El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Arnaldo Fleitas, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander confirmó la competencia del Tribunal de Sentencia conformado por los magistrados Elsa García, Yolanda Morel, Juan Pablo Mendoza y el suplemente Miguel Ruiz, quienes deben juzgar a Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de Imedic SA, respectivamente, quienes están acusados por el Ministerio Público por el delito de producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19.
Con la citada resolución judicial se tiene vía libre para poder fijar nuevamente la fecha del inicio del juicio oral y público donde se definirá si padre e hija van a pisar la cárcel de Tacumbú y la penitenciaría de mujeres del Buen Pastor, respectivamente.
Además de Justo Ferreira y su hija, están acusados el despachante aduanero Carlos Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta. Padre e hija están actualmente con arresto domiciliario desde el inicio del proceso penal.
Antecedentes
En julio del 2021 el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal al clan Ferreira. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar. Esta resolución judicial fue apelada por la defensa de los procesados y en setiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín ratificó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros procesados deberán enfrentar un juicio oral y público.
Otro proceso de Patricia Ferreira
En junio del 2021, Patricia Ferreira fue acusada por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados, omisión de evitar un resultado, actuación en representación de otro y asociación criminal. Por el presente caso también la mujer estará sentada en el banquillo de los acusados. La jueza Clara Ruiz Díaz elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora solo falta sortear al tribunal colegiado que juzgará a Patricia Ferreira y otros acusados.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
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Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
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“Tía Chela”: Prieto afronta juicio este lunes mientras avanza otro proceso en su contra
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.
El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia condenatoria ejemplar ante la gravedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.
La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.
La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.
Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.
En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Caso Tajy
El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.
En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
Consejo de Salud
A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.
Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.