Los agentes policiales Ramón Vargas y Félix Ayala, imputados por frustración de la ejecución penal, guardarán reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Foto: Gentileza.
Policías que modificaron orden de captura de supuesto narco van a prisión
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El juez penal de garantías Miguel Palacios decretó la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de los policías Ramón Vargas y Félix Ayala, imputados por frustración de la ejecución penal por ingresar al sistema informático de la Policía Nacional en 27 ocasiones y adulterar la orden de captura que contaba el supuesto narcotraficante José Luis Bogado Quevedo, requerido por la justicia del Brasil.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la secretaría del juzgado penal de garantías de la capital. Los uniformados no brindaron ninguna declaración a los medios de prensa.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal a ambos agentes por alterar datos del sistema informático de la Policía Nacional para suspender la orden de captura internacional que pesaba sobre Bogado Quevedo desde el 2018.
Cabe recordar que Bogado Quevedo fue uno de los heridos en el ataque de sicariato que se produjo el domingo 30 de enero en la ciudad de San Bernardino durante un concierto donde varias personas resultaron heridas y se confirmaron dos fallecidos. Bogado Quevedo fue trasladado hasta un sanatorio privado de Asunción, donde saltó la alerta sobre su identidad y su situación judicial.
El ciudadano paraguayo, de 38 años, tiene un proceso de extradición al Brasil, donde es requerido por delitos relacionados al narcotráfico. En todo este tiempo pudo circular con libertad en el país debido a que sus datos, antecedentes y órdenes de captura fueron modificados en el sistema informático de la Policía Nacional. Esta situación saltó a la luz luego de que fuera herido y socorrido en el sanatorio privado, donde quedó detenido hasta que fue dado de alta. Actualmente se encuentra recluido en la Agrupación Especializada.
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual. Foto: Gentileza
Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
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El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
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Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
Decretan prisión en Viñas Cué para exdirector Antidrogas de la Senad
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El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para Hugo Derlis Baptista, exdirector general Antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), imputado por varios delitos en el caso de filtración de información al “Clan Gomes”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El exjefe antidrogas se presentó este viernes en horas de la mañana, acompañado de su abogado, ante la oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, debido a la orden de detención que pesaba en su contra.
Baptista está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía le atribuye haber omitido la investigación de fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, se lo acusa de participar en la facilitación de la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración. Por este mismo caso, el juez Otazú ordenó ayer la prisión de Helga Solís Gomes, sobrina del exdiputado, quien permanecerá en una sede policial antes de ser trasladada a una cárcel de mujeres.
El juez Humberto Otazú decretó la prisión de Helga Solís Gomes, sobrina de Lalo Gomes, imputada por filtrar información de investigaciones sobre narcotráfico. Foto: Archivo
Decretan prisión para sobrina de “Lalo” Gomes por filtrar información
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El juez de Garantías interino, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva de la exasistente fiscal Helga Lizany Solís Gomes, sobrina del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien está imputada por un esquema de filtración de información de procedimientos fiscales en casos de drogas.
La mujer cumplirá la prisión preventiva en el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Trasnacional de la Policía Nacional. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo ante el citado magistrado en el Palacio de Justicia.
Solís Gomes fue asistente fiscal del Ministerio Público entre 2019 y 2023 y, según la imputación, habría actuado como operadora de confianza del denominado “Clan Gomes”, utilizando su posición para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y fiscales, y filtrar información confidencial en beneficio de los integrantes de la organización.
Entre los hechos atribuidos, se menciona que en 2019, durante una causa contra el presunto sicario Kadu Cezar Machado, habría gestionado modificaciones de un acta policial para favorecer la calificación jurídica del hecho y solicitado gestiones para obtener un dictamen pericial favorable. La imputación también señala que Solís Gomes habría realizado gestiones en una causa contra la exfuncionaria del banco BBVA Claudia [apellido omitido] para evitar que Gomes y Alexandre fueran identificados en una investigación por lesión de confianza y estafa bancaria.
Asimismo, en 2021 habría solicitado la intervención de Gomes para obtener la prisión domiciliaria de Jhony Arter Giménez Amarilla y, en 2023, habría direccionado la estrategia procesal en otra causa. En el marco de la Operación Sanctus, ejecutada el 8 de diciembre de 2023, se le atribuye haber filtrado información confidencial del operativo a “Lalo” Gomes y a su hijo Alexandre.