A ultranza Py: jueza decidirá si decreta la prisión de imputados por narcotráfico y lavado de dinero
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La jueza contra el Crimen Organizado, Rosarito Montanía, definirá si decreta la prisión preventiva de las siete personas detenidas e imputadas por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo denominado A ultranza Py que desbarató a un grupo de personas dedicadas a lavar dinero producto del narcotráfico. El Ministerio Público solicitó en su acta de imputación la prisión preventiva de todos los imputados.
Los imputados son Masi Job Von Zastrow, Luis Fernando Sebriano, Alberto Koube, Liz Taboada, María Noelia Colmán, Fátima Koube, Miguel Insfrán y Conrado Insfrán. La diligencia judicial se desarrolló en la sala de juicio oral del Palacio de Justicia. Todos los procesados están siendo asistidos por profesionales abogados.
La operación A ultranza Py, uno de los mayores operativos en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero, donde se realizó varios allanamientos con la incautación de bienes por valor de US$ 100 millones y la imputación de 24 personas.
Los procedimientos contaron con el acompañamiento especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
Miembros de las fuerzas armadas participan en un desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia en Bogotá, el 20 de julio de 2026. Foto: Luis Acosta/AFP
Ecuador y Colombia aguardan que asuma Espriella para lanzar ofensiva contra el narcotráfico
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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.
“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.
“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.
En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.
El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.
El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.
Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
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La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
El curso tuvo como objetivo el fortalecimiento de los conocimientos en investigación criminal, análisis de riesgo e interdicción del tráfico ilícito de drogas en los ámbitos fluvial, portuario y logístico. Foto: Gentileza
La Senad y la OEA se alían para frenar el narcotráfico en las hidrovías estratégicas
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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), desarrollaron un curso de capacitación para agentes especiales y representantes de la Prefectura Naval de la Armada Paraguaya.
El curso, denominado “Investigación e Interdicción del Tráfico Ilícito de Drogas por Vía Fluvial”, tuvo como objetivo el fortalecimiento de los conocimientos en investigación criminal, análisis de riesgo e interdicción del tráfico ilícito de drogas en los ámbitos fluvial, portuario y logístico.
La capacitación se realizó del 6 al 10 de julio y reunió a 25 agentes especiales de la Senad y 5 representantes de la Prefectura General Naval de la Armada Paraguaya.
La entrega de certificados se llevó adelante este viernes en el salón auditorio de la institución antidrogas.
Como parte del programa académico, los participantes realizaron una jornada práctica en las instalaciones del Puerto Terport de Villeta, donde aplicaron técnicas de inspección de cargas y contenedores, identificación de perfiles de riesgo y procedimientos de control orientados a detectar modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para el tráfico de drogas a través de la cadena logística.
Durante la ceremonia de clausura, las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional y del fortalecimiento permanente de las capacidades técnicas y operativas para enfrentar las nuevas dinámicas del narcotráfico, especialmente en las rutas fluviales, que representan un eje estratégico para el comercio regional.
Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Senad y de la CICAD/OEA con el desarrollo de capacidades especializadas, promoviendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado transnacional.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.