El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.

La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.

El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.

En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).

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El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).

Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.

Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.

Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).

El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).

En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.

El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.

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La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.

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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.

El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.

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La pavimentación de la ruta PY12 genera expectativas entre los pobladores del Chaco, que ven en la mejora de la conectividad una oportunidad para impulsar el movimiento económico y desarrollar nuevos emprendimientos. Inés Acosta, quien vive hace 40 años en la zona, destacó los cambios que representa la obra para las comunidades.

“Yo digo que nos beneficia porque cuando se termine va a venir mucha más gente”, expresó al recordar los años en que Chaco’i, hoy Nueva Asunción, contaba apenas con un camino de tierra. Para la pobladora, la nueva infraestructura permitirá mejorar el acceso y abrir posibilidades para las familias que buscan generar ingresos.

Las expectativas también están vinculadas al desarrollo de pequeños negocios y actividades productivas. “Teniendo una ruta, la familia progresa”, resumió uno de los vecinos que impulsa un emprendimiento en la zona. Acosta, por su parte, resaltó la satisfacción de los habitantes ante los avances del proyecto y la amplitud que tendrá la carretera.

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El impacto de la obra también alcanza a quienes participan de su construcción. Basilia Concepción, trabajadora vial desde hace tres años, señaló que su incorporación al proyecto le permitió mejorar su situación económica y contribuir al sostenimiento de su familia.

“Esta empresa me ayudó. Económicamente te ayuda súper bien”, comentó. La trabajadora, que vive en San Juan y visita mensualmente a su hijo, también valoró las oportunidades que se abren para la población de Falcón.

La ruta PY12 comprende 166 kilómetros de habilitación y mantenimiento, distribuidos en cuatro lotes, con trabajos destinados a mejorar la transitabilidad y fortalecer la conexión entre comunidades y zonas productivas del Chaco.

Además de facilitar el desplazamiento, el proyecto representa una oportunidad para dinamizar la economía local y generar nuevas perspectivas de desarrollo para los habitantes de la región.

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Tras el allanamiento de una vivienda en Filadelfia, departamento de Boquerón, que busca esclarecer el paradero de Khael Valdez, la Fiscalía confirmó que los artículos infantiles hallados no son del menor, según el reconocimiento hecho por la madre. Las autoridades tienen como principal línea investigativa la hipótesis de que el niño habría sido raptado.

Según el fiscal Lucrecio Cabrera, en principio Wilfrida Valdez Dávalos, madre del niño, no se mostraba colaborativa en el caso, pero que en las últimas horas comenzó a hablar y que dio la ubicación de quien sería el padre biológico de Khael. La vivienda del hombre fue allanada donde se incautaron varias evidencias y se detuvo a Daniel Caballero, de 41 años.

“Colaboró la madre en darnos el lugar donde vive el supuesto padre del niño y ayer al allanar demoramos al hombre y encontramos algunas evidencias, que al hacer el reconocimiento la madre niega que pertenezca el zapatito a la criatura”, expresó Cabrera, en entrevista con la 1080 AM.

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Descartó que estos objetos pertenezcan a Khael, en tanto la hipótesis más fuerte es que el menor haya sido raptado por terceros de la estancia donde se encontraba con su madre. Así también, tienen una notebook y un aparato celular perteneciente al presunto padre que serán sometidos a análisis.

“El hombre que es un ingeniero agrónomo y negó tener participación en la desaparición, además, dice que no es el padre de la criatura. Alegó que los objetos pertenecen al hijo de un amigo a quien le prestó la camioneta y la camioneta también fue incautada para concertar las investigaciones”, manifestó.

Afirmó que la madre siempre da la misma versión de que su hijo solo salió para buscar huevos que es la tarea que siempre hace y lo lleva de forma individual a su madre, pero el día de su desaparición ya no escuchó. “Todos actualmente están bajo sospecha e investigación”, puntualizó.

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