Se suspendió el inicio del juicio oral y público para Stiben Patrón, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez Jara y Rubén Moisés Galeano Cáceres, acusados por la fabricación de bombas molotov dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La audiencia oral se pospuso debido a que el abogado Cristian González, defensor del acusado Luis Osvaldo Sánchez, presentó una excepción de inconstitucionalidad contra la resolución que confirmó al tribunal de sentencia, integrado por los jueces Inés Galarza, Olga Ruiz y Víctor Medina. Ahora será la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial la que deberá estudiar si corresponde hacer lugar al planteamiento de la defensa o rechazarlo.
Para la Fiscalía, los imputados supuestamente fabricaron bombas molotov en la sede del Directorio del PLRA el 31 de marzo del 2017. Los artefactos aparentemente fueron utilizados para incendiar el Congreso Nacional. Según refiere la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían ingresado a la sede del mencionado partido con varias botellas que contenían líquidos inflamables de color rosado, que serían querosén o alcohol, en algunos casos con mechas, en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017. Las bombas caseras habrían sido distribuidas en el interior del establecimiento, de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado a las que accedió la Policía Nacional.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Suspenden inicio de juicio oral del senador Erico Galeano
Debido a la asunción de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada como nuevos defensores del senador Erico Galeano, acusado por lavado de dinero, se suspendió el inicio del juicio oral y público para el parlamentario.
El tribunal se sentencia, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, pospuso para el lunes la audiencia oral, pero los nuevos defensores volvieron a cuestionar la nueva fecha y apelaron dicha determinación, por lo que el expediente va a ir a la cámara de apelación.
“Una inconsistencia con mi abogado anterior, diferencia de criterios nada más y ahí están los cambios. Mucho tiempo que ya estábamos con el equipo jurídico de Cristóbal (Cáceres Frutos) y un poco desgaste por el camino, tuvimos diferencia que se fueron acrecentando con el tiempo y bueno tuvimos que romper relaciones”, dijo Galeano al abandonar el Poder Judicial.
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Esta es la tercera vez que se posterga el inicio del juicio oral al legislador acusado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la causa A Ultranza Py.
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta habían sostenido al momento de presentar la acusación que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, no es casualidad como se pretendió instalar.
De acuerdo a la investigación, el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave.
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Vínculo narco: Corte rechazó chicana de Giuzzio y se destraba el caso
Una vez más la sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una nueva chicana presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado, por sus supuestos vínculos con el sindicado narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Giuzzio paralizó el normal desarrollo del juicio oral recusando a los jueces de sentencia Adriana Planas y Ubaldo Matías Garcete. El expediente subió al tribunal de apelación donde Giuzzio a su fiel estilo chicanero recusó a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias.
Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes, y la disidencia de Víctor Ríos, rechazaron la recusación contra los dos miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado, mencionados más arriba.
Con la presente resolución de la máxima instancia judicial, los integrantes del tribunal de alzada podrán estudiar la recusación contra los jueces de sentencia, Adriana Planás y Ubaldo Matías Garcete, quienes deben juzgar el caso del exministro del Interior.
Los ministros Martínez Simón y Llanes fueron contundentes en mencionar que “debe recordarse que, el apartamiento de un magistrado solo puede darse cuando se prueba de modo categórico o según posiciones muy sólidas sobre la base de indicios y medios de prueba suficientemente acreditados, pero en este caso no existe tal situación ni pruebas por lo que no existen motivos para poder apartar a los jueces del presente caso”, señala el voto del ministro.
También Llanes fue tajante en señalar que “los motivos aducidos por el recusante carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que del análisis de las constancias de autos se advierte la inexistencia del aval probatorio que demuestre la supuesta opinión, dictamen, pre juzgamiento de los recusados y ante la inexistencia de motivos corresponde rechazar la recusación”, indica el voto de la ministra.
Vínculo con otro supuesto narco
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, al inicio del juicio oral, que se incluyan como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado ante los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, para la provisión de servicios y equipamientos a la Policía Nacional.
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Ratifican juicio oral por millonario desvío para exintendente de Lambaré
El tribunal de apelación ratificó que el exintendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), enfrentará juicio oral y público por un supuesto desvió de G. 7.315.878.567, que en su momento fueron descontados a funcionarios de la Municipalidad, pero nunca fueron depositados a la Caja de Jubilaciones.
El proceso penal tiene relación con un supuesto esquema liderado por el exjefe comunal, que consistía en que la Dirección de Talento Humano preparaba las planillas de pago y descuentos de los funcionarios permanentes, remitiéndolas posteriormente al Departamento de Contabilidad, donde nunca se preparaba la orden de pago, aunque el descuento sí se realizaba a los funcionarios.
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Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado. Una vez que se tenga a los jueces que van a juzgar al exjefe comunal, deberá fijarse la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal luego de realizarse la audiencia preliminar donde la Fiscalía se ratificó en su acusación y por ende el magistrado elevó a juicio la causa.