El abogado Enrique Villagra, defensor del suboficial Alcides Villagra Giménez, acusado por cohecho pasivo, frustración a la persecución penal y asociación criminal en el caso conocido como operativo Berilho, recusó a la jueza Alicia Pedrozo por supuesta enemistad y falta de imparcialidad, y pidió al Tribunal de Apelación que la separe del caso.
Con esta nueva recusación contra la citada magistrada, el Tribunal de Apelación tendrá que estudiar y decidir si confirma la competencia de la magistrada Pedrozo o la separa del caso. No es la primera recusación que se presenta en el presente proceso penal donde está acusado Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, el fiscal Gustavo Yegros, y otra veintena de personas en la causa de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero..
Días atrás la Cámara de Apelación confirmó la prisión preventiva en la cárcel de Emboscada de Cucho Cabaña, quien pretendía abandonar la penitenciaría y guardar prisión domiciliaria.
El operativo Berilho se realizó en setiembre de 2018, en distintos puntos de Alto Paraná. Fiscales junto a agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Caso Matrobús: Wiens recusó a Emiliano Rolón para frenar causa penal
El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.
El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.
Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.
Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.
La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.
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Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
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Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Recusan a ministro de Corte con el objetivo de trabar causa penal de Miguel Zaldívar y otros
El abogado Marcio Battilana, representante legal de Eleno Martínez —imputado junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por lavado de dinero—, recusó al ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera. De esta manera, continúa la línea obstruccionista que busca paralizar el curso del caso.
Con esta nueva chicana presentada por el abogado Battilana, primero se deberá conformar la Sala Penal para estudiar la recusación; posteriormente, se analizarán los incidentes planteados por Zaldívar y los demás imputados en el proceso. La defensa de los procesados ha presentado diversos incidentes ante la máxima instancia judicial con el único fin de evitar someterse a la Justicia.
La recusación contra el ministro Benítez Riera argumenta que un hermano del alto magistrado trabajó en el Banco Atlas entre los años 2006 y 2010, motivo por el cual solicitan su apartamiento. Actualmente, la Sala Penal de la Corte se encuentra desintegrada, debido a que los ministros Carolina Llanes y Gustavo Santander ya se han apartado del expediente. El caso se encuentra ahora para consulta de integración con el ministro César Diesel, de la Sala Constitucional.
Zaldívar podría ir a la cárcel
Ante la actitud obstruccionista al debido proceso, manifestada en las reiteradas maniobras dilatorias presentadas por Miguel Ángel Zaldívar y los demás imputados por lavado de dinero —en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol—, el juez de la causa podría evaluar la aplicación de otras medidas establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas destaca la posibilidad de decretar la prisión preventiva para los imputados que, hasta el momento, no se han sometido a la Justicia.
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Defensa de imputado en caso Atlas recusó a camaristas para frustrar imposición de medidas
El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi —imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros—, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Con esta recusación, calificada como infundada, la defensa busca frustrar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú. Al tratarse de un recurso con el solo efecto de dilatar el proceso judicial, la máxima instancia judicial podría aplicar sanciones disciplinarias tanto al abogado Kronawetter como al propio imputado, considerando que estas “chicanas” entorpecen el desarrollo de la causa penal.
Los camaristas ya elevaron su informe a la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá decidir si corresponde confirmar la competencia del tribunal recusado.
Varios reveses judiciales
Días atrás, el magistrado Humberto Otazú ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros procesados por presunto lavado de dinero. El magistrado rechazó la excepción de “falta de acción” planteada por la defensa, confirmando así la validez de la participación de la matriz del fútbol sudamericano en el caso.
Asimismo, el juez Otazú ya había desestimado un recurso previo de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, los imputados continúan recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente será analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a los abogados y a los procesados por el uso indebido de recursos procesales.
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