El Comité Ejecutivo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, esta última entidad gremial que agrupa a los operadores de justicia del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y otros e integrantes de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión internacional de Magistrados (UIM), reitera su preocupación ante el posible avasallamiento a la institucionalidad de los órganos constitucionales de la República, específicamente la Fiscalía General del Estado.
Igualmente, refiere el comunicado del citado gremio que “si bien el juicio político ese encuentra previsto como un mecanismo constitucional, el mismo no puede ser utilizado constantemente sin que se cumplan las causales previstas para este, utilizando cuestiones externas o intereses políticos sectorizados ni situaciones distintas a las previstas a la Constitución Nacional y las leyes para socavar a las instituciones y sus integrantes y que puedan afectar el cumplimiento de las funciones constitucionales del Ministerio Público, ya que es el órgano constitucional titular de la acción penal pública que ejerce como representante de la sociedad, pero siempre regido por el principio de objetividad en sus actuaciones”, indica parte del comunicado dado a conocer a la opinión publica sobre el juicio político a la fiscal general, Sandra Quiñónez.
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Del mismo modo, refiere el documento que “el Comité Ejecutivo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay no está de acuerdo con el tercer intento de juicio político a la fiscal general del Estado e insta a todas las autoridades a respetar la institucionalidad de los órganos constitucionales de la República, así como la autonomía e independencia de los mismos. Esto significa que los operadores de Justicia estemos ajenos a rendir cuentas de nuestra gestión, pero sí la necesidad de respeto a la institucionalidad sin que primen otros intereses distintos a la supremacía constitucional, el cumplimiento de las leyes y el fortalecimiento del Estado de derecho”, señala el comunicado del gremio de magistrados, dejando en claro que no están de acuerdo con el juicio político a la fiscal general de Estado, Sandra Quiñónez.
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