Detienen a funcionario judicial y a dos abogadas por intento de estafa y pedido de coima
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La Policía Nacional y el Ministerio Público procedieron a la detención de un funcionario judicial y dos abogadas tras una denuncia presentada por supuesto pedido de coima, estafa y otros delitos. El fiscal interviniente es Rubén Moreno, quien realizó una entrega vigilada de una suma de dinero a las personas detenidas.
Estas fueron identificadas como las abogadas Gabriela Godoy, Ana Elisa Rodríguez y el que sería funcionario judicial Cristian Borja. Los aprehendidos habrían solicitado la suma de G. 20 millones a una mujer para solucionar el problema judicial de su hijo.
El Ministerio Público recibió la denuncia de la afectada y se inició un operativo en el que se solicitó autorización judicial para proceder a una entrega vigilada que terminó en la detención de las tres personas.
Ahora las mismas deberán decidir si prestan declaración ante el citado agente fiscal interviniente. En caso de no declarar, el representante del Ministerio Público ya puede formular la imputación contra el presunto funcionario judicial y las dos profesionales del derecho.
De acuerdo a la denuncia, una mujer se hacía pasar por actuaria judicial y el otro como funcionario judicial, mientras que la tercera detenida es la abogada de la mujer que ya entregó G. 15 millones para solucionar el problema judicial de su hijo.
Sin embargo, la denunciante descubrió que esta última le estaba mintiendo, cuando se presentó en el juzgado para verificar el expediente y fue grande su sorpresa al constatar que su abogada no presentó ningún escrito en el expediente judicial, por lo que decidió formular la denuncia ante la actitud sospechosa de la profesional y los demás involucrados.
Operativo Morfeo: allanan constructora en Areguá y desbaratan red de estafadores
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Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.
Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.
“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.
Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal para que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados. Foto: NM/Archivo
Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
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En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.
A pesar de contar con pruebas, fiscala pidió sobreseimiento provisional de procesado por estafa
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La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.
La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
Encarnación: investigan supuesta estafa por G. 43 millones en local de cobros
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La Policía Nacional está investigando un presunto hecho de estafa contra una mujer que denunció que debía cobrar más de 40 millones de guaraníes, realizó la transacción, pero no recibió el dinero. En el caso estaría involucrado un funcionario del local de cobros que opera en la ciudad de Encarnación y se presume que habría desviado el dinero.
Según el reporte policial el hecho se registró durante la tarde de ayer miércoles, en un conocido local y que es muy concurrido por personas que reciben dinero del exterior. En este caso la mujer identificada María Mediana debía retirar un total de G. 43 millones, pero que tras realizar la transacción no pudo retirar la suma de dinero y al consultar si tenía algún monto a su nombre no figuraba nada.
“Estaríamos ante un hecho de estafa o desvío de dinero. La mujer llegó a este local que opera con la plataforma Western Union con la intención de retirar ese dinero y fue atendido por un funcionario el retiro fue chequeado, en ese momento no tenía el monto que la mujer debía retirar”, detalló el comisario Hugo Rolón, en entrevista con la corresponsal Rocío Gómez, de Nación Media.
Afirmó que como no tenían el dinero la víctima fue hasta otro local, donde realizaron el mismo protocolo y para la sorpresa de la mujer le dijeron que esa plata ya se había retirado. “En este otro local le manifestaron que ese dinero ya se retiró o que ya se hicieron varias transacciones, por giros, cuenta corrientes y retiro en efectivo”, expresó.
Agregó que se presume que el dinero fue desviado de forma irregular, que podría tratarse de la persona que trabaja en dicho establecimiento, ya que supuestamente habría anotado el código de recepción de dinero y sacado fotos a la cédula de la afectada. Así también, la misma persona que le envió el dinero u otro extraño.
“Estamos esperando que la víctima nos brinde mayores datos para seguir con las investigaciones junto con el Ministerio Público. Ella manifestó que este dinero recibió por parte de un familiar que está en Argentina y que habría vendido su casa”, puntualizó.