte de una operación de lavado de activos a favor de Lindomar Reges Furtado, en la compra de propiedades de lujo para ocultar que a su beneficiario. La uruguaya (recluida en la cárcel militar Viñas Cue de Paraguay) es nombrada junto a Stella Maris Duarte Pereira, hermana de la pareja de Furtado, en el traspaso de un inmueble en el Condominio Solar Das Crisalidas de Foz de Yguazú (Brasil), que término en un contrato de arriendo a favor de Lindomar.

Reges solía frecuentar la empresa Black Eagle Group SA (nombre comercial de Ombú SA), encargada de fabricar vehículos blindados de alta gama en Ciudad del Este y que pertenecía a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, según la declaración a la fiscalía de Gilberto Enciso, en su carácter de gerente de la mencionada firma: “Lo conozco de vista porque solía frecuentar la empresa, junto a Marcus. Lo habré visto en dos o tres oportunidades, no se iba muy seguido. Era amigo de Marcus porque cliente nuestro no era”.

También Marset fue visto en el mismo local, que también visitaría Giuzzio para que Enciso le entregara un vehículo prestado a título gratuito por Marcus para realizar un viaje a Brasil, en diciembre de 2021. “De vista lo conozco, no tengo relaciones con él. Fue a la empresa una o dos veces junto a Marcus, pero el sí se llevó un vehículo de la marca Ford Raptor, color blanco para blindar. Creo que fue a finales de 2020”, comentó el gerente sobre la presencia del narco uruguayo buscado en la causa A Ultranza Py.

Según el acta de imputación por cohecho pasivo agravado (soborno), Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, mantuvo varios encuentros con Vinicius, en aquel entonces administrador de las empresas Black Eagle Group SA y Ombú SA, del rubro de blindaje para vehículos y elementos de protección, y habría recibido favores a cambio de direccionar algunas licitaciones para sus productos en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Así, en diciembre de 2021, amparado por Giuzzio, el empresario brasileño presentó equipos tácticos en la sede de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fuerza de Operaciones Policiales Especiales).

La gestión de Giuzzio ten la Senad también se vincula con el “arco libre” al narcotráfico, debido a que firmó una resolución en mayo del 2020 que eliminaba la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), responsable de los controles en los puertos del país, en cuando en Europa comenzaban a duplicarse cifras de decomisos de toneladas de cocaína enviadas desde Paraguay.

Precisamente, las operaciones Smart, Turf y A Ultranza Py identificaron a una estructura criminal que operaba en Paraguay para traer drogas desde Bolivia y Colombia con destino a puertos brasileños, desde donde se enviaban a Europa. La droga se introducía en contenedores para su exportación, utilizando una exportación legítima, principalmente cargamentos de frutas o pintura, para enviar la droga al extranjero.

A las 8:30 del próximo miércoles 18 de febrero se fijó el jui­cio oral y público del exminis­tro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), por recibir presuntamente favo­res del narcotraficante brasi­leño Marcus Vinicius Espín­dola Marqués de Padua; marco en que el Ministerio Público podría solicitar una inclusión probatoria de otro presunto vínculo narco del acusado con Lindomar Reges Furtado, detenido en Brasil.

En marzo de 2025, los agen­tes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce habían solici­tado al inicio de la causa que se libre exhorto a la Justicia de Brasil para acceder ínte­gramente a las conversacio­nes por chat que mantuvie­ron Giuzzio y Reges, según reveló un peritaje de la Policía Federal al teléfono del brasi­leño que se había fugado de la operación Turf, en febrero de 2022 en Hernandarias (Alto Paraná), y fue capturado en Río de Janeiro (Brasil), en febrero de 2025.

El año pasado, el inicio del juicio se había suspendido debido a una serie de chica­nas que presentó la defensa del exministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, entre agosto de 2018 y febrero de 2022, integrando el gabinete del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hasta el momento no se presentó ningún pedido de suspensión del juicio, reportó el periodista de judiciales de Nación Media a través del programa “Arriba hoy” por el canal GEN y Uni­verso 970 AM.

Pese a la suspensión, el Ministerio Público impulsó el pedido de informe como acto investigativo y aparen­temente ya tendría en su poder la desgrabación de las conversaciones obtenidas del teléfono de Reges, que podría disponerse para el Tribunal de Sentencia, que preside la magistrada Adriana Planás preside.