Varias cabezas de ganado de la estancia de Conrado Ramón Insfrán, uno de los detenidos en el marco del operativo A Ultranza Py, llamativamente fueron encontradas en otro establecimiento en San Pedro. No se descarta que las mismas hayan sido robadas por abigeos.
El fiscal Florencio Pereira comentó a la 780 AM que realizaron un trabajo de investigación con apoyo de la Brigada Antiabigeato de la Policía Nacional y uniformados de la zona norte ante una serie de denuncias de abigeato.
Fue en el marco de este proceso investigativo que llegaron hasta una propiedad ubicada en la compañía Cañada de Lourdes de San Pedro, sitio en el que hallaron algunas cabezas de ganado vacuno presuntamente robadas de otra estancia.
Al hacer la inspección de las marcas que tenían sellados ciertos ejemplares, se percataron de que eran idénticas en algunos casos a los de la propiedad de Conrado Ramón Insfrán, ubicada en la zona de 25 de Diciembre.
Cabe recordar que dicho establecimiento ganadero había sido allanado por la Senad y el Ministerio Público en febrero pasado en el marco del operativo A Ultranza Py. Conrado Insfrán es sindicado junto a su hermano, el pastor José Insfrán, de ser integrantes de una organización dedicada al tráfico de drogas internacional, según los investigadores.
Pereira indicó que sospechan que estas cabezas de ganadero pudieron haber sido robadas de la estancia de Insfrán, actualmente administrada por la Senabico, aunque todavía deben hacer más averiguaciones para confirmar o descartar tal hipótesis.
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San Pedro: comisario brindó detalles del frustrado asalto a transportadora de caudales
El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación Criminal, proporcionó detalles del frustrado ataque a una transportadora de caudales ocurrido en la mañana del miércoles entre Yataity del Norte y Santaní, donde un grupo de delincuentes fuertemente armados intentó interceptar el vehículo.
El alto jefe policial mencionó que presuntamente la banda utilizó cuatro vehículos para perpetrar el hecho, uno de ellos fue incendiado con la intención de dificultar la reacción policial, indicó.
“Tenemos identificados cuatro vehículos, de los cuales, incineraron uno a los efectos de evitar la reacción rápida de efectivos de prevención de Santaní”, informó en declaraciones a la 1020 AM.
Asimismo, señaló que durante los procedimientos realizados por los intervinientes, hallaron clavos Miguelito, además de un presunto artefacto explosivo con un teléfono celular adherido y otros elementos que habrían sido preparados para abrir el blindado.
Por otro lado, comentó que el conductor de la transportadora logró escapar del ataque y refugiarse en la comisaría de Yataity del Norte.
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El camión blindado perteneciente a la empresa Yrendague Sociedad Anónima fue atacado a tiros entre las 10:45 y las 11:00, en el kilómetro 310 de la ruta PY08, en inmediaciones de la compañía María Auxiliadora de Yataity del Norte.
“Es un tramo entre Santaní y Yataity, un lugar donde no hay señal. Los criminales aprovecharon cuando el vehículo se acercaba al peaje. Empezaron a atacar y a rodear con vehículos de alta gama”, precisó el uniformado.
Uno de los vehículos involucrados es una camioneta Toyota Fortuner, donde los intervinientes hallaron numerosas evidencias. “En el interior se observó en un recipiente clavos Miguelito, un artefacto bien envuelto y pegado por un celular que creemos sería un artefacto explosivo, también una batería con cables que creemos iban a ser utilizados a los efectos de abrir la transportadora de caudales”, indicó Espinoza.
Resaltó que el camión transportador fue atacado con armas de grueso calibre. Sin embargo, el blindado no fue perforado. Tampoco hubo heridos. Pese al ataque, el chofer no se entregó. “Aminoró la marcha, trató de evadir, chocando por una de las camionetas, retrocedió y agarró el patio de la comisaría de Yataity”, puntualizó.
Ante esta situación, personal preventivo llega hasta el lugar donde ocurrió el ataque. “Encontraron el vehículo incinerado y algunas personas que observaron la situación”, subrayó.
Entonces, empezaron a rastrear la huida de los delincuentes. “Llegaron hasta un establecimiento rural donde encontraron dos vehículos más abandonados, una Toyota Noah y una furgoneta que ya fue utilizada en otro evento según filmaciones”, manifestó el comisario.
Posteriormente, se procedió a la apertura de la transportadora en presencia de agentes del Ministerio Público, de Delitos Económicos, de Investigación y Criminalística.
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Violento intento de asalto a un camión transportador de caudales en la Ruta PY08
Varios delincuentes perpetraron un fallido asalto contra un camión transportador de caudales sobre la Ruta PY08, en el departamento de San Pedro. Los autores del hecho se dieron a la fuga sin poder llevarse dinero.
El caso se registró en horas de la mañana de este miércoles contra un camión blindado perteneciente a la empresa Yrendague, a la altura del kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora de Yataity del Norte. El grupo comando estuvo integrado por aproximadamente 10 a 15 personas fuertemente armadas que se desplazaban en seis rodados. Los criminales interceptaron al transportador de caudales e intentaron obligar a sus ocupantes a detenerse en el camino.
Tras percatarse de lo que estaba sucediendo, el conductor decidió acelerar la marcha y emprender una rauda huida, dirigiéndose hasta la sede de la Comisaría 15ª de Yataity del Norte para buscar refugio. Al no poder lograr su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de dos camionetas: una Toyota Fortuner y una Nissan Terrano.
Luego, los criminales incineraron un automóvil Toyota Allion en inmediaciones del peaje de Tacurú y abandonaron un furgón Toyota Noah, ambos utilizados en este frustrado golpe. En su huida, también arrojaron clavos “miguelito” sobre la ruta con el propósito de evitar ser perseguidos por las patrulleras de la Policía Nacional. Los dos funcionarios de la empresa de seguridad, identificados como César González y Alfonso Flores Quiñonez, resultaron ilesos, ya que las balas disparadas por los asaltantes no lograron traspasar el blindaje del vehículo.
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Dos años preso por presunta confusión: esposa de pastor denuncia error judicial y reclama su libertad
Lo que comenzó como un viaje familiar de fin de año terminó convirtiéndose, según denuncia su esposa, en una pesadilla judicial que mantiene desde hace más de dos años privado de libertad a un pastor evangélico, recluido en la Penitenciaría de Emboscada tras haber sido vinculado a un crimen ocurrido a cientos de kilómetros del lugar donde, asegura su familia, se encontraba al momento de los hechos.
La historia de Dionisio Vera Rojas volvió a cobrar notoriedad luego de que su esposa Priscila de Vera brindara una extensa entrevista televisiva a C9N en la que sostuvo que el religioso fue detenido y procesado a partir de una presunta confusión de identidad y de un señalamiento que, según afirmó, nunca fue corroborado con otras evidencias.
“El 28 de diciembre de 2023 viajamos con toda la familia a Santa Rosa del Aguaray, donde viven mis padres”, relató la mujer. Según su versión, el 30 de diciembre, fecha en que ocurrió el crimen por el cual posteriormente fue imputado su esposo, la familia pasó toda la jornada en el departamento de San Pedro, a unos 300 o 400 kilómetros de San Lorenzo, escenario del homicidio investigado.
La esposa del pastor aseguró que existen fotografías y videos que ubican a Dionisio Vera en Santa Rosa del Aguaray durante todo ese día. Explicó que, en horas de la mañana, el hombre participó en compras familiares y posteriormente colaboró con trabajos de albañilería en la vivienda de un cuñado.
“Tenemos fotos de él revocando la casa de mi hermano. Más tarde volvió, se bañó y después fuimos juntos a la iglesia”, sostuvo.
De acuerdo con su relato, la familia asistió a un culto religioso que se desarrolló entre las 19:00 y las 21:00, actividad de la que también existen registros audiovisuales. “Hay fotos y videos donde aparecemos cantando juntos. Incluso yo le invité a pasar al frente y cantamos una alabanza. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a esa misma hora él estaba en San Lorenzo”, expresó.
La mujer calificó esa hipótesis como “imposible”, argumentando la distancia geográfica y el intenso movimiento vehicular característico de las fechas de fin de año.
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Detención desencadenó “calvario”
Según relató, la situación dio un giro dramático seis meses después, cuando el pastor fue detenido durante un control policial rutinario en la zona de Encarnación, mientras regresaban del hospital junto a uno de sus hijos, quien había permanecido internado por neumonía.
“Nos detuvieron en un control. Primero le dijeron que tenía un problema relacionado con prestación alimentaria. Yo les dije que eso era imposible. Después manifestaron que debía acompañarlos por otro caso y ahí comenzó nuestro calvario”, recordó.
La mujer aseguró que recién posteriormente tomaron conocimiento de que el pastor era buscado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo.
Identificación basada en un nombre
Según la denuncia formulada por la familia, la imputación se habría sustentado principalmente en la declaración de otro procesado, identificado como Sergio Antonio Campo Vega, quien habría mencionado a un supuesto “Dionisio Vera” como autor del crimen.
“Mi esposo se llama Dionisio Vera Rojas. Ellos hablan de un tal Dionisio Vera. Se basaron en lo que dijo una persona detenida y en la identificación que, supuestamente, realizó a partir de una fotografía”, afirmó.
La esposa del pastor cuestionó además la existencia de imágenes de circuito cerrado correspondientes al crimen investigado, señalando que, a su criterio, la persona captada no guarda semejanza física con su marido.
“El hombre que aparece en las imágenes es alto y delgado. Mi esposo es de contextura diferente. Incluso la vestimenta no coincide. Él jamás usa ese tipo de pantalones”, sostuvo.
Dos años de prisión
La mujer describió los últimos dos años como un período marcado por el sufrimiento y la incertidumbre para toda la familia.
Durante ese tiempo, aseguró, el padre del pastor falleció tras sufrir un profundo deterioro emocional provocado por el encarcelamiento de su hijo.
“Mi suegro luchó mucho para demostrar la inocencia de su hijo. Trabajaba en el campo, era una persona sana, sin enfermedades. Esta situación le afectó profundamente. Lloraba mucho y, después de cinco meses de tanta preocupación, sufrió un infarto y falleció”, relató entre lágrimas.
Actualmente, la familia aguarda una audiencia que considera decisiva para presentar las evidencias que, según sostiene, demostrarían que Dionisio Vera Rojas se encontraba a cientos de kilómetros del lugar del crimen cuando ocurrió el hecho que hoy lo mantiene privado de libertad.
Mientras tanto, la esposa del pastor insiste en una sola petición: que la Justicia revise el caso.
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García Troche seguirá recluida en Emboscada en espera de su audiencia preliminar en agosto
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.
La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.
Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.
El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.