Detienen a funcionario judicial y a dos abogadas por intento de estafa y pedido de coima
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La Policía Nacional y el Ministerio Público procedieron a la detención de un funcionario judicial y dos abogadas tras una denuncia presentada por supuesto pedido de coima, estafa y otros delitos. El fiscal interviniente es Rubén Moreno, quien realizó una entrega vigilada de una suma de dinero a las personas detenidas.
Estas fueron identificadas como las abogadas Gabriela Godoy, Ana Elisa Rodríguez y el que sería funcionario judicial Cristian Borja. Los aprehendidos habrían solicitado la suma de G. 20 millones a una mujer para solucionar el problema judicial de su hijo.
El Ministerio Público recibió la denuncia de la afectada y se inició un operativo en el que se solicitó autorización judicial para proceder a una entrega vigilada que terminó en la detención de las tres personas.
Ahora las mismas deberán decidir si prestan declaración ante el citado agente fiscal interviniente. En caso de no declarar, el representante del Ministerio Público ya puede formular la imputación contra el presunto funcionario judicial y las dos profesionales del derecho.
De acuerdo a la denuncia, una mujer se hacía pasar por actuaria judicial y el otro como funcionario judicial, mientras que la tercera detenida es la abogada de la mujer que ya entregó G. 15 millones para solucionar el problema judicial de su hijo.
Sin embargo, la denunciante descubrió que esta última le estaba mintiendo, cuando se presentó en el juzgado para verificar el expediente y fue grande su sorpresa al constatar que su abogada no presentó ningún escrito en el expediente judicial, por lo que decidió formular la denuncia ante la actitud sospechosa de la profesional y los demás involucrados.
Ñemby: Fiscalía allanó vivienda y rescató a un perro víctima de crueldad
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Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público allanó una vivienda en la ciudad de Ñemby y rescató a un perro en terribles condiciones de salud, que pasaba todo el día atado y presentaba graves heridas en todo el cuerpo. Las autoridades abrieron una causa penal contra la propietaria por presunta crueldad animal.
El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Lourdes Bobadilla, quien junto con una comitiva policial y la Dirección de Defensa Animal llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Villa Anita de Ñemby. La intervención se realizó tras una serie de denuncias por las pésimas condiciones en la que se encontraba el perro.
Los técnicos de la dirección de defensa y protección animal se encargaron de inspeccionar al can que presentaba lesiones severas en la piel y los ojos, además, aparentemente estaba bajo de peso. Al llegar al sitio se encontraba atado a la intemperie pese a que la jornada fue bastante lluviosa.
“El animal, un perro mestizo de pelaje marrón, presentaba lesiones en los ojos y en la piel, según la denuncia presentada. Mediante la información proporcionada por los denunciantes se pudo individualizar el inmueble donde se encontraba la mascota”, detallaron en el informe de la Fiscalía.
En el sitio lograron identificar a una persona como la presunta propietaria del animal y la misma será convocada para prestar declaración en el marco de la investigación que quedó abierta por un supuesto hecho de maltrato animal, previsto en la Ley de Protección y Bienestar Animal.
En un hecho de reincidencia, un hombre fue aprehendido por agresión a su pareja. La mujer dijo que en la denuncia anterior se retractó para que el hombre no vaya a prisión. Hoy, lo denunció de nuevo. Foto: Ilustrativa
Aprehensión por violencia familiar: mujer se retractó en un hecho anterior para que el hombre “no vaya a prisión”
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La comisaría 27 del barrio San Francisco de Hernandarias reportó sobre la aprehensión de un hombre denunciado por su pareja por violencia familiar. Ocurrió hoy a las 12:50 en el interior de un inquilinato del barrio San Miguel de Hernandarias.
Fue aprehendido Marco Antonio Bogado (33), quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en dos causas y una por tentativa de hurto en los años 2016, 2017 y 2018 y prohibición de acercamiento a la víctima, una mujer de 43 años, quien fue la denunciante y domiciliada en el lugar del hecho.
Esto indica que, habiendo una prohibición de acercamiento, debido a una denuncia anterior por hechos de violencia familiar, la pareja seguía viviendo junta.
En esta ocasión, la mujer llegó hasta la comisaría y dijo que el hombre la viene maltratando física y psicológicamente; el personal policial acudió a la casa inquilinato y encontró al hombre en la habitación, en estado de ebriedad, y fue privado de su libertad.
La víctima relató que ya existe una denuncia anterior en contra del mismo hombre, pero aclaró que en sede judicial se había retractado con el objetivo de favorecer al denunciadoy evitar que vaya a prisión. Agregó que su pareja le había prometido que cambiaría su conducta. El caso está a cargo de la fiscal Natalia Montanía.
La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
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El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
Las casas fueron distribuidas entre comisiones vecinales y comunidades indígenas de Capitán Bado y Karapaí; las obras forman parte de los programas habitacionales impulsados por el MUVH. Foto: Gentileza
MUVH entrega más de 200 viviendas a familias de Capitán Bado y Karapaí
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El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, desarrolló este viernes una jornada de gobierno en el departamento del Amambay, entregando un total de 216 viviendas a familias de los distritos de Capitán Bado y Karapaí.
El secretario de Estado resaltó que estas nuevas viviendas fueron entregadas en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El ministro Baruja estuvo acompañado por el gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta; los respectivos intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, además de concejales municipales.
Desde el MUVH informaron que en el distrito de Capitán Bado fueron entregadas 65 viviendas a integrantes de la Comisión de Viviendas Populares San José. En Karapaí, otras35 corresponden al Comité Pro Vivienda y 35 al Comité Vecinal de Producción Agrícola San Andrés.
Asimismo, 81 viviendas fueron destinadas a las comunidades indígenas Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty, de ambos distritos. Estas soluciones habitacionales fueron construidas a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se registran 34.850 viviendas entregadas y 46.140 gestionadas en todo el país, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a una vivienda digna.