El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inmovilización del yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, investigado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en el marco del operativo A Ultranza Py. La embarcación quedará a cargo de la Senabico.
El fiscal del caso, Juan Ledesma, solicitó al juzgado el secuestro del yate, pero dicho pedido fue rechazado debido a que el Ministerio Público ya tiene incautada la embarcación por lo que la figura correcta es la de inmovilización del yate, lo que implica que ya no se podrá tocar la embarcación.
El representante del Ministerio Público está realizando varias diligencias investigativas que podrían llegar a la conclusión de presentar la imputación contra Roa. En caso de que sea imputado, el juez será Humberto Otazú.
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En su momento el exsecretario de la SEN Joaquín Roa había señalado que la embarcación fue adquirida del Grupo Tapyracuai en el 2018 por US$ 400.000. Manifestó en aquel entonces que es amante de la embarcación y refirió que hizo préstamos y hasta entregó una camioneta para tener el yate.
En el marco del operativo antidrogas A Ultranza Py donde fue detenido Alberto “Beto” Koube y se encontraron lujosos yates, el exministro de la SEN figura como uno de los dueños de la embarcación. El yate de Roa está valuado en unos US$ 500.000 y fue importado por el grupo Tapyracuai un día después de la asunción del gobierno actual; es decir, el 16 de agosto del 2018, aunque con un valor declarado un poco menor al estimativo que se maneja en el mercado. El valor de ingreso que consignaron es de US$ 378.000.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscal General asignó funciones a nuevos agentes fiscales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a fin de coordinar las tareas en el Ministerio Público dispuso la asignación y reasignación de funciones de varios agentes fiscales en diversas áreas y zonas de nuestro país.
En el departamento de Guairá se reasignó al fiscal Pedro Martín Escalada Cáceres a cumplir funciones en la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía de Villarrica, en reemplazo de la agente fiscal Rocío Raquel Rivas. Asimismo el fiscal Diego Raúl Duarte Vázquez a cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N.º 6 de la Fiscalía de Villarrica, en reemplazo de la agente fiscal María Elena Leiva Martínez.
Asimismo en el departamento de Canindeyú, Rolón asignó al fiscal Abelino Bareiro Aguirre para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal N.º 1 y la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Saltos del Guairá, en reemplazo del agente fiscal Carlos Cabrera; así también para intervenir en los expedientes judiciales del área civil, comercial y laboral por el sistema de asignación vigente.
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También se asignó a la agente fiscal Sonia Raquel Benítez Rojas para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal Nº 3 de la Fiscalía de Saltos del Guairá. También se dispuso que el fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes cumpla funciones en carácter de titular de la Unidad Penal 3, la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato y causas de Denuncias por Maltrato Animal de la Fiscalía de Curuguaty, en reemplazo del agente fiscal Christian Ring.
Mientras que en el departamento de San Pedro se asignó a la fiscala Nélida Maricel Orihuela Battilana para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal n.⁰ 3, Unidad Penal de Transición, Unidad Civil, Comercial y Laboral de la Fiscalía de San Pedro. Igualmente el fiscal Alexander Rodrigo Argüello Alderete cumplirá función en San Estanislao.
De mismo modo los fiscales Gloria Marlene Florentín Montiel cumplirá funciones en Santa Rosa del Aguaray en reemplazo del agente fiscal Jorge Isaak Encina Alder y la fiscala Laura Soledad Romero López cumplirá funciones en Santa Rosa del Aguaray.
También la fiscala Jazmín María Onelir Segovia Colmán cumplirá funciones en la Unidad Penal Nº 1 de Choré, con sede en la Fiscalía de San Estanislao. El fiscal cumplirá Pedro Nelson Acuña Castillo cumplirá funciones en Capiibary, en reemplazo del agente fiscal Pablo Ramón Zorrilla.
Se estableció la vigencia de las asignaciones y reasignaciones desde el 25 de febrero de 2025. Además, el fiscal general del Estado dispuso la realización de un inventario de los casos tramitados ante las unidades afectadas, el estado de las causas, así como de las evidencias existentes y lugar de depósito de estas.
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Ordenan traslado a Tacumbú de sospechoso del feminicidio de Jessica Duarte
El juez Rolando Duarte dispuso el traslado de la cárcel de Emboscada a la de Tacumbú de Miguel Darío Sánchez, imputado por violencia familiar, y a su vez es el principal sospechoso de la muerte de Jessica Duarte Scappini. La resolución del citado magistrado se dio luego de la diligencia judicial en la que la defensa del imputado alegó recibir amenaza en la cárcel de Emboscada.
El magistrado señaló que la defensa del procesado pidió el traslado del imputado debido a que el mismo habría recibido amenaza por distintos medios.
Duarte sostuvo que “esta judicatura debe precautelar la seguridad del incoado a los efectos de poder asegurar su sometimiento a las resultas del proceso penal iniciado en su contra, siendo entendible lo solicitado por la defensa en el sentido de que se ordene su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, siempre y cuando la autoridad penitenciaria no resuelva su traslado por razones de hacinamiento y/o seguridad”, señala la resolución del juez Duarte.
Días atrás la jueza de turno Alicia Pedrozo decretó la prisión preventiva de Miguel Darío Sánchez Romero, imputado inicialmente por violencia familiar y ahora como el principal sospechoso de la muerte de Duarte Scappini.
La magistrada sostuvo en su resolución que se cumplen los presupuestos para dicha medida, desde la gravedad del hecho punible, en ese sentido, “se halla demostrado con los documentos preliminares agregados en autos, los cuales describen sobre la forma en que ocurrieron los hechos y donde se identifica al supuesto autor, así como también, describe el hecho punible de Violencia Familiar, el cual es considerado grave”.
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Histórico: justicia argentina ordenó detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros
La Cámara Federal porteña dispuso la detención con fines de indagatoria por graves violaciones a los derechos humanos del actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo. Los citados habrían sido responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.
La resolución se dictó contra más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre los que están integrantes de las Fuerza Armadas, de la guardia Nacional Bolivariana y agentes de Inteligencias al servicio del gobierno de Maduro.
Los magistrados que dictaron la orden de detención son Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, acompañando el reclamo de una serie de víctimas.
De acuerdo a los medios argentinos, los jueces hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron, según su resolución que existe en Venezuela, de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
Los magistrados actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.