El próximo 29 de abril está previsto llevar a cabo la audiencia preliminar para el exintendente de Concepción Alejandro Ramón Urbieta, y Pedro Alberto Vera Escurra, director de Administración y Finanzas del municipio, ambos acusados por lesión de confianza. En la referida diligencia judicial se decidirá si el exjefe comunal enfrentará o no un juicio oral y público.
Igualmente, en el presente caso están acusados Rigoberto Vicencini Benítez, propietario de la empresa Conserpar; y Arsenio Domínguez, quien fuera fiscalizador de obras. Todos los procesados deberán acudir con sus abogados en la fecha mencionada para la diligencia judicial.
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De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto de la adjudicación es de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010, según el propio exintendente.
A raíz de los hechos irregulares se realizó una pericia técnica que logró demostrar que los trabajos realizados solo llegan a G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689. Por este motivo se inició la investigación por parte de la Fiscalía y derivó a la acusación pertinente. Tras la próxima diligencia judicial la causa podría finalmente encaminar a una condena o una absolución, si se define llevarla a juicio.
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Juez eleva a juicio oral la causa contra “Nenecho” Rodríguez por presunta lesión de confianza
El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por supuesta lesión de confianza, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de detergentes y otros insumos de limpieza con fondos municipales durante la pandemia de la COVID-19.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El juzgado igualmente decidió excluir el hecho punible de asociación criminal al considerar que no existen elementos suficientes para que esa parte de la acusación sea debatida en juicio. Además, rechazó los incidentes de sobreseimiento planteados por la defensa de Rodríguez.
Estigarribia sostuvo que la acusación fiscal describe de manera circunstanciada los hechos atribuidos al exintendente y contiene elementos que permiten que la supuesta lesión de confianza sea analizada por un Tribunal de Sentencia.
Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición de insumos que, en varios casos, no habrían ingresado a la Municipalidad de Asunción.
La Fiscalía sostiene que, durante los años 2020 y 2021, en el marco de las contrataciones por la emergencia sanitaria, se habría favorecido sistemáticamente a un grupo de empresas, con presuntas vulneraciones a los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
La acusación también señala que las licitaciones habrían sido direccionadas a determinadas firmas y que se habrían utilizado nombramientos, contratos y emisión de cheques como parte de una supuesta estructura para perjudicar a la institución.
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Periodista comparecerá ante la Fiscalía tras grave accidente en Asunción
Este miércoles 21 de octubre, el periodista Roberto Coronel, quien protagonizó un grave accidente de tránsito que ocasionó daños materiales durante la madrugada del sábado sobre la avenida General Máximo Santos, en el barrio San Vicente de Asunción, deberá comparecer ante el fiscal Benjamín Beltrán.
Tras esta diligencia, el Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación contra el comunicador, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.
En la audiencia indagatoria, el periodista deberá declarar sobre los hechos por los cuales está siendo investigado —específicamente, exposición al peligro en el tránsito terrestre— o, en su defecto, podrá admitir los hechos y solicitar una salida procesal antes de ser imputado.
De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba.
El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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Caso Tajy: confirman segundo juicio oral para Miguel Prieto por corrupción
El exintendente de Ciudad del Este y dirigente opositor aspirante a la presidencia de la República, Miguel Prieto, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso judicial conocido como “Tajy”, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones.
Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Humberto Otazú. Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.
El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fueron entregadas, lo que constituye un hecho de corrupción y un perjuicio a las arcas del municipio.
“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19. La imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la calidad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de panificados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.
Otros acusados
En esta causa también se encuentran acusados:
- • Sebastián Martínez Insfrán
- • Robert Osmar Florentín Silvero
- • Alex Yamal Samhat González
- • Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
- • Emili Vanessa Florentín Páez
- • Higinio Ramón Acuña
- • Nelson Alexis Segovia Acevedo
- • Maggi Elizabeth Fariña Almada
- • Buena Ventura Morínigo
- • Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez
Juicio en el caso “Tía Chela”
De igual manera, Miguel Prieto y otros procesados ya están siendo juzgados por lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”, por ocasionar un presunto perjuicio de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, ese juicio se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales, donde el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el esquema irregular.
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En diciembre definen si hijo de Lalo Gomes, el abogado Óscar Tuma y otros van a juicio oral
La jueza penal contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía pospuso para el 14 de diciembre la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el abogado Óscar Tuma y dos escribanas quienes están acusados por varios delitos.
Montanía alegó sobrecarga laboral para reprogramar la diligencia, en la que debía resolverse si la causa pasa o no a juicio oral y público. Tuma y demás están acusados por presuntos hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en una causa vinculada a la supuesta transferencia irregular de bienes que habrían buscado evitar su eventual comiso en el marco del caso “Pavo Real”.
Según la Fiscalía, Alexandre Rodrigues Gomes transfirió cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos de su propiedad, mediante la presunta alteración de datos registrales. Con estas operaciones, habría evadido medidas cautelares dictadas en su contra y buscado impedir el eventual comiso especial de bienes provenientes de hechos de narcotráfico y asociación criminal.
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La investigación también atribuye responsabilidad a las dos escribanas que confeccionaron las escrituras de transferencia. Según los fiscales, habrían dejado constancias falsas sobre determinados hechos en los documentos, a solicitud de Rodrigues Gomes.
Con relación al abogado Óscar Tuma, la acusación sostiene que recibió mediante transferencia cuatro inmuebles individualizados como pago de honorarios profesionales. Para el Ministerio Público, el profesional del derecho habría actuado con conocimiento de que Rodrigues Gomes estaba inhibido y, por tanto, impedido de transferir sus propiedades.
La Fiscalía considera que estas operaciones habrían impedido que los inmuebles fueran incorporados a la nómina de bienes sujetos a decomiso por parte del Estado paraguayo.
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