Juez dispuso inmovilizar yate del exministro de la SEN Joaquín Roa, investigado por enriquecimiento ilícito
Compartir en redes
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inmovilización del yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, investigado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en el marco del operativo A Ultranza Py. La embarcación quedará a cargo de la Senabico.
El fiscal del caso, Juan Ledesma, solicitó al juzgado el secuestro del yate, pero dicho pedido fue rechazado debido a que el Ministerio Público ya tiene incautada la embarcación por lo que la figura correcta es la de inmovilización del yate, lo que implica que ya no se podrá tocar la embarcación.
El representante del Ministerio Público está realizando varias diligencias investigativas que podrían llegar a la conclusión de presentar la imputación contra Roa. En caso de que sea imputado, el juez será Humberto Otazú.
En su momento el exsecretario de la SEN Joaquín Roa había señalado que la embarcación fue adquirida del Grupo Tapyracuai en el 2018 por US$ 400.000. Manifestó en aquel entonces que es amante de la embarcación y refirió que hizo préstamos y hasta entregó una camioneta para tener el yate.
En el marco del operativo antidrogas A Ultranza Py donde fue detenido Alberto “Beto” Koube y se encontraron lujosos yates, el exministro de la SEN figura como uno de los dueños de la embarcación. El yate de Roa está valuado en unos US$ 500.000 y fue importado por el grupo Tapyracuai un día después de la asunción del gobierno actual; es decir, el 16 de agosto del 2018, aunque con un valor declarado un poco menor al estimativo que se maneja en el mercado. El valor de ingreso que consignaron es de US$ 378.000.
El juez Humberto Otazú otorgó medidas alterativas a la prisión a la fiscala suspendida Gloria Rojas, imputada por pedir coima en la investigación del caso María Fernanda, la víctima de feminicidio. Foto: Gentileza
Caso María Fernanda: otorgan medidas alternativas a fiscala imputada por pedir coima
Compartir en redes
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones, Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado. El profesional pidió G. 30 millones, suma de la cual la agente estaba en conocimiento.
En este caso, la fiscala de Delitos Económicos, Silvia González, imputó a su colega, la agente Gloria Rojas, por el citado hecho punible. En su pedido, sospecha que participó del pedido de dinero que luego fue incautado en una entrega vigilada en poder del abogado Juan Carlos Bedoya, el 26 de noviembre pasado.
El caso se inició tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, quien fue asesinada y su cuerpo calcinado mientras estaba embarazada.
Condenan a 8 años de cárcel al extitular de la SEN, Joaquín Roa, y dan 6 años para Alberto Koube
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia integrado por Elsa García, Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, condenó a 8 años de cárcel al extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, luego de ser encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo, y asociación criminal en direccionar licitaciones en la SEN. Igualmente fue condenado Alberto Koube a 6 años de encierro.
También se dispuso la libertad del condenado, quien estaba con arresto domiciliario. El pedido de levantar la citada medida fue hecho por la Fiscalía para evitar que cumpla la totalidad de la condena en su casa.
Los magistrados concluyeron que varios elementos probatorios fueron clave para el presente caso. Resaltaron los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba vueltos para el pan dulce y la sidra y el diezmo para los perros del dinero de las licitaciones.
También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa a quien trataba de “papacho” para que se puedan liberar los fondos.
La defensa de los condenados tendrán la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.
Procesan por lavado de dinero al presidente del banco Atlas
Compartir en redes
El juez Humberto Otazú admitió la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldivar, y otros. Asimismo, procesó penalmente a los imputados y fijó para el 20 y 21 de noviembre la audiencia de imposición de medidas cautelares. Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez habían imputado al titular de Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, y otras ocho personas, por lavado de dinero en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).
La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Conmebol. En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo. Asimismo, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Demás imputados Además de Zaldívar, fueron imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, María Celeste Leoz de Ribeiro, y Nora Cecilia de Cardozo.
La fiscalía se ratifico en que los acusados por el caso conocido como la mafia de los pagarés deben enfrentar un juicio oral y público. Foto: Gentileza
Mafia de los pagarés: comenzó audiencia preliminar de varios acusados
Compartir en redes
Ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, se inició la audiencia preliminar para varios acusados, entre ellos la jueza de Paz Nathalia Garcete, en el marco del caso conocido como la “mafia de los pagarés”.
Los fiscales Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero se ratificaron en su acusación, destacando que el esquema operaba desde los juzgados de paz, mediante resoluciones judiciales dictadas al margen del debido proceso.
La fiscala Bobadilla indicó que se está “frente a un sistema paralelo que utilizó la estructura judicial para avanzar expedientes de cobro sin que los demandados fueran debidamente notificados”.
Por su parte, el fiscal Leonardi Guerrero señaló que las defensas plantearon incidentes y salidas alternativas, pero que la Fiscalía ratificó el pedido de elevación a juicio oral para los 14 acusados incluidos en el expediente del Juzgado de Paz de La Catedral, Segundo Turno.
Igualmente, los fiscales mencionaron que el mecanismo criminal consistía en la participación activa de magistrados, actuarios y ujieres, quienes gestionaban resoluciones, notificaciones y cobros en condiciones que no permitían la defensa efectiva de los demandados.“El volumen de expedientes finiquitados y caducados revela una rapidez fuera de norma en los juzgados de paz implicados”, manifestó Bobadilla.
En el presente caso están acusados Olivia Mosqueda Núñez, Edgar Ayala Melo, Alfredo Samudio Benítez, Sun Young Bang, César Bogarín Alen, Óscar Fernando Rivela Gregor y Cristian Martínez Meaurio, entre otros.és: levantan embargos en más de 23.000 juicios ejecutivos