La jueza contra el Crimen Organizado, Rosarito Montanía, definirá si decreta la prisión preventiva de las siete personas detenidas e imputadas por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo denominado A ultranza Py que desbarató a un grupo de personas dedicadas a lavar dinero producto del narcotráfico. El Ministerio Público solicitó en su acta de imputación la prisión preventiva de todos los imputados.
Los imputados son Masi Job Von Zastrow, Luis Fernando Sebriano, Alberto Koube, Liz Taboada, María Noelia Colmán, Fátima Koube, Miguel Insfrán y Conrado Insfrán. La diligencia judicial se desarrolló en la sala de juicio oral del Palacio de Justicia. Todos los procesados están siendo asistidos por profesionales abogados.
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La operación A ultranza Py, uno de los mayores operativos en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero, donde se realizó varios allanamientos con la incautación de bienes por valor de US$ 100 millones y la imputación de 24 personas.
Los procedimientos contaron con el acompañamiento especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Peña y Carvallo deben presentarse hoy ante la Fiscalía
El expresidente de la República, Santiago Peña, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, deberán presentarse este sábado ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria, en el marco de la investigación penal abierta por las presuntas irregularidades vinculadas al caso ueno bank. Será en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
De acuerdo con los horarios establecidos, Peña deberá comparecer a las 11:30, mientras que Carvallo tiene fijada su presentación para las 15:30. Ambos se encuentran alcanzados por una orden fiscal de detención dispuesta el viernes 6 de noviembre, dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
La investigación está a cargo de un equipo de agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos Informáticos. La causa busca esclarecer las presuntas responsabilidades de autoridades y exautoridades en las operaciones de ueno bank, los mecanismos de supervisión del sistema financiero y la colocación de fondos públicos en la entidad.
Como antecedente, el Ministerio Público había anunciado el jueves 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con las denuncias sobre el funcionamiento del banco, la supervisión ejercida por el BCP y los recursos estatales depositados en la entidad. Entre las denuncias también se incorporaron cuestionamientos sobre las actuaciones de autoridades del Gobierno y del ente regulador.
El escándalo de ueno derivó en la renuncia de Peña, presentada el jueves, que no fue aceptada por el Congreso Nacional. Posteriormente, el Senado avanzó con el juicio político y resolvió su destitución el viernes, por mal desempeño de funciones. Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.
Horas después de conocerse la destitución, la Fiscalía anunció la imputación de Peña y ordenó su detención, al igual que la de Carvallo, en el marco de las investigaciones por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. De esta manera, las comparecencias previstas para este sábado constituyen un nuevo capítulo en la investigación judicial. Tras su audiencia, sabremos si declararon o se abstuvieron.
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Caso ueno bank: 15 años de cárcel es la pena máxima a la que se exponen directivos
Los directivos imputados en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en ueno bank se exponen a una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo con los delitos atribuidos por el Ministerio Público. La cifra surge de la aplicación de las reglas del concurso de hechos punibles, según la explicación de la expectativa de pena para la causa.
Entre los hechos punibles imputados figuran la conducta indebida en situaciones de crisis, que contempla una expectativa de hasta 10 años de prisión; lesión de confianza, que en su modalidad grave también puede alcanzar los 10 años; tentativa de estafa, con una expectativa de hasta 5 años, y violación de llevar libros de comercio, igualmente con una pena de hasta 5 años.
Al aplicarse las reglas del concurso de hechos punibles, la expectativa máxima inicial sería de 15 años de cárcel. Esto se explica porque se toma como base la pena más elevada, de 10 años, y se puede incrementar hasta la mitad de ese máximo, es decir, 5 años adicionales.
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Trasladados a prisión
Este viernes, Miguel Vázquez, CEO del extinto ueno bank y presidente del holding Grupo Vázquez, ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú), donde deberá cumplir prisión preventiva por disposición judicial, en el marco de la causa.
Asimismo, fueron trasladados otros directivos de la entidad bancaria: Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey, Diego Fernando Duarte y Alejandro Gómez Abente, quienes también quedaron a disposición del sistema penitenciario.
Por su parte, Miguel Ángel Almada Frutos será recluido en la Penitenciaría Padre Juan de la Vega, ubicada en Emboscada. La investigación fiscal busca determinar las responsabilidades de los directivos en los hechos atribuidos a la administración de la entidad bancaria. La prisión preventiva dispuesta por la Justicia no implica una declaración de culpabilidad.
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Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue hecha este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
El pedido comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A., ITTI S.A.E.C.A. y otras empresas.
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La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digital dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota.
El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias investigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.
En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelos González y Miguel Ángel Almada.