El Tribunal de Apela­ción dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audien­cia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asocia­ción criminal, en la causa de presunta corrupción munici­pal por la compra de alimen­tos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preli­minar pendiente por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

El equipo de fiscales inte­grado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favore­cidas durante la pandemia del covid-19, por la administra­ción del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denomi­nada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una lici­tación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al pro­grama “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justa­mente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusa­ción por la existencia de un perjuicio patrimonial bas­tante importante”, refirió.

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciu­dad del Este, construido por Prieto durante la crisis sani­taria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefac­turación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impul­sado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impul­sada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peri­tos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló sobre la inversión que está realizando el Gobierno en materia de seguridad, en este sentido, el secretario de Estado manifestó que para esta institución, es clave la adquisición de equipos tecnológicos de modo a poder cumplir con sus funciones con mayor eficiencia.

“Para nosotros es necesario y primordial que contemos con esos equipos de tecnología por el simple hecho de que cuando nosotros asumimos en la Senad, nos dejaron un presupuesto cero en tecnología, entonces es un poco complicado, pero aun así estamos sacando resultados extraordinarios. Lo que quiero es que la Senad tenga esos equipos para mejorar aún más esos resultados, es indispensable para nosotros, para nuestras investigaciones y para trabajos de inteligencia”, explicó a la 650 AM.

Asimismo, recalcó que hubo una mala intención de parte de actores políticos en afirmar que estos equipos iban a estar dedicados al espionaje. Rachid dejó en claro que estos equipos que van a ser adquiridos pasarán por todos los procesos legales establecidos para las compras públicas y pasarán a formar parte del patrimonio del Estado para su lucha contra el narcotráfico.

Lea también: Concejal de Luque organiza jornada de atención integral

“Hay una mala intención al informar que son equipos de espionaje porque no lo son, son equipos de tecnología que nos van a ayudar a nosotros en el día a día, nos va a facilitar las cosas en muchísimos aspectos, entonces es algo necesario porque lo que queremos es seguir mejorando permanentemente”, expresó.

El ministro indicó que la Senad ya ha avanzado en la compra de otros equipamientos tecnológicos, como un drone táctico que tiene una capacidad de vuelo de hasta 180 minutos, dispositivo sumamente útil para sus procedimientos. Rachid enfatizó la necesidad de una inversión importante en tecnología, puesto que las estructuras criminales manejan grandes caudales de dinero y las instituciones de seguridad necesitan actualizarse de forma permanente.

En esta línea, celebró la reciente inversión del Gobierno en la Policía Nacional, puesto que es una institución con la que realizan operativos en conjunto de forma permanente. “Todo aquello que represente una inversión, más todavía en cuestiones de seguridad para nosotros es importante, tenemos bien clara la película de lo que el presidente quiere ni bien asumimos, nos dijo que trabajemos todos en equipo y estamos demostrando eso”, afirmó.

Le puede interesar: Pensión adultos mayores: en el 2028 alcanzaría a toda la población beneficiaria

El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

Siga informado: “Poco serio”, ministro de la Senad cuestiona debate sobre legalización de la marihuana

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, anunció este miércoles la imposición de cuantiosas multas por valor de centenas de millones de euros a Apple y Meta, una iniciativa susceptible de desatar la furia del gobierno estadounidense.

Apple recibió una multa de 500 millones de euros (unos 570 millones de dólares) y Meta (matriz de Facebook e Instagram) una sanción por 200 millones de euros (casi USD 230 millones), por vulneración de las normas vigentes sobre competencia.

Leé también: La “familia” vaticana rindió un emotivo homenaje al papa Francisco

Se trata de las primeras multas aplicadas por la Comisión bajo la ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés), que entró en vigor al año pasado y que exige a los gigantes del sector adaptarse a las normas europeas sobre competencia.

La Comisión advirtió que las multas podría aumentar en caso de que Apple y Meta no inicien su adaptación en un plazo de 60 días. Desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca, la DMA y la ley que la acompaña, sobre Servicios Digitales (DSA), se convirtieron en blanco de duras críticas por parte del gobierno estadounidense.

Las autoridades en Washington sostienen que la normativa constituye una “barrera no arancelaria” que afecta de forma desproporcionada a las empresas estadounidenses.

En el comunicado en que anunció las multas, la comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, afirmó que las sanciones son “un mensaje fuerte y claro”, aunque apuntó que las medidas son “firmes pero equilibradas”.

Te puede interesar: Colombia: Petro impulsa consulta popular sobre reforma laboral

En este caso específico, Apple es acusada de limitar la capacidad de operación de desarrolladores de aplicaciones alternativas, quienes no pueden ofrecer precios menores. En tanto, Meta fue multada por el modelo de privacidad impuesto a sus usuarios, que deben autorizar el uso de la información que proporcionan o deben pagar una tarifa, un sistema que la Comisión consideró que “no se ajusta a la DMA”.

En un comunicado, Apple adelantó que apelará la multa. Por su parte, Meta acusó a la UE de buscar “perjudicar a las empresas estadounidenses exitosas, aunque permite a las empresas chinas y europeas operar bajo diferentes estándares”.

Fuente: AFP