El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar el enjuiciamiento sin suspensión de cuatro jueces de primera instancia de todo el país tras existir indicios de mal desempeño en sus funciones. Con la determinación adoptada por los integrantes del JEM, los jueces enjuiciados seguirán en sus cargos a la resulta de la presente investigación.
Los magistrados enjuiciados son: Blas Salvador Zorrilla, juez penal de Itapúa; Josefina Gunsett Melgarejo, jueza de primera instancia de Katuete; Ramón Alberto Florentín, juez de primera instancia de Curuguaty; y la jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho.
El JEM designó a los fiscales acusadores que van a seguir investigando, y dentro del plazo correspondiente se tendrá que presentar el requerimiento final; es decir, si amerita la destitución o alguna sanción para los magistrados enjuiciados. Asimismo, si no se encuentra ninguna irregularidad en la actuación de los jueces, se tendrá que solicitar la absolución de los mismos.
Participaron de la sesión del JEM Jorge Bogarín Alfonzo, actual presidente de dicho órgano; así como los demás integrantes: Mónica Seifart, Rodrigo Blanco, Enrique Bacchetta, Hernán Rivas, Fernando Silva Facetti, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.
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Senado convoca a sesión a las 19:30 para tratar libelo acusatorio contra Peña
La Cámara de Senadores convoca a sesión extraordinaria para las 19:30, para dar continuidad al segundo paso del juicio político contra Santiago Peña, aprobado este jueves por Diputados. Inicialmente esta convocatoria estaba fijada para las 17:00 pero coincidió con la sesión bicameral para estudiar la renuncia que fue levantada tras comprobarse la falta de quórum.
Esto también fue confirmado por el diputado Raúl Latorre, en conversación con los medios de comunicación. “Queremos hacer un anuncio puntual con todos los colegas, no ha prosperado la aceptación de la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña. Lo que va pasar a continuación es que se va dar continuidad al proceso del juicio político. El siguiente estadio es su juzgamiento en la Cámara de Senadores, que va tener la participación de los diputados seleccionados en condición de fiscales abusadores”, sostuvo.
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Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político contra Santiago Peña.
Inmediatamente un grupo de congresistas de la oposición presentó una nota formal al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, solicitando la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar como único punto el juicio político al presidente Santiago Peña.
La nota, firmada por los senadores Éver Villalba, Rubén Velázquez, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Yolanda Paredes y Hermelinda Alvarenga de Ortega, entre otros, invoca las facultades constitucionales del cuerpo legislativo.
Los firmantes piden que se adopten las medidas institucionales correspondientes para que el Congreso ejerza plenamente sus atribuciones ante el pedido de juicio político aprobado en la Cámara Baja.
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Consejo del Registro Electoral analizó inscripción en el RCP
Los miembros del Consejo del Registro Electoral evaluaron este miércoles en sesión ordinaria el tema de la inscripción y actualización de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP). Se analizó la inclusión de jóvenes beneficiarios de la Ley N° 7443/24 de Inscripción Automática a quienes no se les asignó un local de votación con miras a las próximas elecciones.
Así también, recordaron que el 30 de diciembre de 2026 vence el plazo para nueva inscripción, traslado y actualización de domicilio. Este procedimiento se realiza como parte del calendario del Registro Electoral para cada año y según el Art. 130 del Código Electoral. Sobre el punto se mencionó la vigencia de las resoluciones 81 y 87 del Año 2025, que prevé dicho trámite conforme a lo que establece la Ley.
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Se aclara que esta tarea está a cargo de los funcionarios de los Registros Electorales y Centros Cívicos de todo el país. Así también, se analizaron los datos de la cantidad de electores jóvenes que acceden al RCP de forma automática al cumplir 18 años, pero que, en los casos excepcionales, aún no cuentan con local de votación asignado.
Las autoridades destacaron que existe un esfuerzo conjunto reciente entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para que instruya como requisito obligatorio al momento de cargar datos, mínimamente el departamento y distrito. Esto con el propósito de asignar un local de votación específico al elector.
Participaron de la reunión, el director y vicedirector del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti y Adalberto Morínigo, respectivamente. Igualmente asistieron los miembros del Consejo del Registro Electoral, Gino Venzano y José Miguel Guggiari; el director y el coordinador de Actualización y Depuración del RCP, César Sánchez y Ariel Almada, además del coordinador de la Dirección General del Registro Electoral, Reinaldo Delvalle.
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Senado analizará 13 puntos en sesión de este miércoles 21 de octubre
En reunión de la mesa directiva y líderes de bancada del Senado se resolvió este lunes la elaboración del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles 21 de octubre que contempla 13 puntos.
Como primer punto figura el estudio de una decena de proyectos de resolución que solicitan informes a distintas instituciones.
Entre ellos se encuentran los pedidos de informes al Registro del Estado Civil (REC), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al Banco Central del Paraguay (BCP), y al Instituto de Previsión Social (IPS).
Así también la lista incluye al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapu), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), la Gobernación de Alto Paraguay y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Se estudiará igualmente un pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Municipalidad de San José de los Arroyos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y la Dirección Nacional de Migraciones.
Así también, se pondrá a consideración del pleno el Mensaje N.º 412 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional por el cual se solicita el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de oficial general de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad con la Constitución Nacional y la Ley N.º 1115/1995.
En otros puntos, se analizará igualmente el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley N.º 1160/1997, Código Penal, y su modificatoria, la Ley Nº 3440/2008”, presentado por varios diputados.
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Bajo la lupa del JEM: acusan a la jueza Cameron por otorgar medidas cautelares irregulares
La jueza Mafalda María Cameron Luque fue acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de sus funciones.
La acusación se relaciona con supuestas irregularidades en la firma y ejecución de medidas cautelares dictadas en el marco de un litigio societario entre las empresas Cargo Line y Cimportex, cuyos representantes legales son los empresarios Juan José Zapag y María Arlette Zapag.
Los acusadores solicitaron al JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.
La acusación se fundamenta en el artículo 14, incisos b y g, de la Ley N.º 6814/21, que contempla el incumplimiento grave de obligaciones legales y constitucionales, así como la manifiesta parcialidad o ignorancia del derecho.
Según el escrito, la magistrada Cameron Luque concedió una medida cautelar que excedía lo solicitado por la parte actora Blas y Nora Zapag, socios de las firmas mencionadas más arriba, sin la debida fundamentación y con vulneraciones de las normas civiles y procesales relativas a la administración de sociedades, la designación de autoridades y la intervención judicial.
Entre los cuestionamientos figura la rapidez con la que se tramitó la medida cautelar. De acuerdo con la acusación, transcurrieron apenas 26 minutos y 41 segundos entre la presentación de la demanda, registrada a las 8:49:01, y la emisión del Auto Interlocutorio N.º 1.392, a las 9:15:42. También se señala que los mandamientos y oficios para ejecutar las medidas fueron firmados a las 9:35, pese a que, según los acusadores, todavía no se había completado la contracautela ofrecida para respaldarlas.
Otro de los puntos cuestionados es el procedimiento realizado en la sede de Cargo Line, donde, según la acusación, habría participado un abogado ajeno al expediente judicial civil, identificado como Fernando Marecos quien fue imputado luego por la Fiscalía por coacción y usurpación de funciones públicas atendiendo a que se tomó atribuciones que no tenia facultad para hacerlo y a su vez coaccionó a un alto funcionario de la mencionada empresa.
Asimismo, los denunciantes objetan que los libros contables y societarios secuestrados fueron entregados en custodia judicial al propio demandante Blas y Nora Zapag, en lugar de quedar bajo responsabilidad del interventor designado por la jueza Cameron.
También la acusación sostiene que la jueza acusada por mal desempeño habría otorgado a una de las partes la calidad de “Directora Titular” sin que ello fuera solicitado en la demanda y en contradicción con los estatutos.
Además, cuestiona que la magistrada declarara inaplicable el régimen legal de sustitución de síndicos previsto en el artículo 1.121 del Código Civil, atribuyendo a esa decisión una invasión de competencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la acusación sostiene que las medidas adoptadas por la jueza Cameron Luque habrían sido desproporcionadas e incluido allanamientos y secuestros de documentos en domicilios particulares de terceros, sin garantías suficientes.
Ante estos hechos, los denunciantes solicitaron al JEM que inicie el enjuiciamiento de la magistrada y, considerando los indicios de presunto mal desempeño de sus funciones, requiera a la Corte Suprema de Justicia su suspensión mientras dure la investigación.
Ahora, los integrantes del JEM deberán estudiar la acusación presentada contra la jueza Cameron Luque y definir si corresponde enjuiciar y solicitar a la máxima instancia judicial la suspensión de sus funciones de la magistrada acusada.