Las mismas serán investigadas por los hechos punibles de violación al deber del cuidado, mientras que a la directora se le agrega el delito de frustración de la persecución y ejecución penal. Foto: Ilustrativa.
Caso abuso sexual: imputan y piden prisión de directora y docentes del colegio privado de Lambaré
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Las fiscales que investigan el caso de abuso sexual a un niño de seis años de edad en un colegio privado de Lambaré confirmaron la imputación de la directora de la institución en cuestión, Carolina Urbieta, la coordinadora de primaria Gabriela Santiviago y su colega, la docente Olga Feltes.
Las mismas serán investigadas por los hechos punibles de violación al deber del cuidado, mientras que a Urbieta se le agrega el delito de frustración de la persecución y ejecución penal, tras aparentemente haber ocultado datos a la Fiscalía en el marco de la investigación. Desde el Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva de estas tres docentes.
La noticia de la imputación brindada por la fiscal del caso Myriam Rodríguez, fue celebrada por los padres de familia, quienes permanecen en vigilia frente a la institución. A la vez la agente confirmó que ya identificaron a dos de los supuestos agresores del niño.
Luego de que lo ocurrido haya salido a la luz pública, la ciudadanía en general quedó indignada, más aún al darse a conocer que las principales autoridades del colegio privado, reconocido internacionalmente, hayan ocultado una situación tan grave como es un abuso sexual. Padres, docentes, exalumnos de distintos centros educativos de Asunción se encuentran en vigilia implorando a las autoridades que este caso no quede impune.
La imputación de la directora y las dos docentes dan la pauta que la investigación está por buen camino. De momento la Fiscalía continúa con las diligencias pertinentes y lo que se aguarda es que finalmente se pueda identificar a todos los responsables del hecho para tomar las medidas correspondientes.
Itauguá: condenan a 20 años de prisión a una persona por abusar sexualmente de su hija
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En el marco de un juicio oral y público, la agente fiscal Fátima Britos logró una condena de 20 años de pena privativa de libertad para un hombre hallado culpable de abuso sexual en niños. La víctima fue su propia hija biológica, quien tenía 9 años al momento de los hechos registrados en la ciudad de Itauguá.
La representante del Ministerio Público de Paraguay logró demostrar la autoría del acusado en los abusos sufridos por la menor. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre los años 2022 y 2023 en la vivienda del procesado, ubicada en dicha localidad del departamento Central.
El Tribunal de Sentencia sostuvo que durante el desarrollo del debate se produjeron diversos elementos probatorios, como informes psicológicos y peritajes, que confirmaron la responsabilidad del acusado en este grave hecho.
En caso de que la defensa decida apelar el fallo, un Tribunal de Apelación será el encargado de estudiar el recurso y definir si corresponde ratificar la sentencia dictada en primera instancia.
Detienen a policías por presunto abuso sexual de una mujer en Concepción
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En Concepción, dos policías fueron detenidos y están siendo investigados luego de que una mujer los denunciara por presunto abuso sexual y extorsión, para poder recuperar su libertad y una motocicleta que fue incautada en un procedimiento. En un allanamiento realizado este martes se recolectaron varias evidencias.
Según el reporte policial, los sospechosos son el suboficial inspector Isidro Cardozo Vargas, que se desempeñaba como subjefe de la comisaría, y el suboficial segundo Juan Daniel Ortiz Cardozo. Ambos se encargaban del puesto policial n.° 9 del barrio Santo Domingo de Guzmán.
La denunciante indicó que estos agentes la abordaron luego de dejar a su pareja en su trabajo, le dijeron que tenía problema con su moto. La llevaron hasta la sede policial y la obligaron a mantener relaciones sexuales a cambio de liberarla junto a su biciclo.
“De acuerdo a la denuncia, la mujer habría sido coaccionada sexualmente para su liberación y entrega de motocicleta, además, de que dicha actuación policial no fue puesta a conocimiento del Ministerio Público”, dijo el fiscal Pablo Zárate en ”Así son las cosas", programa del canal GEN y Universo 970/Nación Media.
El representante del Ministerio Público afirmó que en el lugar del allanamiento se lograron levantar varias evidencias que serán analizadas. La denunciante indicó que todo ocurrió en unas de las habitaciones del puesto policial. “De acuerdo a la información dada, estos efectivos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y eso se comprobó”, detalló Zárate.
El sitio no cuenta con cámaras de seguridad, pero ante las evidencias presentada por la mujer, varios audios y también los estudios físicos realizado podría servir para confirmar una posible imputación contras estos policías.
Detienen a paraguayo buscado por abusar de una niña en Argentina y que tenía orden de extradición
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Este miércoles, Interpol Paraguay detuvo a un hombre que era buscado en Argentina por abuso sexual en niños. Esta persona de nacionalidad paraguaya será extraditada para ser condenada en el país, donde lo acusan de abusar sexualmente de una niña de 8 años, hija de su expajera.
Según el comisario Juan Fretes, jefe de Interpol, la detención de esta persona se logró está mañana en la zona de 4 Mojones, mientras estaba trabajando como albañil en una obra. Se trata de Derlis Vera, de 30 años, quien está siendo requerido por abuso sexual infantil en el vecino país.
“Fue detenido un ciudadano paraguayo de 30 años que se dedicaba a las labores de albañilería y otras profesiones, que no requieren de las documentaciones legales del empleador en Argentina. Actualmente, estaba realizando labores en el departamento Central”, dijo Fretes, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Afirmó que este hombre era buscado por haber abusado sexualmente de una niña de 8 años, hija de su expareja, en Buenos Aires. "Esta persona estuvo prófuga desde el año 2021 y se refugió en Paraguay, luego de abusar sistemáticamente de una niña. Hoy en día, se encuentra a disposición de los organismos competentes y se someterá a los plazos de la extradición”, indicó.
Fretes confirmó que el 82 % de los pedidos de extradición son por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. “En un mayor porcentaje, los trabajos operacionales de la Interpol son detenciones de personas que tienen causas precisamente por abuso infantil”, puntualizó.
La investigación señala que la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023. Foto: Gentileza
Imputan a docente por omisión ante caso de bullying que derivó en suicidio de un alumno
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La agente fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a una docente de 43 años de edad por la presunta violación del deber de cuidado o educación. Según la investigación, la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023, lo que derivó en que el alumno se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.
De acuerdo con las pesquisas, la docente, en su carácter de asesora de curso, tuvo conocimiento directo de las situaciones de acoso sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la educadora habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de violencia. Como consecuencia de esta falta de intervención oportuna, el menor experimentó un declive psíquico que culminó en su fallecimiento el 3 de julio de 2024.
El requerimiento fiscal sostiene que la conducta omisiva constituye una violación grave de su responsabilidad como garante de la integridad del alumno, ya que debía brindar apoyo educativo personalizado ante los procesos sociales de sus estudiantes. Entre los elementos de sospecha figuran actas de entrevistas, informes del centro educativo y una autopsia psicológica que vincula el acoso con el riesgo de suicidio.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, tales como la fijación de domicilio, comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país, además de la restricción de acercarse a los familiares de la víctima. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.